La Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “a reformar la Ley de Protección Jurídica del menor (artículo 12.4), para garantizar que ningún niño, niña o adolescente que tenga documentación acreditativa de su edad sea sometido a un procedimiento de determinación de la edad, de acuerdo con la Ley de Extranjería y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo”.

 

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Ejecutivo central a “reformar el Reglamento de Extranjería (artículo 190), a fin de garantizar la asistencia de un letrado con formación específica de los y las menores no acompañadas/os en el procedimiento de determinación de la edad, desde el momento que llegan a territorio español”.

 

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se emplaza al Gobierno de España a “derogar el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeras/os No Acompañadas/os y elaborar un nuevo Protocolo que coordine las actuaciones de todas las Administraciones, garantizando los derechos de las y los menores de acuerdo con la legislación nacional y la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña de Naciones Unidas”.

 

Asimismo, se conmina al Ejecutivo Foral a “cumplir estrictamente con la reseña y registro de todos los niños y niñas que accedan al territorio nacional, independientemente de que haya dudas o no sobre su edad y de la documentación que porten”.

 

También, se compele al Gobierno de España a “garantizar que, con independencia de la nacionalidad, las Administraciones asumen la tutela ex lege de todas/os las/os menores que se encuentren en situación de desamparo”. Este epígrafe ha contado con el respaldo añadido de UPN. El PPN ha mantenido su voto en contra.

 

Igualmente, se invita al Ejecutivo central a “reformar la Ley de Extranjería y el Reglamento de la Ley de Extranjería, al objeto de otorgar la concesión automática de la autorización de residencia en el momento de la declaración de desamparo del menor de edad. Asegurar la autorización a las y los mayores de 16 años a acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que las españolas y los españoles”.

 

En ese sentido, se solicita al Gobierno de España que “promueva los traslados de los niños y niñas no acompañadas/os que se encuentran en las ciudades de Melilla y Ceuta a la península, siempre que sea de acuerdo a su interés superior y tras ser escuchadas/os, con la correspondiente asignación económica a las comunidades autónomas para garantizar sus derechos y condiciones materiales de vida”.

 

Y, además, se requiere al Ejecutivo que “promueva programas de seguimiento y apoyo al desarrollo de estas/os menores una vez alcanzan la mayoría de edad, que incluyan la garantía de acceso a la atención sanitaria, a los programas de garantía juvenil y formación para el empleo”.

 

Por otra parte, se compele al Gobierno de España a “reforzar las políticas de reasentamiento y reubicación para acoger en España a cuantas/os menores solicitantes de asilo puedan ser atendidas/os por nuestras Administraciones. Con este fin, el Gobierno convocará a las comunidades autónomas y realizará cuantos esfuerzos políticos y diplomáticos sean posibles para acelerar el proceso”.

 

El texto incluye una enmienda in voce de adición suscrita por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, instando al Gobierno de España a lo siguiente:

 

“revisar la Ley 26/2015 y el Protocolo marco para menores extranjeros no acompañados para garantizar que se ajustan a las disposiciones de la Convención”.

 

“asegurar una protección jurídica efectiva para las niñas y niños no acompañados en todo su territorio y garantizar que se aplique el principio de no devolución, así como que el interés superior del niño/a se tenga en cuenta como una consideración principal, y se proporcione capacitación adicional y orientación a los profesionales pertinentes sobre la evaluación del interés superior de las niñas y niños”.

 

“desarrolar un protocolo uniforme sobre métodos de determinación de la edad para todo el territorio del Estado, que sea multidisciplinario y respetuoso con los derechos humanos y utilizado solo en casos de serias dudas sobre la edad reclamada y teniendo en consideración la documentación u otras formas de evidencia disponibles”. Este apartado, el siguiente y los dos últimos han contado con el respaldo añadido de UPN. El PPN ha mantenido su voto en contra.

 

“Establecer centros de recepción adaptados a los niños y niñas, con mecanismos eficaces de denuncia, e investigue a fondo cualquier caso de violación de sus derechos”.

 

“Poner fin a la práctica de la devolución automática de algunos niños y niñas, asegurando que todos los procedimientos y estándares están en concordancia con su condición de niños y con la legislación nacional e internacional”.

 

“Mejorar la recopilación y el intercambio de información para garantizar la remisión a los servicios de protección de la infancia a niños y niñas no acompañados, niños y niñas víctimas de la trata de personas y solicitantes de protección internacional”.

 

Y a “fortalecer la cooperación con el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para la implementación de estas recomendaciones”.

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Podemos-Ahal Dugu arguye que, dada la situación de “especial vulnerabilidad” que afecta a los menores extranjeros no acompañados, “el Estado está obligado a adoptar medidas de protección y garantizar su educación y desarrollo”, tal y como se estipula en el artículo 35 de la Ley de Extranjería, así como en la Resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 2013, donde además se advierte que “ningún niño o niña debería ser retornado mediante procedimiento sumario en la frontera de un Estado miembro”.

 

En lo que a la prueba de edad respecta, se demanda que, dada su “escasa fiabilidad, con márgenes de error de hasta dos años”, deje de ser tenida en cuenta, ya que “determina de forma muy relevante la vida de la/el menor de edad, a pesar de haber ha sido cuestionada desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hasta la Oficina del Defensor del Pueblo”.

 

A la sesión, presidida, por Cristina (G.P. UPN), han asistido Mónica Doménech, Begoña Ganuza, Iñaki Iriarte (G.P. UPN), Consuelo Satrustegi, Virginia Alemán, Patxi Leuza (G.P. Geroa Bai), Asun Fernández de Garaialde, Arantxa Izurdiaga (G.P. EH Bildu), Ainhoa Aznárez, Rubén Velasco (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Nuria Medina, Guzmán Garmendia (G.P. PSN), Javier García (A.P.F. PPN) y Marisa de Simón (A.P.F. Izquierda-Ezkerra).

 

 

• www.parlamentodenavarra.es

• Publicación de la moción (BOPN, nº 23, de 23-02-2018)