Publicada el Thursday, 8 de November de 2018

Ley Foral de modificación de la Ley Foral 2/1995, de 2 de marzo, de Haciendas Locales

Aprobación en Pleno. Día 8 de noviembre de 2018

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy por unanimidad, la modificación Ley Foral 2/1995, de 2 de marzo, de Haciendas Locales.

 

Tramitada en lectura única, la Ley Foral impulsada por el G.P. PSN tiene por objeto adaptar la legislación navarra para que la exoneración del impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica alcance a los vehículos matriculados a nombre de organizaciones sin ánimo de lucro para el traslado de personas con discapacidad, además de a los titulares de vehículos especialmente adaptados y a los matriculados a nombre de personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

 

También podrán beneficiarse de esta dispensa, circunscrita a un vehículo por persona que no supere los 12 caballos fiscales, aquellas personas que presenten movilidad reducida, conforme al anexo II del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. A su vez, abarca a los menores de edad y a quienes acusen déficit cognitivo, intelectual o trastorno mental. También a los y las que muestren en el mejor ojo una agudeza visual igual o inferior al 0,1 (con corrección) o un campo visual reducido a 10 grados o menos.

 

La enmienda de PSN que ceñía la exención a vehículos que no superen los 12 caballos fiscales ha salido adelante con el voto en contra de UPN y el apoyo del resto.

 

No ha prosperado la pretensión de UPN de comprometer al Gobierno de Navarra para compensar la merma recaudatoria que la nueva redacción de la Ley pudiera suponer a las Entidades Locales afectadas. Su enmienda ha decaído con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, PSN e I-E, que alegan que a la vista de los potenciales beneficiarios el impacto será mínimo, de en torno al 2%. El respaldo de PPN ha resultado insuficiente.

 

La Ley entrará en vigor el 1 de enero de 2019.