Publicada el Thursday, 14 de February de 2019

Aprobada una resolución tendente a estudiar que mujeres en riesgo o situación de violencia de género puedan ser acompañadas por perros escolta

Se aboga por testar la eficacia de dicha medida para, dado el caso, poder regular con garantías su inclusión entre los protocolos de defensa y seguridad ya establecidos

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “elaborar un estudio de valoración y viabilidad para contemplar el acompañamiento de perros escolta como medida de protección en las mujeres en riesgo o en situación de violencia de género. Dicho estudio será elaborado por un equipo multidisciplinar formado por personas y entidades especializadas en este ámbito”.

 

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que se compele al Ejecutivo Foral a que, en el marco del mencionado estudio, “analice la posibilidad de implantar un plan piloto con el objetivo de testar y valorar la eficacia de dicha medida, establecer los mecanismos para poder legislarla con garantía y valorar las situaciones de riesgo que pueden darse para el resto de la sociedad”.

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por UPN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, PSN, PPN e I-E asume la “prioridad” que la lucha contra la violencia hacia las mujeres entraña para las distintas Administraciones Públicas y, a ese respecto, aboga por “estudiar la eficacia” que el perro de defensa podría tener como herramienta de protección y garantía de seguridad.

 

En ese marco y en su afán de “regular con garantías” cualquier medida de protección contra las violencias machistas, se incide en la necesidad de analizar la idoneidad del perro escolta y la posibilidad de validar su inclusión entre los protocolos de defensa establecidos para, entre otros, evitar que la responsabilidad recaiga en las propias mujeres.

 

Según se apunta, en Navarra 91 mujeres requieren actualmente alguna de las medidas de protección que, en función del riesgo, se ponen a su disposición de un modo coordinado desde los ámbitos policial, judicial, social o sanitario, tal y como se dispone tanto en la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, como en la Ley Foral 14/2015, para actuar contra la violencia hacia las mujeres.