El vicepresidente y consejero de Interior, Javier Remírez, ha asegurado la apuesta del Gobierno de Navarra por el desarrollo de la Policía Foral, para la que ha pedido al Gobierno central una habilitación específica en materia de retribuciones, lo que no ha evitado las críticas de los grupos parlamentarios por la falta de desarrollo reglamentario de la Ley de Policías.

Según Remírez el plan para 2022 prevé los reglamentos de organización y funcionamiento, jornadas y retribuciones, uso de videoçámaras, provisión de puestos de trabajo y adquisición de vestuario, que se encuentran en distinta fase de desarrollo, mientras que en materia de formación este año se consultará con otras administraciones que se verán afectadas.

Y ha precisado que la retribución de la Policía Foral no puede ser superior a la fijada en la ley de presupuestos del Estado, que se ha marcado en el 2% para 2022, por lo que se ha solicitado una habilitación específica al Gobierno de España para poder desarrollar esta cuestión.

En todo caso, Remírez ha asegurado una "apuesta firme y contundente" por la Policía Foral, por que sea "la policía de referencia" de Navarra, por lo que "con este Gobierno tendrá recursos y tendrá nuevas competencias". Asimismo, ha destacado que con este Gobierno se han convocado "las OPEs más numerosas" para este cuerpo, no ha habido ningún tipo de merma frente a los recortes de otros y se han negociado las competencias de tráfico.

El Consejero de Presidencia ha respondido así a una interpelación de Navarra Suma, cuyo portavoz, José Suárez, ha recordado que el 19 de noviembre de 2018 entró en vigor la actual ley de Policías de Navarra, en la que se establecen los desarrollos reglamentarios en el plazo de un año, por lo que su grupo quiere conocer el grado de cumplimiento pasados dos.

Y al respecto, Suárez ha indicado que "las relaciones internas y con el entorno es lo que convierte en cuerpo a la Policía Foral" y reglamentar "es imprescindible para un buen funcionamiento y para la calidad de los servicios que presta.  Sin embargo, después de dos años no hay ni un solo reglamento, lo que le sitúa en un limbo normativo que afecta al funcionamiento y al servicio, lo cual debería provocar sonrojo y vergüenza".

Ha pedido por eso al consejero "un compromiso firme" tras "incumplir" lo anunciado, y ha reclamado claridad en materia de retribuciones, porque puede ser que haya contraída "una deuda" de entre 11 y 15 millones de euros con los policías forales.

Inmaculada Jurío (G.P. PSN) ha coincidido en la importancia del desarrollo reglamentario, que ha pedido al Gobierno que acometa dentro de la legalidad y con diálogo sindical, y ha puesto en valor la actuación del Ejecutivo en favor de la Policía Foral, un elemento del autogobierno.

Jabi Arakama (G.P. Geroa Bai) ha considerado que la ley de Policía de Navarra recoge claramente la obligación de un desarrollo reglamentario, "ha pasado con creces" el plazo y los sindicatos dicen que "poco o nada se ha hecho", lo que parece "falta de voluntad política", por lo que ha confiado en que "esta vez sí" se concrete lo anunciado para 2022 y para ello le ha invitado a "compartir un cronograma".

Adolfo Aaraiz (G.P. EH Bildu) ha situado el problema en las retribuciones y se ha sumado a las críticas de anteriores portavoces por el "escaso" trabajo que se ha realizado en el desarrollo reglamentario del resto de materias, cuando no todas requieren de una dotación económica sino de "voluntad política".

"No es la primera vez que abordamos esta cuestión", ha dicho Marisa de Simón (G-Mixto I-E), quien ha echado en falta un acuerdo sindical y lamentado que por este motivo "dignificar" a la Policía Foral haya quedado en un debate sobre jornadas, horarios y retribuciones.