El Presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha recibido hoy en su despacho oficial a Sonia López, presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, Carlos Fernández, responsable de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, y Alexandra Bermúdez, directora del Congreso de los pueblos de Colombia, entidad esta que integra a las dos anteriores.

En el transcurso del encuentro, Sonia López ha explicado al Presidente la situación que se vive en el Departamento colombiano de Arauca -frontera con Venezuela-, una de las zonas de mayor reserva petrolífera del país, donde la confluencia de “paramilitares, guerrilleros y mafias del narcotráfico” provoca un clima de enfrentamiento armado que sitúa a la población local como blanco fácil de los distintos intereses extra-comunitarios.

“Las organizaciones sociales y comunitarias, artífices de propuestas de autogestión alternativas al abandono estatal, son las paganas del saqueo y la dinámica de guerra que provoca la explotación del petróleo. La propuesta de defensa y permanencia en el territorio de los líderes locales choca con la pretensión de quitar a la gente la tierra para luego desplazarla. En ese contexto, se impone la espiral de amenazas, hostigamientos, asesinatos y detenciones de líderes y activistas. La vida vale poco”, explican Alexandra Bermúdez y Sonia López.

Unai Hualde, por su parte, ha agradecido la visita al Parlamento de la presidenta de la Fundación, Sonia López, y de las personas que la han acompañado. Del mismo modo, les ha trasladado su solidaridad y ha valorado la importancia del testimonio que han compartido con representantes de los grupos parlamentarios en la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional, con quienes se ha reunido previamente, en torno a la difícil situación humanitaria que está atravesando la región colombiana de Arauca.

La Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, que forma parte del Congreso de los pueblos de Colombia, es un organismo dedicado a defender los Derechos Humanos en el Centro Oriente de Colombia, por un lado promoviendo la adopción de medidas comunitarias de organización y autoprotección para enfrentar la crisis humanitaria, y por otro requiriendo al Estado que asuma su obligación de garantizar seguridad y atención.