El Gobierno de Navarra recaba el respaldo de la Cámara en materia de vivienda
En respuesta a una interpelación de Navarra Suma, que habla de “colapso” en la gestión y promoción de viviendas protegidas y hace un balance “desastroso” pese al incremento de medios
El Pleno del Parlamento de Navarra ha mostrado hoy, con la única excepción de Navarra Suma, su apoyo a la política del Gobierno foral en materia de vivienda, para garantizar que la misma cumple un papel social.
Juan Luis Sánchez de Muniáin (Navarra Suma) ha señalado que el balance en vivienda con más medios y un 70% más de personal en Nasuvinsa es "desastroso", "han llevado al colapso las viviendas protegidas" con más de 15.000 personas esperando una, "más gente que nunca", 11.000 paralizadas por "sectarismo" y anuncios de promociones que años después ha denunciado que siguen paradas en diferentes localidades como Pamplona, Barañáin o Lodosa.
Tras recordar las viviendas calificadas como protegidas antes de 2015 y después, "la mitad", ha indicado que "antes se construía vivienda protegida y ahora no se construye". En ese sentido, el portavoz del grupo mayoritario ha demandado que se pongan las condiciones para disponer de vivienda asequible donde se concentra la demanda y ha sostenido que después de 30 años se debe posibilitar que una familia le saque rentabilidad a su vivienda.
"La cuestión es que su modelo y el nuestro son completamente distintos", ha replicado el consejo Jose Mari Aierdi en respuesta a la interpelación de Navarra Suma. "UPN apuesta por el mercado" y el actual Gobierno quiere que la vivienda tenga "un papel social" y para eso se han establecido "políticas estructurales", ha precisado.
El consejero ha aludido así al mantenimiento de la calificación protegida para evitar la venta de vivienda construida con dinero público y la promoción en este momento de 520 viviendas, a pesar del retraso de algunos ayuntamientos en facilitar las promociones, entre los que ha citado Pamplona. Ha subrayado que en lo que va de año se han calificado 2.000 viviendas.
Ha destacado también la existencia de 900 viviendas en la bolsa de alquiler público, los más de 5.000 jóvenes y 1.300 familias vulnerables con ayudas al arrendamiento, los convenios ya firmados con distintos ayuntamientos que "han tenido interés" en "responder a la demanda" ciudadana, como Sangüesa, Alsasua o Cárcar. Ha sido "una gran decepción no poder alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento de Pamplona, donde se concentra la demanda".
"Y, efectivamente, el censo de demandantes ha crecido" después de decrecer de 2010 a 2015, "porque hicieron cerocerismo y como vieron que el instrumento no servía, dejaron de apuntarse". Pero desde 2015 ha crecido y "queremos que haya más porque es el instrumento para hacer viviendas de calidad" en un modelo de "ciudad consolidada".
Arantza Biurrun (G.P. PSN) ha apostado por fortalecer el parque público de vivienda, de "una vivienda digna y adecuada", un reto que supone un pilar para el estado del bienestar y que se está viendo afectado por la covid y el incremento de precios por la guerra en Ucrania, que frena la iniciativa de construcción protegida. No obstante, ha indicado que se han adoptado medidas para impulsar la vpo, igual que otras "complementarias entre sí" para favorecer ese parque con la colaboración privada y la de las entidades locales.
Pablo Azcona (Geroa Bai) ha defendido "el acceso a la vivienda como un derecho de la ciudadanía al que hay que dar respuesta desde lo público", a diferencia de la política de UPN y la burbuja inmobiliaria a la que "ayudó". A su vez, ha criticado que más de 18.000 viviendas protegidas hayan dejado de estarlo, algo que se ha evitado en esta legislatura, en la que también se ha buscado "el equilibrio territorial", ya que antes el 70% del esfuerzo se centraba en Pamplona.
Para Maiorga Ramírez (EH Bildu), "todos los recursos deben encauzarse a satisfacer el derecho a una vivienda digna, con el fin de que la ciudadanía pueda satisfacer sus proyectos vitales”. Garantizar ese derecho debe ser el objetivo de las políticas públicas, con la vista puesta, además, en la sostenibilidad y las necesidades de una población envejecida. “Pero la derecha sólo plantea construcción y construcción".
Mikel Buil (Podemos-Ahal Dugu) ha indicado que UPN entendió la política de vivienda como construcción y ha defendido otras "más valientes", como por ejemplo intervenir los precios. Al tiempo, ha valorado las medidas tomadas para favorecer el derecho a la vivienda, incluida la rehabilitación.
Marisa de Simón (I-E) ha recordado que el derecho a la vivienda está regulado por ley y ha criticado que se haya permitido descalificar 18.400 viviendas protegidas, porque así no se favorece ese "derecho a techo", para cuya garantía ha abogado por la rehabilitación y por ampliar el parque público de alquiler, frenando el "abuso de PSIS".