Publicada el Thursday, 11 de April de 2024

El Ejecutivo Foral se reconoce "implacable ante cualquier indicio de corrupción política"

En respuesta a una interpelación de UPN, que censura la "reacción" del Ejecutivo ante los indicios de prácticas viciadas, en alusión al proceso de adjudicación de las obras de Belate

Juan Luis Sánchez de Muniáin (G.P. UPN) ha acusado al Gobierno de Navarra de poner "trabas" para que el Parlamento foral "conozca la verdad" ante posibles "casos de corrupción".

 

Por su parte, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad del Ejecutivo foral, Félix Taberna, ha asegurado que su Gobierno está siendo "implacable ante cualquier indicio de corrupción política".

 

En respuesta a una interpelación de UPN en el Pleno de control, Taberna ha contestado a Sánchez de Muniáin que "este Gobierno no va a entrar en el barro ni en el y tu más" y ha asegurado que la posición del Ejecutivo foral en materia de corrupción es "seguir combatiendo esta lacra".

 

El Vicepresidnete primero ha precisado que la corrupción "no es exclusivamente prevaricación y cohecho", también es el fraude fiscal, el "transfuguismo político, las fake news que los medios responsables están intentando atajar, el populismo rampante que se está llevando a cabo en el ámbito político y el discurso de odio.

 

Taberna ha manifestado que la última encuesta del CIS "denota que la ciudadanía no aprueba el funcionamiento de nuestra democracia, por lo que ha llamado a hacer una "reflexión profunda de hasta dónde hemos llegado, cuál es la percepción ciudadana y cuál es la cultura democrática. Enfoquemos de una manera amplia la corrupción, que es algo que preocupa a nivel global y nos debe preocupar a nivel de Navarra; recuperemos esa confianza ciudadana", ha reivindicado.

 

El Gobierno de Navarra, ha agregado, "va a seguir siendo implacable con cualquier tipo de indicio de corrupción política y vamos a activar todos los mecanismos que el sistema tiene". Al respecto, ha puesto en valor los avances en transparencia con el desarrollo de la Ley Foral del Buen Gobierno y Transparencia, la Ley de Participación Democrática y la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.

 

El portavoz de UPN, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha declarado, por su parte, que hay "indicios de prácticas de corrupción" en el Gobierno de Navarra y ha censurado la "reacción" del Ejecutivo ante estos hechos.

 

En especial, se ha referido al proceso de adjudicación de las obras de los túneles de Belate, en el que varios funcionarios aseguran que "se ha adjudicado sin motivación y que el procedimiento está viciado". Ante estas denuncias, el Gobierno de Navarra "no se está comportando como una administración honrada", sino que está "ocultando información relevante" e impide el "correcto funcionamiento de los órganos de control" para que no comparezca, por ejemplo, el secretario de la mesa de adjudicación.

 

"Han forzado sus mayorías parlamentarias para ocultar esta información e impedir que funcione el más esencial mecanismo de control de un gobierno democrático", ha censurado el regionalista, quien ha insistido en que "llueve sobre mojado", porque "nos hemos enterado de que los interventores han denunciado otra práctica ilegal en al menos cuatro procesos de adjudicación".

 

"Lejos de extremar las cautelas, han extremado las trabas para que en este Parlamento se conozca la verdad de la mano de los funcionarios que examinan y detectan irregularidades. Alguien que quiere luchar contra la corrupción no persigue a los funcionarios, no les somete a ninguna caza de brujas, sino que los protege", ha significado.


Ainhoa Unzu (G.P. PSN) se ha negado a hablar "de corrupción política en Navarra, porque no la hay", y ha acusado a UPN de hacer "muchas acusaciones, pero ni una propuesta". Ha advertido del "peligro de trasladar de forma torticera la sombra de la sospecha de la corrupción al amparo de una estrategia de desgaste de la derecha", cuyo "único objetivo es embarrar, machacar al Gobierno y crear en este Parlamento un conflicto permanente que sólo genera desafección en la ciudadanía".


Adolfo Araiz (G.P. EH Bildu) le ha dicho a Sánchez de Muniáin que "no venga a este Parlamento a decir 'tal vez', 'a lo mejor', denos la información, porque, de lo contrario, están generando sospechas infundadas". Ha acusado a UPN de intentar "extender la mancha" de la corrupción en el Gobierno, "cuando son conscientes de que no es así. No vamos a dar aire a su estrategia, saben que están en minoría en este Parlamento", ha remarcado.


Blanca Regúlez (G.P. Geroa Bai) ha recordado que "UPN nos tiene acostumbrados desde que está en la oposición a traer machaconamente el debate de la corrupción, sembrando la duda en el adversario político" con "intereses espurios y totalmente partidistas", todo ello para "conseguir lo que no consiguieron en las urnas".

 

Javier García (G.P. PPN) ha afirmado que "la definición de corrupción lleva las siglas del Partido Socialista" y ha reclamado el cese del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite. Ha llamado la atención ante la "sombra que existe sobre la gestión de los socialistas en el Departamento de Cohesión Territorial", que "viene protegida por los socios del Gobierno, quienes, por acción u omisión, tienen su responsabilidad".

Daniel López (G.P. Contigo-Zurekin) ha lamentado que UPN traiga una interpelación en materia de corrupción cuando "no le duelen prendas" en ir en listas conjuntas "con el partido más corrupto de este país", en referencia al PP. Ha apuntado que en los últimos cinco años han sido condenadas por corrupción 1.000 personas, pero "menos de 100" han entrado en la cárcel. "Entre eso y la cantidad de indultos que se han dado desde el año 96 a casos de corrupción, ¿les extraña de verdad que la gente haya perdido la confianza, tanto en el sistema legal, como en la clase política?", ha enfatizado.

 

Maite Nosti (A.P.F. Vox) ha reprochado que "a todos se nos llena la boca con que hay que luchar contra la corrupción", pero "seguimos con corrupción", que "puede adoptar múltiples formas". Y ha pedido "clarificar las cortapisas para que acudan a declarar todos los implicados en la adjudicación de las obras de los túneles de Belate".