El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de SN, Bildu, Aralar-Nabai, PPN, I-E y los dos parlamentarios no adscritos y la abstención de UPN, la toma en consideración de la proposición de Ley Foral para una Carta de Derechos Sociales.
 

La proposición de Ley impulsada por los grupos parlamentarios Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos pretende “situar la protección social en parámetros similares a los que regían antes de la aprobación de la Renta de Inclusión Social” para, de ese modo, “mejorar la situación de los alrededor de 4.000 familias desalojadas del sistema”.
 

A decir de los proponentes, el criterio “economicista” que subyace tras el “endurecimiento” de los requisitos para la percepción de las ayudas de este “derecho subjetivo” ha derivado en un “deterioro de la cohesión social que, atendiendo a la situación de emergencia “desatada por la crisis y agravada por su gestión”, urge restaurar sobre la base de la extinta Renta Básica.

Es por ello que, a fin de “paliar la situación de miles de familias que carecen de recursos suficientes para afrontar su subsistencia diaria”, se plantea ampliar el abanico protector de la Renta de Inclusión Social dando cabida a nuevos aspectos que coinciden con las propuestas de la Plataforma en Defensa al derecho de la Renta Básica.

Así, en la proposición de Ley se incluye como posible colectivo perceptor de renta básica a los mayores de 65 años, “corrigiendo una situación de discriminación e injusticia que las personas de más edad no merecen”.

Además, “no se limita el periodo de percepción de la prestación, pudiéndose mantener la misma hasta que cese la situación que generó su derecho a percibirla”. Y “se modifica la consecuencia del silencio administrativo, estableciéndose que la no contestación de la Administración en los plazos determinados supondrá el otorgamiento de la misma”.

Finalmente, la proposición de Ley deroga la actual Renta de Inclusión Social y los Decretos y órdenes forales que la desarrollan porque, según se arguye, “se ha demostrado que la normativa no es suficiente para garantizar la cohesión social y la protección de la población en riesgo o en exclusión”.

En ese sentido, se asegura que “con un 1% del Presupuesto se solventaría un problema a cuya atención se destinaron 34 millones en 2011 y 31 en 2012”.

· www.parlamentodenavarra.es
· Publicación de la Proposición de Ley Foral (BOPN, nº 22, de 26-02-2013)