El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de SN, I-E y los no adscritos, las abstenciones de UPN, Bildu y Aralar-Nabai y el voto en contra de PPN, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “desestimar y no llevar a efecto las propuestas de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), hechas públicas en la página web del Ministerio de Justicia”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se conmina al Ejecutivo central a “presentar una nueva propuesta de reforma, en la que se tengan en cuenta las distintas competencias que concurren y la opinión de las comunidades autónomas, tal y como expresa la Constitución Española y el artículo 35 de la LOPJ”.

Además, la citada propuesta de reforma deberá mantener la demarcación y planta “vinculada a los territorios, con partidos judiciales como estructura territorial de los Tribunales de Instancia, perdurando así los partidos judiciales, evitando que su ámbito territorial sea provincial y dejando sin efecto la recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia”.

Para evitar el “alejamiento y la concentración de la Administración de Justicia, tan contraria a los intereses de los ciudadanos”, deberán mantenerse también las “Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz”, para lo cual se impone buscar el consenso en las nuevas demarcaciones, que bien pudieran ser los tribunales de base o primer grado”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta al Gobierno de España a “implantar los Tribunales de Instancia de forma simultánea al pleno despliegue de la nueva oficina judicial, con el fin de garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes procesales y agilizar la justicia, mejorando el servicio público”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Socialistas de Navarra arguye que la propuesta de modificación de la demarcación y planta judicial tiene como “único eje rector, so pretexto de un supuesto ahorro, la reducción de la Administración y el desmantelamiento de los servicios públicos”.

A ese respecto, se advierte que “centralizar y alejar la Justicia de los ciudadanos es radicalmente contrario a la facilitación de la tutela judicial”, de ahí el “riesgo” que entraña esta propuesta “para medio rural, pero también para el urbano, pues, salvo en Madrid y Barcelona, la demarcación pasa a ser provincial para los Tribunales de Instancia”.
Además, el proponente considera que ambas propuestas normativas conllevan la “desaparición de los partidos judiciales rurales y su conversión en poco más que sedes administrativas”.

Por todo ello, descartando la desaparición de los partidos judiciales y las Audiencias Provinciales, se aboga por explorar las potencialidades del sistema existente a partir de su reforma”.

• www.parlamento-navarra.es
• Publicación de la moción (BOPN, n.º 114, de 10-09-2013)