La Comisión de Investigación sobre la situación de la Hacienda Foral de Navarra ha finalizado hoy sus trabajos con la aprobación de un dictamen que, con el respaldo de Socialistas de Navarra, Bildu, Aralar-Nabai, Izquierda-Ezkerra y los no adscritos, concluye “reprobando la actuación Yolanda Barcina, Presidenta del Gobierno de Navarra, y Lourdes Goicoechea, Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo”, a quienes se reclama la “asunción de responsabilidades políticas”, incluida la “dimisión” de ambas y la “convocatoria de elecciones al Parlamento de Navarra para el 25 de mayo de 2014”.

En caso contrario, prosigue el dictamen, “las presentes conclusiones obligan al conjunto de Grupos Parlamentarios a tomar las medidas pertinentes para la devolución de la palabra a la ciudadanía y poner fin a la crítica situación actual”.

Con los mismos apoyos, se ha acordado dar traslado de todas las conclusiones, documentos y grabaciones de la Comisión de Investigación al Ministerio Fiscal, “para su conocimiento, por si pudiera derivarse algún tipo de responsabilidades penales”.

El dictamen asegura que las prácticas de Barcina y Goicoechea consistentes «en la utilización de medios» de la Administración «en provecho político y partidista» se corresponde con la definición de «corrupción» de la RAE.

A su vez, la Comisión entiende que la Consejera incurrió en «injerencias e intromisiones» para obtener datos fiscales y dio «trato de favor» a algunos contribuyentes, hechos de los que era «conocedora y corresponsable» la Presidenta.

Se considera probado que incumplieron hasta 13 preceptos legales y se afirma que ni Barcina ni la Consejera de Economía actuaron en defensa del interés general, sino «del político y partidista».
Tras subrayar que han quedado «acreditadas prácticamente todas» las acusaciones de la exdirectora de Hacienda contra Goicoechea, la Comisión ve el resto «verosímiles».

Así, estima que hay 11 «hechos acreditados», como el retraso en la devolución del IVA para cumplir con el déficit y «satisfacer» la política del PP, y las «injerencias» en Hacienda de la Consejera en favor de un antiguo cliente de su asesoría fiscal y de la Universidad de Navarra, así como en la solicitud del Plan de Inspección y de datos sobre Caja Navarra, estos últimos «muy probablemente por indicación» de la Presidenta Yolanda Barcina.

El dictamen, que será elevado al Pleno de la Cámara para su debate y votación (presumiblemente el próximo jueves), incluye sendos votos particulares formulados por UPN y PPN, ambos tendentes a dejar constancia que de los testimonios y pruebas deducidas en el curso de los trabajos de la Comisión “no se ha acreditado corrupción ni ilegalidades ni injerencias”.

UPN subraya su convicción de que no se ha acreditado la existencia de “corrupción ni ilegalidades” en la Hacienda Foral de Navarra, puesto que “ninguno de los comparecientes ha acusado a la Consejera ni a ningún otro cargo del Ejecutivo de corrupción”.

Es por ello que UPN cree que Lourdes Goicoechea “actuó dentro de la legalidad y conforme a las funciones que tiene atribuidas”, tanto en lo relativo a las devoluciones del IVA más allá de los seis meses, “pues se ajustan plenamente a la Ley”, como en lo tocante a los presuntos “tratos de favor e influencias”, ya que todos los procesos “se han acabado conforme al criterio, procedimiento y resolución de la Hacienda Foral, sin que en ningún caso se haya obstaculizado ningún expediente”.

Finalmente y tras constatar que las actuaciones de la Consejera se “encuadran dentro de su obligación de dirección y tutela” del Departamento, UPN señala que “no se ha podido probar que Goicoechea pidiera a Idoia Nieves una copia del Plan de Inspección, ni que solicitara información de datos sobre Caja Navarra”.

En el mismo sentido, el voto particular del PPN asegura que “no se ha acreditado corrupción ni injerencias” por parte de Lourdes Goicoechea, cuyas actuaciones consideran “ajustadas a sus competencias” como Consejera de Economía y Hacienda.

No obstante, el PPN entiende que resulta “evidente la falta de rigor y control presupuestario dentro del Gobierno de Navarra”. En ese sentido, censuran la “tardía toma de medidas que, como el retraso en la devolución del IVA, afectan a la liquidez y al tejido empresarial”. A ese respecto, apuntan que “los criterios de control presupuestario, ya sean tendentes al control del gasto o al aumento de los ingresos, deben adoptarse siempre al principio del ejercicio y no al final, como ha sido el caso”.

Una vez debatidas y aprobadas por el Pleno de la Cámara, las conclusiones de la Comisión, que no son vinculantes para los Tribunales ni afectan a las resoluciones judiciales, serán publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento y comunicadas al Gobierno de Navarra.

La Comisión de investigación, cuya Presidencia ha recaído en el socialista Juan José Lizarbe (con la abstención de UPN), ha estado integrada por dos miembros de cada Grupo Parlamentario: Carlos García Adanero, Sergio Sayas (UPN), Pedro Rascón (Socialistas de Navarra), Maiorga Ramírez, Bikendi Barea (Bildu), Patxi Zabaleta, Txentxo Jiménez (Aralar-Nabai), Ana Beltrán, Enrique Martín (PPN), José Miguel Nuin, Txema Mauleón (Izquierda-Ezkerra), Manu Ayerdi (no adscrito).

El objeto de la Comisión, que ha adoptado todas sus decisiones por voto ponderado, ha sido esclarecer estado de las Cuentas de Navarra, su evolución desde 2011 y su relación con la aplicación de políticas para el cumplimiento del objeto de déficit.

Los estudios de la Comisión se han centrado, además, en los siguientes apartados:

1.- Las directrices efectuadas por la Presidenta del Gobierno de Navarra para retrasar las devoluciones del IVA incumpliendo los plazos establecidos legalmente y los efectos que ha supuesto sobre la economía navarra.

2.- Las acusaciones formuladas por la ex Directora Gerente de la Hacienda Foral sobre injerencias constantes en grado de tentativa de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo contra la independencia de la Hacienda Foral.

3.- Las acusaciones formuladas por la ex Directora Gerente de la Hacienda Foral en relación a la petición de información personal protegida por la ley por parte de la Consejera y la Presidenta del Gobierno de Navarra.

Las comparecencias ante la Comisión de Investigación comenzaron el día 21 de febrero con Idoia Nieves, ex directora gerente de la Hacienda Foral. Prosiguieron el lunes, día 24, con Pedro Ugalde, secretario general técnico de Economía y Hacienda, Juan Franco, director general de Presupuesto, María Jesús Valdemoros, directora general de Política Económica, Manuel Arana, exsubdirector de Hacienda y Lourdes Goicoechea, vicepresidenta del Gobierno y consejera de Economía, Hacienda, Empleo y Trabajo. Y concluyeron el pasado martes, día 25, con el testimonio de Yolanda Barcina, Presidenta del Gobierno de Navarra.

Las comparecencias han sido abiertas a los medios de comunicación. Las deliberaciones de los miembros de la Comisión de Investigación, sin embargo, han tenido carácter secreto.