El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos a favor de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, las abstenciones de Geroa Bai y PSN y los votos en contra de UPN y PPN, una moción para instar al Gobierno de Navarra a “emprender las acciones judiciales que procedan frente a Caixabank con el objeto de recuperar los 4,9 millones de euros que las arcas forales perdieron como consecuencia de la contratación por el anterior Ejecutivo de productos financieros (SWAP y COLLAR)”.

La resolución desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se compelía al Gobierno de Navarra a “exigir a Caixabank la quita o, en su caso, renegociación por al menos esa cantidad, respecto de las obligaciones que aún hoy estén en vigor con dicha entidad”.

La moción ha decaído en tercera votación, tras registrarse un triple empate a 17 votos a favor y en contra, con 16 abstenciones.

En la exposición de motivos, la moción impulsada por la G.P Podemos-Ahal Dugu se hacía eco de la “denuncia efectuada por el Parlamento Social en colaboración con la Ponencia para la auditoría de la deuda, en relación a la contratación de productos financieros (SWAP y COLLAR) accesorios a préstamos adquiridos por el Gobierno de Navarra con la CAN, operación que ha conllevado el abono 4,9 millones de euros de más, sólo en intereses”.

A ese respecto, se invocaba la responsabilidad de “Álvaro Miranda, entonces Consejero de Hacienda, y Miguel Sanz, exPresidente del Gobierno de Navarra y de la CAN, como responsables directos de la firma de contratos especulativos con dinero público, a consecuencia de los cuales se han perdido 4,9 millones de euros”.

En ese contexto, se subrayaba que las “especiales características de los SWAP han conllevado que en los últimos años se haya procedido a anular en los juzgados multitud de contratos, al tratarse de un producto viciado de partida”, y se denunciaba la “falta de honestidad de las entidades financieras, en el sentido en el que se explicita en la Directiva Europea 2004/39”.

En virtud de tales criterios, la proponente arguía que el Gobierno de Navarra “tendría plena legitimidad para reclamar a Caixabank, entidad hoy subrogada en los derechos y obligaciones de la extinta CAN, los citados 4,9 millones que hemos pagado de más”.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 10, de 26-01-2018)