Publicada el Jueves, 31 de Enero de 2019

Ley Foral para la modificación del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, que establece el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra

Aprobación en Pleno. Día 31 de enero de 2019

El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, PSN, PPN e I-E y las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, la Ley Foral para la modificación del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, que establece el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

 

La Ley Foral impulsada por el G.P. PSN tiene por objeto “avanzar en el establecimiento de medidas legales en materia de conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para, ampliando el permiso de paternidad hasta 12 semanas más, convertir a Navarra en una Administración pionera y ejemplarizante en materia de igualdad”.

 

En concreto, se prevé que, una vez agotado el permiso de paternidad por nacimiento, adopción y guarda con fines de adopción o acogimiento (5 semanas), el personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra disponga de una licencia adicional retribuida con una duración que, sumada a la del permiso anterior, regulado en la legislación estatal, “alcance las 17 semanas o las que corresponda en caso de discapacidad del hija/o y por cada hija/o a partir del segundo en caso de parto, adopción o acogimiento múltiples”.

 

Dicho permiso, cuya entrada en vigor se prevé a partir del 1 de enero de 2019, conllevará una remuneración del 100% de las retribuciones del empleado, será intransferible al otro progenitor y podrá disfrutarse de forma ininterrumpida o de modo fraccionado, en este último caso dentro de los 12 meses siguientes al nacimiento, adopción o acogimiento.

 

La autorización para el disfrute de este permiso adicional, al que podrán acogerse aquellos progenitores cuyo hijo/a haya nacido en el año inmediatamente anterior, deberá solicitarse antes de la finalización del permiso en vigor de cinco semanas y su implantación será progresiva: 4 semanas para nacimiento, guardas con fines de adopción, acogimientos o adopciones habidos en el año 2018, 8 en 2019 y 12 en 2020.

 

Entre las medidas contempladas para, en función de la compatibilidad con la adecuada prestación de servicios, propiciar su implantación en las Administraciones Públicas de Navarra se encuentran la introducción del teletrabajo, la racionalización de horarios (jornada hasta las 18:00) y la desconexión digital y de atención a las tareas propias del puesto de trabajo durante el tiempo de descanso.

 

En todos los casos de reducción de jornada, se procurará especialmente la adaptación de horarios y días de asistencia a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

 

Geroa Bai y EH Bildu, que ya se abstuvieron en la toma en consideración de la Ley, han alegado razones de índole económico, procedimental y de contenido para cuestionar la oportunidad de la norma.

 

En relación al contenido, entienden que el Decreto Foral 71/2017, de 23 de agosto “ha revisado, desarrollado, ampliado e incorporado medidas de conciliación que favorecen el reparto equilibrado de responsabilidades familiares y personales y que fomentan la igualdad como nunca antes se había hecho”.

 

En cuanto al procedimiento, Geroa Bai y EH Bildu consideran que fiar la regulación de esta cuestión al desarrollo reglamentario hubiera constituido la opción más correcta, ya que “facilita la negociación con la representación sindical y, por tanto, su modificación”.

 

Y en lo que atañe a su afección económica, se estima que, atendiendo a la media de permisos de paternidad concedidos en los dos últimos años (235), el coste de dicha medida sería de 786.591,83 euros en 2018 (4 semanas), 1.573.183,65 en 2019 (8 semanas) y 2.359.775,47 euros en 2020 (12 semanas).

 

La Ley fue tomada en consideración el pasado 15 de noviembre y al no haberse presentado enmiendas, ha vuelto directamente al Pleno, sin necesidad de ser dictaminada en Comisión.