La Comisión de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia ha aprobado hoy el dictamen en relación con la proposición de Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de protección civil y atención de emergencias.

 

La proposición de Ley Foral presentada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e I-E tiene por objeto actualizar el marco jurídico en la materia para, a la luz de la experiencia adquirida y de la nueva normativa estatal, acomodar la atención y gestión de las emergencias a los riesgos concurrentes en el ámbito territorial de Navarra.

 

A tal fin, como sistema de previsión, detección y seguimiento de las situaciones de emergencia y, al mismo tiempo, como sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades, a los servicios competentes y a la ciudadanía, se proyecta la creación de la Red de Alarma y Alerta de Protección Civil de Navarra, cuya gestión corresponderá al Centro de Gestión de Emergencias. Este último determinará, también a través de convenios de colaboración, las condiciones en que los departamentos y los organismos del sector público concernidos deberán adecuar sus redes y sistemas para poder “facilitar en tiempo real” toda la información de que dispongan.

 

Así, en función de los diferentes umbrales de adversidad y sin menoscabo de la normativa en vigor, se abordará la tramitación de avisos y la difusión de información tanto preventiva como reactiva, incluidas campañas de prevención, información, divulgación y sensibilización ante los diferentes riesgos y la forma de proceder ante ellos.

 

En ese sentido, se contempla la adopción de medidas específicas para garantizar que las personas con discapacidad conozcan los riesgos y las medidas de autoprotección y prevención, facilitando así su posible participación en los planes de protección civil. A este respecto, la colaboración regular se encauzará a través de las agrupaciones y organizaciones de protección civil, de bomberos voluntarios y cualesquiera otras que resulten precisas para asegurar las actuaciones básicas.

 

Las entidades de voluntariado de protección civil deberán inscribirse en el Registro que reglamentariamente se establezca, previa suscripción de un convenio de colaboración con la Administración, en el que deberán constar, entre otros, la puesta a disposición de sus medios y recursos, el modo de cooperación y las posibles compensaciones. El concurso como voluntario requerirá la acreditación de las competencias curriculares que se precisen, tarea que se hace recaer en el Departamento competente.

 

El Centro de Gestión de Emergencias asumirá la coordinación y dirección de las emergencias ordinarias y la coordinación de las emergencias extraordinarias, siendo, a su vez, el centro sobre el que se estructura el puesto de mando principal para ejercer la dirección en los planes cuyo interés o ámbito sea la Comunidad Foral.

 

Los protocolos operativos serán elaborados por dicho Centro y aprobados por el director general competente en protección civil, previa conformidad de los titulares de los recursos intervinientes.

 

En cuanto a los traslados sanitarios de urgencia, se hace constar que el salvamento acuático, subacuático y de montaña correrá a cargo de los grupos especiales de atención que se crearán a tal efecto.

 

Las grabaciones y los registros de los incidentes relacionados con el Centro de Gestión de Emergencias serán custodiados durante un período mínimo de 6 meses y un período máximo de dos años, salvo instrucción contraria de la autoridad judicial.

 

El órgano responsable del Centro de Gestión de Emergencias, adscrito al departamento hábil en materia de emergencias y protección civil, responderá de los ficheros, así como de la confidencialidad, seguridad e integridad de los datos.

 

Corresponderá al Ejecutivo Foral, a propuesta del Consejero competente, previo informe de la Comisión de Protección Civil, la aprobación del Plan Territorial de Protección Civil de Navarra, que tendrá la consideración de instrumento de organización territorial, y de los planes especiales. Estos, si procede, podrán determinar las entidades locales obligadas a disponer de planes de actuación municipal ante determinados riesgos.

 

Los planes específicos aparecen concebidos para hacer frente a riesgos de especial trascendencia que no dispongan de la correspondiente directriz básica de planificación. Alcanzan a los planes de contingencia para servicios esenciales básicos, que deberán coordinarse y complementarse con los de protección de las infraestructuras críticas.

 

Los titulares de empresas y entidades sujetas a disponer de un plan de autoprotección, cuya redacción debe correr a cargo de personal graduado en la materia, están obligados a colaborar y participar en todas las tareas preventivas u operativas para las cuales sean requeridos por las autoridades y responsables de los servicios públicos de protección civil.

 

En ese contexto, pero en relación al Régimen de personal de los Servicios de Protección Civil y Atención de Emergencias, se ha resuelto eliminar del dictamen la cláusula que autorizaba a que el personal funcionario técnico superior en materias de seguridad pudiera ser “requerido para trabajar en régimen de exclusividad, dedicación, disponibilidad y horarios de trabajo especiales, con la finalidad de garantizar el funcionamiento de los servicios las 24 horas del día, todos los días del año”. La enmienda de PSN, apoyada por UPN y Podemos-Ahal Dugu, alega que esta cuestión debiera ser objeto de “otro tipo de regulación más específica y negociada”.

 

En ese ámbito, pero en lo tocante al personal de guarderío, se ha acordado su inclusión entre los servicios de intervención y asistencia de emergencias de protección civil. La enmienda in voce que así lo dispone, presentada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e I-E, ha prosperado con el respaldo añadido del PSN.

 

Finalmente y más allá de la regulación del régimen de personal de los Servicios de Protección Civil y Emergencia, se prevé la creación de una Mesa Sectorial propia de los servicios de Protección Civil y Bomberos (con su correspondiente Comisión de Personal), así como la adopción de medidas adecuadas para salvaguardar la igualdad de género en las pruebas físicas que se establezcan para la cobertura y provisión de puestos de trabajo del Servicio de Bomberos de Navarra.

 

En el transcurso del debate efectuado en Comisión se han discutido 25 enmiendas (10 in voce), 15 de ellas suscritas por el PSN, 7 por PSN y Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, otra por el cuatripartito y una última por Geroa Bai y EH Bildu. De todas ellas han resultado aprobadas 11, 6 de las cuales, defendidas por PSN y Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, aludían al lenguaje inclusivo.

 

Tras la aprobación del dictamen, la proposición de Ley Foral por la que se modifica la Ley Foral 8/2005, de 1 de julio, de protección civil y atención de emergencias será elevada a Pleno este próximo jueves, día 28, para su definitivo debate y votación.

 

A la sesión de esta tarde, presidida, por Unai Hualde (G.P. Geroa Bai), han asistido Sergio Sayas, Maribel García Malo, BegoñaGanuza, Pachi Irízar (G.P. UPN), Patxi Leuza, Consuelo Satrustegi (G.P. Geroa Bai), Adolfo Araiz, Dabid Anaut (G.P. EH Bildu), Carlos Couso, Rubén Velasco (G.P. Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai), Inma Jurío, Conchi Ruiz (G.P. PSN), Javier García (A.P.F. PPN) y Marisa de Simón (A.P.F. Izquierda-Ezkerra).

 

• www.parlamentodenavarra.es

• Publicación del Proposición de Ley Foral (BOPN, nº 127, de 26-10-2018)

• Publicación de las enmiendas (BOPN, nº 21, de 14-02-2019)