Publicada el Jueves, 30 de Septiembre de 2021

Rechazada una moción para instar al Gobierno de Navarra a dar los pasos necesarios para constituir una empresa pública de energías renovables

La mayoría de la Cámara desatiende las advertencias de EH Bildu sobre el “fraude” y las “graves consecuencias sociales” ocasionadas por la desregularización del mercado eléctrico

El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de Navarra Suma, PSN y Geroa Bai, la abstención de Podemos-Ahal Dugu y los votos a favor de EH Bildu e I-E, una moción instando a la Cámara a “denunciar el grave fraude que se está cometiendo por parte de las empresas eléctricas del Estado español con el precio de la electricidad”.

 

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se emplazaba al Parlamento de Navarra a “manifestar la necesidad de un sistema propio que rompa el oligopolio establecido en el Estado español para construir un modelo justo que, desde el ámbito público, respete la electricidad como bien y derecho básico”. El respaldo de EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E ha resultado insuficiente ante la abstención de Geroa Bai y los votos en contra de Navarra Suma y PSN.

 

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhortaba al Gobierno de Navarra a “adoptar, con carácter de urgencia y en el marco de sus competencias, medidas concretas que hagan frente a la pobreza energética y garanticen la colaboración público-comunitaria, descentralizada y bajo control público, dando los pasos necesarios para constituir una empresa pública de energías renovables”. EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E han votado favor, mientras Navarra Suma, PSN y Geroa Bai han votado en contra.

 

En la exposición de motivos, la moción impulsada por EH Bildu cuestionaba la “resignación y permisividad” del Gobierno de España, al que se acusa de no tomar una sola medida efectiva para preservar el “derecho esencial” a la electricidad, y advertía sobre las consecuencias de la desregularización que, resultado de la “privatización, venta y desmantelamiento de las empresas públicas”, ha dejado en manos del mercado la gestión de un “bien primario gracias al cual las grandes empresas de energía acumulan ganancias millonarias”.

 

Así las cosas y en su afán de revertir las “graves secuelas sociales y ambientales” ocasionadas a partir de lo que se califica como una “gran estafa”, el proponente planteaba “avanzar hacia la soberanía energética” como única alternativa viable a la hora de “construir desde lo público sistemas justos que respeten el acceso a un recurso básico”.