El Parlamento de Navarra ha acogido este mediodía una conferencia del Catedrático de Derecho Constitucional y Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón, sobre la dimensión constitucional de la gestión de la pandemia.

El Presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha sido el encargado de introducir y contextualizar el tema a debatir, la gestión de la pandemia, “una cuestión que ha estado inevitablemente presente en esta legislatura desde el inicio de la pandemia”, y que “en este camino a la normalidad”, merece una reflexión desde todos los puntos de vista.

Hualde ha añadido que durante la crisis sanitaria los gobiernos han tenido que tomar decisiones que, en ocasiones, no han contado con el respaldo judicial, “situación que no contribuye a la confianza de la ciudadanía en las instituciones, ni en las y los políticos ni en las y los jueces”, por lo que “toda reflexión sobre estos aspectos viene bien para tratar de entender mejor la situación que se ha dado”.

En ese sentido, tras mostrar su “satisfacción” por seguir contando con estas sesiones que tienen como objetivo “acercar la institución a los y las estudiantes de Derecho de la Universidad de Navarra”, el Presidente del Parlamento ha agradecido al Aula de Derecho Parlamentario el trabajo e impulso, y la invitación para realizar esta jornada de la mano de Manuel Aragón, “que arrojará luz en lo referente a la cobertura constitucional de las distintas decisiones que se han tomado en estos dos años”.

Seguidamente, Asunción de la Iglesia, directora del Aula de Derecho de Parlamentario y profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, ha glosado la figura y el currículum de Manuel Aragón, “uno de los constitucionalistas de mayor relieve”, Catedrático de la Universidad de Zaragoza, del País Vasco, de Valladolid y de la Universidad Autónoma de Madrid, donde también fue decano, además de Magistrado Emérito del Tribunal Constitucional y, entre otros, director de la revista española de derecho constitucional.

Durante su intervención, Manuel Aragón ha ofrecido un análisis constitucional, “sin ánimo de realizar ninguna crítica política”, sobre las decisiones, actuaciones y medidas adoptadas por el Gobierno Central ante una situación “sin precedentes” que “hizo necesario acudir a un estado excepcional”.

Dada la imposibilidad de resolver la situación con los poderes ordinarios, sobre la primera declaración del Estado de Alarma el 14 de marzo de 2020, Aragón considera que la legitimidad de la medida “está clara”, puesto que se daban las circunstancias exigidas. Sin embargo, y en consonancia con la sentencia 148/2021 del Tribunal Constitucional, el catedrático opina que con aquella decisión no solo se limitaron derechos, sino que se suspendieron derechos como la libertad de circulación.

En ese sentido, añade que con la declaración del segundo Estado de Alarma el 25 de octubre se adoptaron dos decisiones que no están permitidas por la Constitución. En primer lugar, la prórroga de 6 meses, cuando la ley únicamente permite las prórrogas de 15 días. Y en segundo lugar, la delegación en las Comunidades Autónomas la adopción de medidas excepcionales. “El Estado, de acuerdo con las reglas constitucionales, tiene unas competencias irrenunciables, de ejercicio obligatorio, que no puede endosar a las Comunidades Autónomas”.

Dicha delegación, ha añadido, derivó en “una variedad de actuaciones caracterizadas por la descoordinación, la confusión e, incluso, el enfrentamiento territorial en algunos casos, que no contribuyen a la eficacia de las decisiones autonómicas que se han ido tomando. Uno de los problemas que están en la raíz de esta situación es, me parece, la inadecuación de combatir un mal general, que se extiende en todo el territorio nacional, con medidas territorialmente limitadas al ámbito de cada comunidad autónoma”.

Asimismo, Aragón ha aludido a la “exigencia de autorización judicial previa a la adopción de normas que establezcan limitaciones por parte del legislador autonómico” para añadir que con esta decisión se convirtió el poder judicial el “colegislador”, un “desastre organizativo y de eficacia”.

Tras elogiar el comportamiento “ejemplar” de la ciudadanía durante estos dos años y la “colaboración constante” entre las Comunidades Autónomas, Aragón ha concluido afirmando que “se equivocan aquellos que creen que la eficacia legitima la inobservancia de la Constitución, ya que se crean climas de desorden y de desconfianza hacia el derecho y las instituciones y no se consiguen soluciones eficaces y permanentes”.

El Aula de Derecho Parlamentario es un instrumento al servicio de la comunidad universitaria, destinado a profundizar en el estudio y conocimiento del sistema político y parlamentario.

Para desarrollar ese objetivo, el Aula organiza cada año jornadas y conferencias con ponentes de reconocido prestigio y un alto nivel científico.

El Aula es gestionada libremente por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, de la cual depende desde que fuera creada en 2002, fruto de un convenio con el Parlamento de Navarra.