El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de EH Bildu y Geroa Bai, las abstenciones de UPN, PSN y Contigo-Zurekin y los votos en contra de PPN, G-Mixto y no adscrita, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para que la seguridad del Estadio El Sadar sea asumida en exclusiva por la Policía Foral de Navarra en todos los partidos y competiciones que en él se celebren”.

La resolución aprobada incluía un segundo punto, desestimado con el respaldo insuficiente de Geroa Bai, EH Bildu y Contigo-Zurekin, en el que el Legislativo Foral trasladaba su “apoyo a la afición del Club Atlético Osasuna y expresaba su solidaridad con las personas que resultaron lesionadas como consecuencia de la carga policial producida el 21 de febrero de 2026”. Este epígrafe había sido incorporado a instancias de EH Bildu, cuya enmienda de adición había sido aceptada por Geroa Bai, titular de la iniciativa. UPN, PPN, G-Mixto y no adscrita se han posicionado en contra.

El PSN ha presentado otra enmienda de adición, no aceptada por Geroa Bai, llamando al Parlamento de Navarra a expresar su “rechazo a las actitudes violentas que atacan la convivencia y los valores del deporte en cualquier evento deportivo” y mostrando su “solidaridad con todos los heridos en los altercados que se produjeron en el Estadio del El Sadar”.

La enmienda de adición socialista hacía explícito también su “apoyo y orgullo a la afición rojilla que anima con valores cívicos y deportivos”, y compelía “a la sociedad, en general, y a las familias, en particular, a seguir contribuyendo en el fomento de los valores de respeto y convivencia en el deporte”.

Tampoco han sido asumidas por Geroa Bai y por lo tanto no han llegado a votarse, las enmiendas de sustitución defendidas por el PSN y C-Z, por un lado, y por el PPN, por otro.

La de los dos grupos de gobierno abogaba por exhortar al Gobierno de Navarra a “adoptar las medidas necesarias para que la seguridad del Estadio El Saciar sea asumida en exclusiva por la Policía Foral de Navarra en todos los partidos y competiciones que en él se celebren”.

La del PPN conminaba al Ejecutivo Foral a “adoptar de manera inmediata, en colaboración con el C. A. Osasuna, las medidas necesarias para garantizar la seguridad del Estadio El Sadar y prevenir altercados por parte de determinados asistentes a los partidos y competiciones que en él se celebren”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Geroa Bai alude a la “inadecuada y desproporcionada” actuación de la Policía Nacional en el último Osasuna-Real Madrid para, de conformidad con el artículo 15 de la Ley Foral 23/2018, donde se define a la Policía Foral como un cuerpo “integral y de referencia”, poner de manifiesto la “injustificable anomalía” que entraña dejar en manos de fuerzas estatales “ámbitos que afectan directamente al autogobierno de Navarra”.

A ese respecto y tras dejar patente que entre las funciones propias de la Policía Foral se encuentra la de “seguridad en eventos deportivos, tal y como —aduce GB a modo de ejemplo— se deriva del despliegue realizado con ocasión del Campeonato Mundial de Saltos de Trampolín celebrado entre el 5 y el 16 de noviembre de 2025 en el Navarra Arena, se imputa a la “falta de voluntad política” la ausencia de avances en el modelo policial propio.

En ese contexto, con el ejercicio de la gestión de la seguridad en competiciones deportivas situada entre los “desacuerdos” del programa rubricado por las fuerzas que sostienen al Ejecutivo Foral, el proponente insiste en que la protección en un evento de gran afluencia implica “decisiones operativas y responsabilidades políticas que deben estar sometidas al control de las instituciones navarras”.

El hecho de que los “graves hechos” ocurridos tras el partido del 21 de febrero, “ampliamente difundidos por redes sociales”, hayan sido “cuestionados por el club, la afición y buena parte de la ciudadanía, no así por la Delegación del Gobierno, que avaló la actuación sin autocrítica alguna”, evidencian los “riesgos de dar continuidad al actual modelo. El ejercicio pleno de esta competencia no es una cuestión simbólica, sino una exigencia democrática”.