El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos los votos a favor de UPN, PPN, G-Mixto y no adscrita, las abstenciones de EH Bildu y Geroa Bai y los votos en contra de PSN y Contigo-Zurekin, la Ley Foral de prórroga de unidades concertadas y bajada general de la ratio máxima de alumnado por unidad escolar como consecuencia de variaciones en el número de alumnado en centros sostenidos por fondos públicos.

La Ley Foral impulsada por UPN tiene por objeto posibilitar un “adecuado equilibrio entre la demanda de las familias y la eficiencia de los recursos” para, en atención a la “realidad demográfica”, flexibilizar los criterios aplicables a la determinación de unidades (nº de aulas) y ratios en la renovación de los conciertos educativos, tanto en centros públicos y concertados.

A tal objeto, se plantea una moratoria de un año para abordar la renovación de los conciertos educativos sujetos a actualización, de modo que en el curso 2026/27 se mantengan las unidades “en los niveles a los que afectan los conciertos”, es decir, conforme a la actualidad. En la práctica supone que habrán de concertarse 290 unidades, en lugar de las 276 previstas.

Además, a los efectos del proceso de admisión, se determina que la reducción de ratios máximos alumnado/aula (los mismos en ambas redes) sería aplicable a partir del curso 2027/28, “reduciéndose las vacantes a ofertar en la enseñanza concertada”. Con esta dilación se persigue evitar la repetición de la prematrícula, tal y como previno el Departamento de Educación cuando el texto original reclamaba su implementación desde el curso 2026/27.

La redefinición de los criterios a tener en cuenta para la renovación de los conciertos se hace depender, entre otros, de la valoración obligatoria de las diferentes propuestas que las direcciones de los centros trasladen al Departamento, a fin de adecuar las unidades educativas a las variaciones en el número de alumnos.

Dichas propuestas, según se hace constar, podrán diferir de las del Departamento en cuestiones tales como inclusión educativa, necesidades de la población escolar, innovación pedagógica, intervención social o cualquier otra que se estimara pertinente.

Desde postulados parecidos, PPN, G-Mixto y no adscrita han defendido también la “complementariedad” entre las redes pública y privada, ambas sostenidas con fondos públicos, han llamado a aprovechar el nuevo contexto poblacional (se ha perdido un tercio del alumnado que se incorpora a Educación Infantil) para “mejorar la calidad del sistema” y han rechazado cualquier intento de abordar las necesidades educativas a partir de “decisiones sectarias o prácticas ideologizadas”.

PSN y Contigo-Zurekin han hecho suyos los criterios técnicos de “disconformidad” esgrimidos por el Ejecutivo, desde donde se advierte que, de llevarse a efecto, la propuesta de UPN no solo generaría incertidumbre en la planificación educativa (plantillas docentes y calendario escolar), sino que comprometería la organización del curso 2026/2027 (habría que repetir el proceso de admisión) y produciría un incremento significativo del gasto público (el impacto presupuestario se cifra en 9,3 millones).

Desde el punto de visto jurídico y a resultas de la “obligación de mantener unidades concertadas y públicas con independencia de las necesidades reales de educación”, el Ejecutivo esgrime que la proposición de Ley Foral podría resultar “inconstitucional”, al entender que invade competencias atribuidas por la legislación básica estatal a las administraciones educativas.

A modo de colofón, se subraya que en la asignación provisional de plazas para el curso 2026/27 el 98,9% del alumnado de 3 años ha obtenido plaza en su primera opción.

En el transcurso del debate efectuado en Pleno se han debatido 8 enmiendas, de las que han prosperado 4, la de UPN, trasladando al curso 2027/28 la reducción de ratios, y tres de EH Bildu, concretadas en la modificación del título de la ley, la supresión de su preámbulo (en ambas, Geroa Bai a favor y abstenciones de UPN, PPN, G-Mixto y no adscrita) y la derogación específica de la Resolución 26/2026, de 1 de abril, por la que se resuelve el procedimiento de renovación del concierto educativo de unidades de segundo ciclo de Educación Infantil y Bachillerato, a partir del curso 2026/27. PSN, Contigo-Zurekin y G-Mixto han votado en contra, de nuevo de manera insuficiente. El resto a favor. Se trata de una derogación específica, que sustituye a la de UPN, de carácter genérico, que apuntaba a "cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley Foral". 

No han prosperado sendas enmiendas de modificación de EH Bildu, por las que se planteaba una moratoria de dos años para, mientras no se apruebe una ley foral que establezca una nueva regulación de la ratio máxima de alumnado por unidad, mantener durante los cursos académicos 2026/27 y 2027/28 las mismas unidades escolares concertadas durante el curso (2025/26).

A ese respecto y en aras a la “seguridad jurídica y a la no generación de daños irreparables a los titulares de los centros educativos afectados”, EH Bildu proponía otorgar al Gobierno un plazo de 18 meses para presentar en el Parlamento un proyecto de Ley Foral dirigido a regular una “bajada general, homogénea y progresiva de la ratio máxima de alumnado por unidad escolar en las etapas educativas no universitarias, incluido el primer ciclo de Educación Infantil, en todos los centros sostenidos con fondos públicos”.

El propósito, según se aducía, era ajustar las ratios a las variaciones en el número de alumnos, producto de la nueva realidad demográfica, teniendo en cuenta también “criterios complementarios que ya se vienen aplicando”.

En ambos casos, el apoyo de Geroa Bai ha resultado insuficiente ante la oposición de UPN, PSN, PPN, Contigo-Zurekin y no adscrita. El G-Mixto ha rechazado la enmienda que demandaba una Ley Foral y se ha abstenido en la que propugnaba la prórroga de las unidades concertadas.

Las siete enmiendas de EH Bildu han sido sometidas a debate y votación, pese a haberse registrado el día anterior solicitud de retirada, al no haber desplegado efectos dicha solicitud por falta de tramitación por la Mesa.

Aprobada en lectura única, la Ley Foral de prórroga de unidades concertadas y bajada general de la ratio máxima de alumnado por unidad escolar como consecuencia de variaciones en el número de alumnado en centros sostenidos por fondos públicos entrará en vigor al día siguiente de su publicació en el BON.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación de la Proposición de Ley Foral (BOPN, nº 42, de 28-04-2026)
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