El Presidente del Parlamento, Alberto Catalán, ha instado a no convertir la Carta Magna en un “arma arrojadiza entre las dos principales formaciones políticas llamadas a gobernar España” porque, aun asumiendo que “no es intocable”, se impone “preservar el espíritu de concordia y unidad” con la que fue elaborada.

El Presidente se ha expresado así en el acto de apertura de la Jornada ‘La crisis de la representación política. Legitimidad y desafección’, una cuestión “hoy actual, siempre fundamental”, que remite al artículo 23 de la Constitución Española, donde se recoge “el derecho de participación política de los ciudadanos y el principio de representación”.

Al hilo de la discusión pública sobre la modificación del texto constitucional, Catalán se ha preguntado si la desafección política de los ciudadanos y su distanciamiento de las instituciones “es un problema de reforma de la Ley Fundamental o de otra índole, como percepción de falta de ética y de transparencia en la gestión pública y el funcionamiento de las propias instituciones”.

Así, el Presidente se ha mostrado partidario de reflexionar sobre las reformas que sean necesarias y ha aludido, por ejemplo, a la “apertura de los partidos políticos”, de quienes, ha dicho, tienen que dar “ejemplo de transparencia y participación en la confección de las listas con que se presentan a las elecciones”.

Además, ha considerado “absurdo” asignar una percepción económica a ex presidentes del Gobierno de España “cuando realizan trabajos para empresas privadas y son retribuidos por ello”, o pretender modificar el sistema de los tribunales de cuentas, “cuando realmente lo necesario sería darles independencia y exigir más eficacia y eficiencia”.

Finalmente, “y frente a los comportamientos graves e inadecuados de algunos que ejercen la representación pública y que dañan la imagen de las instituciones”, Catalán ha reivindicado el papel del Parlamento en la vida democrática y del conjunto de la sociedad para “educar en principios y valores de transparencia, solidaridad y servicio público”.

La Jornada ‘La crisis de la representación política. Legitimidad y desafección’ que, en virtud del Convenio suscrito en 2005, organiza el Legislativo Foral en colaboración con la Fundación Giménez Abad, ha incluido tres ponencias y un coloquio. El contenido del programa ha sido el siguiente:

La primera ponencia ha tenido como protagonista a Josep Joan Moreso Mateos, Catedrático de Filosofía del Derecho y ex Rector de la Universidad Pompeu y Fabra. Ha versado sobre “Los valores que fundamentan la acción política”.

La segunda conferencia ha contado como ponente con Ángel J. Gómez Montoro, Catedrático de Derecho Constitucional y ex Rector de la Universidad de Navarra, que ha centrado su exposición en la “Centralidad del Parlamento y la crisis de la representación”.

La tercera charla ha corrido a cargo de Benigno Pendás García, Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Consejero de Estado y Letrado de las Cortes Generales, que ha disertado en torno a “Una respuesta constitucional a la desafección política”.

La jornada, que se ha completado con un coloquio, ha contado con la asistencia, entre otros miembros de la Mesa, Parlamentarios y representantes públicos, de Maite Esporrín, (G.P. SN), Koldo Amezketa (G.P. Bildu), Eloy Villanueva (G.P. PPN), Javier Enériz, Defensor del Pueblo y José Tudela, presidente de la Fundación Giménez Abad.

La Fundación Giménez Abad tiene como finalidad “contribuir a la investigación, conocimiento y difusión de la Institución parlamentaria y del modelo de distribución territorial del poder que representa el Estado autonómico, de acuerdo con los valores de libertad, igualdad y respeto a la libre convivencia y pluralismo ideológico, sirviendo de esta manera de homenaje constante a Manuel Jiménez Abad”, político (diputado por las Cortes de Aragón, Senador y presidente del PP en Aragón), abogado (Letrado Mayor de las Cortes de Aragón) y docente (Universidad de Navarra, Universidad de Granada e Instituto Aragonés de Administración Pública) asesinado por ETA en mayo de 2001.