El Parlamento de Navarra ha acogido esta tarde un nuevo acto de entrega de la Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal, el segundo tras el celebrado el 15 de diciembre de 2011 (se otorgaron 69), en este caso a favor de 30 personas pertenecientes a la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra (AFFNA), descendientes todos de ciudadanos que padecieron violencia o persecución durante la Guerra Civil y la dictadura.

La apertura de la ceremonia, celebrada al amparo de la Ley de Memoria Histórica y, según ha precisado Alberto Catalán, en el marco de los “pronunciamientos y la voluntad expresada” por esta Cámara, ha corrido cargo del Presidente, quien, en el curso de su intervención, ha destacado la “unanimidad” suscitada en la Comisión Constitucional del Congreso a la hora de aprobar un texto que “reitera” la “deslegitimación de la violencia” como medio para “imponer convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y la dignidad”.

Sobre esa misma consideración se “sustentan” la resolución aprobada por el Legislativo Foral el 10 de marzo de 2003, el informe de la ponencia para el estudio de la atención a las víctimas del 36 en Navarra y la Ley Foral de reconocimiento y reparación moral” alumbrada el pasado 14 de noviembre.

Pruebas inequívocas de que el Parlamento de Navarra, a decir de Catalán, “mantiene la necesidad de honrar y recuperar para siempre la memoria de todos los que padecieron injusticias y agravios por motivos políticos o ideológicos de cualquier índole, especialmente de quienes perdieron la vida o padecieron prisión, deportación, exilio o trabajos forzosos, sin olvidarnos de sus familiares”.

En ese contexto, el Presidente se ha referido a la colaboración entablada con la UPNA para la creación de un fondo documental sobre la memoria histórica, llamado a “fomentar la sensibilización ciudadana en torno a los hechos acaecidos en Navarra durante la guerra civil y la dictadura”. Una labor de concienciación y humanización que “hoy trasladamos al Parlamento, espacio habitual de confrontación pacífica de ideas, libertad de expresión y respeto al pluralismo, para volver hacer de él lugar de reconocimiento y recuerdo”.

Reconocimiento que “hacemos desde el Estado de Derecho, Social y Autonómico que consagra la Constitución, principio básico de convivencia y símbolo de la verdadera institucionalización de la memoria colectiva”, ha significado el Presidente.

A modo de cierre, Alberto Catalán ha recordado que, a día de hoy, los cargos electos y de representación pública siguen trabajando para, “combatiendo las presiones, coacciones y amenazas de los que no creen en el Estado de Derecho ni en el sistema democrático, garantizar el progreso y los derechos humanos”.

Olga Alcega, presidenta de la AFFNA, se ha congratulado por el hecho de que, “tras años de silencio oficial, las puertas de las instituciones van abriéndose poco a poco. Todavía es mucho el trabajo que resta para completar el puzle de la memoria histórica, sobre todo seguir buscando a los desaparecidos”.

Alcega ha insistido en que “han sido 40 años de democracia y olvido imperdonables. Las instituciones volvieron la cara a este dolor. Hoy recibimos un documento, un legajo para reparar la memoria de las personas perseguidas, violentadas y desaparecidas por motivos políticos y, con ello, rescatar los valores democráticos. Tarde, pero llegamos”.

Desde la Asociación de Familiares de Fusilados y Desaparecidos de Navarra, promotora del acto, Olga Alcega ha asegurado que seguirán “luchando, buscando y desenterrando, contribuyendo a que la memoria democrática de Navarra sea más rica, veraz y respetuosa con los 3.402 navarros asesinados”.

Seguidamente, conscientes de hallarse ante “un acontecimiento impensable hace años”, Joaquín Arroyo, Arcadio Ibáñez y Antonio Bartos, familiares de algunos de los homenajeados, han subido al estrado para glosar la figura de sus allegados (“Cada pequeña batalla ganada es un paso más hacia la justicia y la verdad”) y recordar su “tenaz resistencia a la indiferencia y al olvido de aquella barbarie”.

Después de dejar constancia de sus testimonios, el Presidente del Parlamento, Alberto Catalán, y el Defensor del Pueblo, Javier Enériz, han procedido a la entrega de los certificados a los familiares de 30 represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura posterior.

Finalizado el reparto, Francisco Javier Enériz, Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral, ha tomado la palabra para poner en valor “el sentido de justicia” de los familiares, “sin revanchismo, sin odio, perdonando, en silencio, tratando de no crear afrentas, buscando el cuerpo y la dignidad del caído evitando extender el dolor a los demás. Esa actitud ejemplar y pacífica de búsqueda y paz es lo que celebramos en este acto tan emotivo y sentido”.

Enériz ha aludido también a la Ley de Amnistía del 77, que si bien “abrió un nuevo horizonte de reconciliación y perdón, no declaró el silencio ni suprimió el derecho a la búsqueda y la restitución del buen nombre y la dignidad de las víctimas”.

El acompañamiento musical ha corrido a cargo de la violinista Zelaida Biurrun, que ha interpretado el Himno a la República, el zortziko No te olvido, Si me quieres escribir, Maravillas y Maitia nun zira.

Entre los cargos electos y autoridades asistentes al acto se encontraban Enrique Maya, Alcalde de Pamplona, Javier Morrás, consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Txentxo Jiménez, Vicepresidente Segundo del Parlamento, Maite Esporrín, Secretaria Primera, Koldo Amezketa, Secretario Segundo, Coro Gainza, Javier Caballero (G.P. UPN), Juan José Lizarbe, Carmen Ochoa, Santos Cerdán, Pedro Rascón (G.P. SN), Víctor Rubio (G.P. Bildu), Patxi Zabaleta, Nekane Pérez (G.P. Aralar-Nabai), José Miguel Nuin, Txema Mauleón, Marisa de Simón (G.P. I-E), Patxi Leuza (no adscrito) y la Senadora María Chivite.

La entrega de estos certificados de reparación moral responde a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”.

En virtud del citado artículo de la Ley de Memoria histórica, “se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la Dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores. Este derecho es plenamente compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en normas anteriores, así como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia”.

La relación de personas homenajeadas es la siguiente: Felipe Arrieta Ochoa, Carmelo Arrondo Irisarri, Agustín Joaquín Arroyo Alfaro, José María Arroyo Alfaro, Benito Baigorri Falces, Galo Biurrun García de Galdeano, Felipe Elizalde de Arano, Primo García Lanaspa, Ángel Ibáñez Sesma, Román Ibero Hualde, Victoriano Iturmendi Fernández, Roque Jarauta Chueca, Pedro Lacarra Alduán, Andrés Lafraya Soret, Ángel Lafraya Pilarte, Estanislao Las Bertol, Alfonso Marquina Vicente, Félix Miramón Sánchez, Genaro Ochoa Lorente, Julio Orta Simón, José Pérez Aznar, Antonio Pérez Ullate, Ramón Ramos García, Ricardo Rebolleo Antolín, Ricardo Rosel Aguirre, Germán San Juan Bervete, Mauricio Simón Arriazu, José Francisco Tapiz Pila, Marcelino Zaratiegui Martínez y Nazarino Zúñiga Monreal.