El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de SN, Nabai, Bildu e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución para instar al Gobierno de España a “cerrar los centros de internamiento de extranjeros y reformar la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”. Promoviendo, a su vez, una política de migración “realmente basada en la integración, no en la utilización de la población migrante, y capaz de garantizar los derechos fundamentales para todas las personas, independientemente de su origen”.

La resolución aprobada incluye tres puntos más, agregados a partir de una enmienda de adición suscrita por UPN y SN y aceptada por los grupos proponentes, Nabai, Bildu e I-E. Ha contado con el respaldo de todos, salvo el PPN.

En dicho anexo, se insta al Gobierno de España a “garantizar que se respeten los derechos humanos y se dispense un trato correcto a las personas internadas en los Centros de Internamiento de Extranjeros”.

A su vez, se insta al Ejecutivo central a “garantizar que los centros de internamiento de Extranjeros existentes en la actualidad reúnan unas condiciones óptimas de habitabilidad, que permitan una estancia digna a las personas allí recluidas”.

Finalmente, se solicita al Gobierno de España que proceda a “elaborar, a la mayor brevedad, un Reglamento sobre el funcionamiento y condiciones de internamiento en el que se produzca la participación real y no solo formal de las organizaciones que trabajan en este tema (texto ya aprobado en este Parlamento el pasado 1 de marzo, en una Declaración Institucional, en el seno de la Comisión de Convivencia y Solidaridad Internacional).

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por los grupos parlamentarios Nabai, Bildu e I-E considera que la detención administrativa de personas extranjeras supone una “violación de los derechos fundamentales”, conduce a la “creación o exacerbación de problemas psicológicos” y constituye una “extensión del modelo carcelario” que “a menudo” escapa al “control judicial efectivo”, generándose así una “grave inseguridad jurídica” y una “notable indefensión” de los migrantes retenidos, tal y como vienen poniendo de manifiesto en sus informes “organizaciones internacionales y no gubernamentales” de diversa índole.

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· Publicación de la moción (BOPN, n.º 32, de 30-03-2012)