Aprobada una resolución por la que se insta al Gobierno de España a no aplicar medidas que limiten y vulneren los derechos civiles y la libertad de expresión de la ciudadanía
Se estima que desde Interior se busca "utilizar la imposición" para mantener a la sociedad "muda y pasiva" ante todo lo que pudiera "atentar contra sus derechos"
El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de SN, Nabai, Bildu e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que se insta a la Cámara a “rechazar cualquier medida que limite y vulnere los derechos civiles de la ciudadanía.”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se insta al Gobierno de España a “respetar los derechos civiles de todas las personas”.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se llama al Gobierno central a “no aplicar las medidas anunciadas”.
El G.P. Nabai ha presentado una enmienda in voce de adición, aceptada por el grupo proponente pero rechazada con los votos en contra de UPN y PPN y la abstención de SN, para “remitir escrito de queja a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo”, con motivo de la modificación del Código Penal anunciada por el Ministro del Interior, ya que prevé incluir como delitos la resistencia pasiva y, entre otros, la convocatoria de concentraciones mediante internet. El respaldo de Nabai, Bildu e I-E, también para dar traslado de esta iniciativa “al resto de los Parlamentos del Estado, animándoles a que presenten queja”, ha resultado insuficiente.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. Bildu se remite a las medidas anunciadas el pasado 11 de abril por Ministro del Interior y, tras constatar que “atentan directamente contra los derechos civiles y la libertad de expresión”, concluye que el objetivo es “utilizar la imposición” para mantener a la sociedad “muda y pasiva” ante todo lo que pudiera “atentar contra sus derechos”.
Entre las medidas “impropias de una sociedad democrática” que baraja Jorge Fernández Díaz se citan la tipificación de la resistencia pasiva como atentado contra la autoridad y la posibilidad de imputar por integración en organización criminal a quien, a través de cualquier medio, convoque movilizaciones que puedan alterar el orden público.
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· Publicación de la moción (BOPN, n.º 37, de 20-04-2012)