El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a “dirigirse a la Junta de Contratación Pública de Navarra a los efectos de solicitar un informe sobre las cláusulas que se pueden incluir en las diferentes fases de los futuros pliegos de condiciones de contratación de las distintas Administraciones de Navarra, en relación a la responsabilidad fiscal de las empresas concurrentes que operan y tributan en paraísos fiscales, de acuerdo con el ordenamiento legal vigente y con el respeto a la libre concurrencia y la igualdad en acceso a los contratos”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Ejecutivo Foral a que,“ una vez obtenido el pronunciamiento favorable y atendiendo al alcance del mismo, se proceda a la elaboración inmediata de la normativa reglamentaria necesaria para la inclusión de estas cláusulas contractuales en los procesos de contratación pública que contemplen el tratamiento a las empresas concurrentes con criterios y/o actividad económica en paraísos fiscales, encaminadas a incorporar criterios que garanticen la transparencia pública, bien como requisito previo en la fase preparatoria, bien como elementos de valoración, favoreciendo en todo caso a aquellas empresas que cumplan correctamente con sus obligaciones fiscales o como una obligación en las condiciones de ejecución”.

Además, “en caso de informe afirmativo”, se solicita que se “explicite en los pliegos de condiciones que estas empresas que tributan en paraísos fiscales no concurren en igualdad de condiciones. En ese sentido, se solicitará la siguiente información con desglose por filial, es decir, para cada una de las filiales que tiene en cada país considerado territorio fiscal: nombre, actividad, número de empleados, cifra de negocios, beneficios/pérdidas, impuestos, subvenciones recibidas”. Este epígrafe ha prosperado con los votos en contra de UPN y PPN y la abstención de PSN.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se conmina al Gobierno de Navarra a “que en el nuevo proyecto de Ley Foral de Contratos se regule la exclusión de la contratación pública a empresas que estén radicadas o cuenten con amplia presencia en paraísos fiscales sin actividad económica que los justifique, favoreciendo a aquellas empresas que cumplen correctamente con sus obligaciones fiscales y, por tanto, presentan un mayor nivel de responsabilidad fiscal”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra demanda la introducción de criterios éticos en las convocatorias de contratación pública para, en aras a la transparencia y la igualdad de trato, penalizar a las sociedades que utilizan paraísos fiscales para evadir o eludir impuestos y premiar a las empresas que no llevan a cabo prácticas fraudulentas.

En consonancia con las medidas que, de cara a “asegurar la responsabilidad fiscal en la gestión de las licitaciones públicas”, se están tomando en distintas zonas de Europa, los proponentes abogan por acabar con la “competencia desleal, con la distorsión de un mercado mediatizado por ofertas baratas derivadas de la utilización de paraísos fiscales con baja o nula tributación”.

La justificación final para la concesión de estos contratos “siempre es la misma: la oferta económica más ventajosa. No hay cláusulas sociales, nada de condiciones laborales de los empleados, respeto a derechos a humanos, medio ambiente y menos aún preocupa el entramado financiero que en numerosas·ocasiones existe detrás de estas grandes empresas y que con frecuencia desemboca en algún país considerado paraíso fiscal”.

Por todo ello, para “conseguir que Navarra se declare como territorio libre de paraísos fiscales y exija a las empresas que concurran a un proceso de licitación que muestren si mantienen vínculos con paraísos fiscales, se urge a la implantación de una serie de medidas de transparencia Pública que alcancen a la ciudadanía, para que desde la sociedad se practique también la tolerancia cero con las personas jurídicas que no respeten las obligaciones tributarias”.

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• Publicación de la moción (BOPN, n.º 80, de 03-06-2016)