La Comisión de Derechos Sociales ha aprobado hoy el dictamen en relación con la proposición de Ley Foral por la que se adoptan medidas de apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en materia de vivienda.

La proposición de Ley Foral presentada por los G.P. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu y la A.P.F. Izquierda-Ezkerra tiene por objeto “hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada mediante el fomento del alquiler protegido y la rehabilitación en función de las necesidades de toda la ciudadanía.

La proposición de Ley, en cuya elaboración ha participado el Servicio de Vivienda del Departamento de Derechos Sociales, pretende modificar la actual legislación, con el fin de promover el derecho a una vivienda digna a todas las personas; impulsar el alquiler protegido a través de un descenso de los precios y la promoción de nueva vivienda; y facilitar otras actuaciones como la rehabilitación de edificios, flexibilizando los requisitos para acceder a ayudas o mejorando las subvenciones.

Otras medidas que se contemplan para “huir del modelo de la burbuja inmobiliaria” son estimular la promoción de nuevas viviendas a través de cooperativas, regular una nueva fórmula de tenencia como es la cesión en uso, favorecer la participación pública en el diseño de las políticas de vivienda y mejorar la eficiencia energética de los inmuebles.

En cuanto al fomento del alquiler protegido, la proposición de Ley prevé un descenso de las rentas de entre un 8,05% y un 14,67% respecto a los precios de 2015. Estas cuantías, que estarán congeladas durante 2017, se actualizarían conforme al IPC.

Así, el precio inicial máximo de renta aplicable a los nuevos contratos de arrendamiento de viviendas protegidas sería en la Comarca de Pamplona de 5,40 euros el m2 útil de vivienda, de 60 euros para la totalidad de la superficie de garaje y de 2 euros el m2 útil de trastero y resto de anejos. En el resto de localidades navarras, el precio máximo de alquiler sería de 5,10 el m2 útil de vivienda, no estableciéndose variaciones para garaje y trasteros.

Igualmente, se establecen subvenciones de entre un 23 y un 30% para la promoción de viviendas nuevas en alquiler protegido, y se prevén subvenciones del 50% para las entidades locales que rehabiliten sus viviendas vacías para destinarlas al alquiler.

El texto establece también obligaciones para los arrendadores de vivienda protegida sobre la información que deben proporcionar a los y las inquilinas de los gastos de comunidad o similares. Por contra, la Administración deberá proporcionar al propietario de la vivienda toda la información que pudiera constar sobre sentencias que afecten al futuro inquilino en materia de vivienda (por impagos o destrozos) y convivencia vecinal. Esta cautela, promovida por el PSN vía enmienda, ha sido aceptada por unanimidad.

Del mismo modo, se contempla que una vivienda pueda continuar siendo destinada al alquiler protegido aun cuando haya concluido el plazo. A tal objeto, y por unanimidad a instancias de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, se ha ampliado de seis a ocho meses el margen para renovar la calificación.

Para acceder a la bolsa de alquiler, será imprescindible que las viviendas estén en las condiciones mínimas necesarias, tanto en lo tocante al estado de conservación, como en lo relativo a la instalación eléctrica y al resto de dotaciones. No obstante, según consta en la enmienda de UPN aprobada por asentimiento, se mantiene la cláusula de garantía por si el propietario no estuviese en condiciones económicas de hacer los arreglos, en cuyo caso se podría pactar una rehabilitación previa, cuyo importe se iría descontando de las mensualidades a percibir.

Por otra parte, la Comisión ha acordado encomendar al Gobierno de Navarra que impulse los acuerdos de colaboración con entidades financieras y con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración bancaria (SAREB), con el fin de evitar el desalojo de familias y personas afectadas por el impago de la hipoteca, siempre que carezcan de alternativa propia de vivienda y se hallen dentro de los parámetros de acceso a VPO o en riesgo de exclusión.

A tal objeto, bien antes de imponer demanda judicial de ejecución hipotecaria o desahucio por impago de alquiler, bien antes de adquirir una vivienda que tenga por causa alguno de esos motivos, la entidad bancaria podrá ofrecer una propuesta de alquiler social o realojo razonable. Esta previsión, contenida en una enmienda del PSN, ha salido adelante con las abstenciones de UPN y PPN.

En cuanto a las subvenciones a promotores de vivienda de protección oficial, la Ley trata de evitar su lanzamiento allá donde no exista demanda o perviva un parque importante, de ahí la exigencia de al menos 100 solicitudes de alquiler por localidad, “salvo cuando sea el propio municipio o una sociedad pública la que promueva las viviendas o cuando el Alcalde/Alcaldesa lo autorice expresamente”. La enmienda de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E ha prosperado con los votos en contra de UPN, PSN y PPN.

El número máximo de viviendas arrendadas en cada promoción a personas jurídicas sin ánimo de lucro no podrá exceder del 6%, si bien en el caso de promociones con pocas viviendas (16 o menos) se permitirá una, a tenor de lo dispuesto, con la abstención del PPN, en la enmienda de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E.

También a propuesta del cuatripartito, con las abstenciones de UPN y PPN y a propósito de la Directiva Europea que obliga a partir del 31 de diciembre de 2020 a que todos los edificios nuevos tengan un consumo de energía “casi nulo”, se ha acordado adelantar al 1 de enero de 2017 el cumplimiento de tal exigencia, en el caso de viviendas protegidas promovidas por sociedades públicas. En ausencia de definición nacional de edificio de consumo casi nulo, se admitirá el cumplimiento de los estándares o certificaciones más reconocidos que acrediten necesidades de energía muy reducidas, equiparables a las contenidas en las definiciones existentes a nivel europeo.

En cualquier caso, los proyectos de viviendas protegidas que se presenten para su calificación provisional a partir del 1 de enero de 2018, deberán obtener como mínimo un nivel A de idoneidad energética. Desde el 1 de enero de 2019, de conformidad con la Directiva, deberán cumplir ya los requisitos para ser edificios de consumo de energía casi nulo.

Del mismo modo, se ha convenido que la información y publicidad sobre las características materiales de las viviendas, sus servicios e instalaciones y las condiciones jurídicas y económicas de adquisición y arrendamiento no deberán omitir datos esenciales y, en todo supuesto, “habrán de especificar si se encuentra en fase de proyecto”. Además, se amplía de dos a cinco días el plazo mínimo para que los interesados puedan estudiar y examinar de antemano, con mayor detenimiento, el contrato de adquisición propuesto. Esta reserva, auspiciada por el cuatripartito, ha sido validada con los votos en contra de UPN y PPN.

La proposición de Ley proyecta, a su vez, dar un impulso a la rehabilitación protegida de edificios y viviendas, incrementando las ayudas destinadas al efecto entre un 5% y un 40%. Asimismo, se prevé suprimir el requisito de no disponer de otra vivienda para acceder a las ayudas por rehabilitación y mejorar las cuantías. Y se advierte de que, caso de estar obligado, la calificación como actuación protegible exigirá estar en posesión del informe de Evaluación de Edificios.

Del mismo modo, se extiende la posibilidad de financiación no sólo a la mejora de las envolventes térmicas, sino también a la optimización de la eficiencia de las instalaciones térmicas centralizadas de edificios, así como a las actuaciones en materia de accesibilidad, apartado en el que se precisa que las plataformas elevadoras no cabinadas y los ascensores de dimensiones inferiores a 70 centímetros de ancho por 90 de fondo no tendrán derecho a ayudas.

A ese respecto, se apunta que las mejoras térmicas y de accesibilidad serán susceptibles de estar financiadas por fondos estructurales de la UE, con independencia de que el porcentaje de subvención concedido a la comunidad sea inferior al 50%. Esta enmienda, registrada por Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e I-E, ha recabado unanimidad.

También se proyecta mejorar las subvenciones dirigidas a determinados colectivos como mayores de 65 años y jóvenes, además de personas con discapacidad motriz grave, familias numerosas, víctimas de terrorismo y de violencia de género. A estas últimas, en consonancia con la Ley 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres, se les garantiza el acceso a una vivienda. Dicha reserva, propuesta por PSN, ha sido aceptada por unanimidad.

Igualmente, la proposición de Ley busca disminuir la cantidad mínima que se debe gastar en las obras para que puedan ser subvencionables (de 6.000 a 2.000 euros), y establecer una línea de ayudas específicas para dotar de condiciones adecuadas a los inmuebles adquiridos bajo el Programa de Vivienda de Integración Social o que sean propiedad de familias perceptoras de la Renta de Inclusión Social.

Además, se prevén otras modificaciones como ampliar a 120 metros cuadrados la superficie máxima de las viviendas rehabilitadas que se creen por adición o división de las existentes.

Por otro lado, la proposición de Ley contempla la constitución de cooperativas de personas empadronadas en un municipio durante al menos el último año, de cara a promover viviendas protegidas. Su adjudicación no se efectuaría a través del censo único de solicitantes, siempre que se construyan en localidades de menos de 10.000 habitantes (hasta ahora en localidades de menos de 3.000 vecinos) situadas fuera de la Comarca de Pamplona.

Otra novedad es la promoción de viviendas de protección oficial por asociaciones sin ánimo de lucro en régimen de cesión de uso. La propiedad del inmueble recaería de modo indefinido en la asociación y sus personas asociadas tendrían un derecho de uso indefinido, transmisible en caso de fallecimiento. Sería necesario aportar una cuota de entrada y pagar un canon mensual. La duración del régimen de protección será indefinida y tampoco será necesaria la adjudicación de las viviendas a través del censo único.

En otro orden de cosas, la proposición dispone la elaboración, con participación pública, de un Plan de Vivienda de Navarra y la creación del Consejo de la Vivienda de Navarra, un órgano consultivo en el que tomarán parte las principales empresas y asociaciones del sector.

La proposición establece una serie de medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda a colectivos vulnerables, tales como otorgar más puntos en el baremo a las personas que han sufrido desahucios o la posibilidad de ceder viviendas a entidades locales o sin ánimo de lucro, para atender las necesidades que puedan surgir.

Según se estipula, los años de empadronamiento en un municipio ya no puntuarán a la hora de aspirar a la adjudicación de una vivienda de protección, ya sea en régimen de alquiler como de compra. Se esgrime que el derecho a la vivienda debe ser garantizado con independencia de los años que se lleve residiendo en un determinado lugar, ya que todas las personas empadronadas en Navarra deben ser tratadas en términos de igualdad.

Por último, se hace constar que el baremo y las reservas resultantes tras la entrada en vigor de la presente Ley Foral se aplicarán a los procedimientos de adjudicación de viviendas que se inicien a partir del 1 de marzo de 2017.

En el transcurso del análisis efectuado en Comisión se han debatido 68 enmiendas, de las que se han aprobado 16, las 10 suscritas por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, más dos de UPN (de 23) y 4 de PSN (de 33). El PPN ha presentado dos, ambas desestimadas.

El grueso de las enmiendas del G.P UPN ha censurado el procedimiento empleado, la modificación del Reglamento a través de la Ley, la ausencia de participación reglada y la carencia de informe económico.

Por lo demás, UPN ha cuestionado el “protagonismo destacado, por encima de todos los demás, que obtienen los beneficiarios de la RIS”, ha contrapuesto la “desaparición de la ventaja de residencia en los baremos de adjudicación con las ventajas otorgadas a los morosos de alquiler”, y ha criticado el “cambio de precios”, y la reducción del presupuesto mínimo subvencionable en trabajos de rehabilitación”. Además, ha mostrado su disconformidad con la creación de un nuevo tipo de actuación protegida, la “cesión en uso, al que se dota de ayudas importantes y permanentes. No es aceptable esta excepción”.

Para el G.P. PSN, la proposición de Ley resulta “poco ambiciosa, porque no aborda el principal problema, que es el de la vivienda vacía”. Sus enmiendas han ido dirigidas, entre otros, a aumentar el parque de viviendas en alquiler mejorando las deducciones fiscales y las condiciones del arriendo con derecho a compra; a igualar los derechos de acceso a ayudas en función de la renta y no del tipo de vivienda; a regular la infravivienda y la sobreocupación; y a facilitar la emancipación juvenil.

La A.P.F. PPN se ha limitado a significar que se trata de una Ley que “crea desigualdad, pues no es ni justa ni equitativa. Se apuesta por un modelo se sociedad subsidiaria”.

Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E han coincidido en destacar que se trata de un “avance importante en derechos dentro del ámbito de las políticas públicas de vivienda. El respaldo económico a la Ley está en los Presupuestos Generales de Navarra para 2017, donde se registra un incremento de 7 millones. En cuanto a la vivienda vacía, hay que recordar que la Ley Foral 24/2013 de medidas urgentes para garantizar el derecho a la vivienda en Navarra, donde se aborda esa cuestión, fue suspendida por el TC a petición del Gobierno del PP. Y respecto a la ventaja de residencia suprimida, sorprende que grupos que apuestan por la movilidad social en otros terrenos, como el laboral, la impidan en el ámbito de la vivienda. Esta Ley es un primer paso, quedan pasos decisivos que dar y trataremos de hacerlo a través del Plan de Vivienda de Navarra”.

Tras la aprobación del dictamen, la proposición de Ley Foral por la que se adoptan medidas de apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en materia de vivienda será elevada a Pleno para su definitivo debate y votación.

A la sesión, presidida por Bakartxo Ruiz (G.P. EH Bildu), han asistido Luis Zarraluqui, Maribel García Malo, Cristina Altuna, Carmen Segura (UPN), Isabel Aranburu, Virginia Alemán, Patxi Leuza (Geroa Bai), Asun Fernández de Garaialde (EH Bildu), Mikel Buil, Carlos Couso (Podemos-Ahal Dugu), Ainhoa Unzu, Nuria Medina (PSN), Javier García (PPN) y José Miguel Nuin (Izquierda-Ezkerra).

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación del Proyecto de Ley Foral (BOPN, nº 100, de 07-09-2016)