La comisión de Relaciones Ciudadanas e Institucionales ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, PSN e I-E, las conclusiones de la Ponencia dirigida a recabar propuestas susceptibles de contribuir al impulso del empleo femenino de calidad y a la reducción de la desigualdad laboral, un problema de índole “multidimensional y estructural” que, según se aduce, “exige una solución transversal”. UPN se ha abstenido (PPN no ha participado en la votación).

 

La Ponencia, entre cuyos acuerdos se hace constar su disposición a “colaborar en la confección del Plan Estratégico vinculado a la Ley Foral de Igualdad de Mujeres y Hombres” que, previsiblemente, se aprobará este jueves en el último Pleno de la Legislatura, imputa a las instituciones públicas la “responsabilidad de promover las acciones necesarias para acabar con la segregación y la discriminación de la mujer en el terreno profesional”.

 

A tal objeto, para avanzar hacia una “valoración económica y social igualitaria de todos los trabajos”, se reclaman medidas legislativas en materia de “corresponsabilidad, información y transparencia retributiva”. A su vez, de nuevo sobre la base de lo que entienden es un “diagnóstico compartido por todos los agentes implicados”, se reivindica la promoción de la mujer en la esfera de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática y en sectores como los de la automoción, el transporte o la construcción”.

 

Todo ello sin menoscabo de los avances producidos a partir de Leyes que, como las de Contratos Públicos o Ciencia y Tecnología, introducen la perspectiva de género, a decir de los ponentes “fundamental para transitar hacia un nuevo modelo empresarial inclusivo y paritario”.

 

Así, tras constatar la pervivencia de “barreras organizativas” derivadas de una “cultura productiva sexista que obstaculiza el acceso, permanencia y promoción de la mujer”, se aboga por el diseño de un “patrón alternativo de conductas que, rompiendo estereotipos y roles, despenalice el cuidado, posibilite un sistema neutro de clasificación y evaluación de puestos (de trabajo) y propicie un pacto social, empresarial e institucional tendente a racionalizar y flexibilizar los horarios laborales”.

 

En aras a “superar el déficit existente” en el marco de la corresponsabilidad, se llama a “dar mayor realce y visibilidad a las tareas del cuidado”, así como a “dignificar las condiciones las personas cuidadoras, sean o no profesionales”.

 

Entre las medidas que, en favor de ese tránsito hacia otro modelo social, se citan con carácter expreso están la “recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social para las cuidadoras no profesionales y el pleno reconocimiento de derechos laborales para las empleadas de hogar”. A ello se añade el fomento de “recursos socio-comunitarios de atención a la dependencia y al ciclo 0-3 años”.

 

En lo concerniente al empleo, se apuesta por robustecer el papel del SNE en los métodos de colocación en la empresa privada, además de por el establecimiento de procesos de contratación públicos en los que “no se valore más el sexo de la persona que sus habilidades y destrezas”. En ese sentido, se considera esencial incorporar el criterio de Igualdad de Género en la negociación colectiva, para lo cual el INAI “impulsará la formación a empresas y representantes sindicales”.

 

A tal objeto, se sugiere facultar a la Sección competente por razón de la materia para que, con carácter previo al registro y publicación del Convenio o Pacto de empresa, compruebe su adecuación a la normativa de igualdad de oportunidades y no discriminación. Por analogía, Inspección Laboral vería también reforzadas sus potestades en cuestión de paridad.

 

Del mismo modo, se propone someter a examen los Planes de Conciliación y los Planes de Igualdad, para cuya gestión se plantea la creación de un registro único dependiente del Servicio de Trabajo de la Dirección General de Política Económica, Empresarial y Trabajo, a la postre encargado de “valorar cada dos años la implementación y el resultado” de los mismos.

 

No obstante, se advierte que la viabilidad de esos planes dependerá en buena medida de que sean “fruto de la negociación colectiva, a partir un diagnóstico previo entre la empresa y la representación social”.

 

El informe concluye subrayando el “compromiso de todos los grupos parlamentarios con la reducción de la brecha de la desigualdad y el empleo femenino”, tarea para la cual emplazan a la elaboración del Plan Estratégico que, en el marco de la Ley Foral de Igualdad de Mujeres y Hombres, tendrá lugar la próxima legislatura. Y lo hacen tras advertir que el desarrollo de esa norma y su “innovador” concepto de sostenibilidad de la vida, “clave para lograr el cambio social y económico”, exigirá “financiación adecuada y sostenida en el tiempo”.

 

La reapertura de la Ponencia, por tanto, responde a la voluntad de ser “agentes activos” en la aplicación del principio de equidad de género.

 

Propuesta el G.P. Geroa Bai, la Ponencia tiene su origen en la extinta Comisión Especial para la elaboración de un informe dirigido a impulsar el empleo femenino de calidad y a reducir la brecha de la desigualdad laboral, una iniciativa del G.P. UPN que la Mesa, a petición de todos los Grupos y Agrupaciones de la Cámara, acordó dejar sin efecto en su sesión del 3 de septiembre de 2018.

 

La citada Comisión Especial se constituyó el 24 de abril, pero no cuajó debido a razones de forma, cuestión que se ha pretendido subsanar con el nuevo formato, más ágil y flexible para, según se arguyó, conformar un plan de trabajo llamado a enriquecer la Ley de Igualdad de Mujeres y Hombres que mañana, día 28, se vota.

 

De acuerdo con las normas aprobadas por la Mesa del Parlamento el 26 de marzo de 2018, el objeto de la Comisión Especial –luego Ponencia­– ha sido “elaborar un informe con propuestas concretas dirigidas a impulsar el empleo femenino de calidad y reducir la brecha de la desigualdad laboral, dado que Navarra es la Comunidad donde mayor diferencia hay entre lo que cobra un hombre y una mujer”.

 

A ese respecto, se aludía al diagnóstico presentado por el Gobierno de Navarra, donde queda patente que las mujeres “trabajan menos, en peores condiciones y por menos salario”. A ello se añade que el tiempo que dedican “al cuidado de la casa o de la familia es de 1 hora y 44 minutos más que el que destinan los hombres a dichas tareas no remuneradas”.

 

El diagnóstico pone de relieve que la brecha salarial, el indicador más sobresaliente de las brechas de género en el mercado laboral, es en Navarra del 19,68%. Como consecuencia más o menos directa, “los niveles de renta y el tipo de prestaciones que disfrutan las mujeres navarras son más bajos y llevan asociados mayores riesgos de pobreza, siendo mayor la vulnerabilidad”.

 

En Navarra las mujeres representan el 45,6% de la población ocupada, suponen el 48% de las ocupaciones por cuenta ajena y el 32% por cuenta propia (sólo 14.200 auto-empleadas). Se ocupan en mayor medida en el sector Servicios (57% de las ocupadas)) y están infrarrepresentadas en la Industria (26% de las ocupadas). El 55% de los contratos temporales y el 78,9% de los contratos a tiempo parcial son para ellas. El mayor número de inactivas y desempleadas se concentra en los tramos de edad más extremos, a partir de los 55 y antes de los 19 años.

 

La Ponencia se ha apoyado también en sendos informes de UGT y CCOO sobre Mujer y Empleo en Navarra, donde se advierte que “el crecimiento económico y la recuperación del empleo no están afectando por igual a hombres y mujeres, acentuándose así los niveles de desigualdad laboral”.

 

La Ponencia, que ha recabado aportaciones de diferentes instituciones, personas, expertos y agentes sociales, se constituyó el 19 de septiembre de 2018 y ha celebrado 8 sesiones (otras cuatro la Comisión Especial).

 

En una primera fase, se mantuvieron reuniones con los sindicatos más representativos, ELA, LAB, UGT y CCOO. Y en una segunda fase, se recibió a distintos representantes de la Administración Foral y Central, así como a la Asociación de Empresarias y Directivas de Navarra y a la Directora del Instituto Navarro para la Igualdad (INA).

 

Bajo la presidencia de Virginia Alemán, la Ponencia ha estado integrada por Carlos García Adanero (UPN), Arantxa Izurdiaga (EH Bildu), Tere Sáez (Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai), Nuria Medina (PSN) Ana Beltrán (A.P.F. PPN) y José Miguel Nuin (A.P.F. Izquierda-Ezkerra).

 

A la sesión de esta tarde, presidida por Patxi Leuza (G.P. Geroa Bai), han asistido, además, Maribel García Malo, Luis Zarraluqui, Pachi Irízar (G.P. UPN), Koldo Martínez (G.P. Geroa Bai), Arantza Izurdiaga, Dabid Anaut (G.P. EH Bildu), Tere Saéz, Fanny Carrillo (G.P. Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai), Nuria Medina (G.P. PSN) y José Miguel Nuin (A.P.F. Izquierda-Ezkerra).