La consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, ha asegurado que el Ejecutivo va a adoptar medidas para "aliviar" la presión fiscal de las familias con rentas medias y bajas. En el ámbito de la actividad económica, ha afirmado que no tiene sentido "ahogar a pymes y autónomos" en el actual contexto de crisis y, del mismo modo, no ha anunciado ningún cambio para grandes empresas en el Impuesto de Sociedades.

La consejera ha ofrecido esta información en el Pleno de Control Parlamento de Navarra, en respuesta a una interpelación de Izquierda-Ezkerra, que ha reclamado un incremento de la presión fiscal en el Impuesto de Sociedades.

Durante su intervención, Elma Saiz ha asegurado que "estamos de lleno en un momento único por culpa del Covid-19 y eso cambia todo el paisaje, distorsiona la realidad y obliga a tomar decisiones que sin pandemia podrían quizá ser en otro sentido. La pandemia nos obliga a mirar a todos los sectores económicos y sociales en su realidad".

En todo caso, la consejera ha afirmado que "la fiscalidad está viva y en el ADN del Gobierno está seguir mejorando". En ese sentido, ha apuntado que en IRPF "aún podemos hacer más por aliviar" la presión de las familias con rentas medias y bajas, y "lo vamos a hacer, porque es el compromiso de Gobierno fijado en el acuerdo de legislatura".

En esa línea, ha agregado que "queremos mejorar en el IRPF las cantidades a deducir en cuota por mínimos familiares a las rentas medias y bajas y explorar la posibilidad de modificar las cantidades a deducir por mínimos personales en determinados niveles de renta. No vamos a dejar de trabajar en este sentido", ha corroborado.

En el caso del Impuesto de Sociedades, Elma Saiz ha subrayado que "debemos tener una obsesión, que es priorizar la recuperación económica y todos somos actores necesarios, las empresas también, porque generan empleo. Conservemos y cuidemos lo que nos hace fuertes. ¿Tendría sentido ahogar a las pymes o a los autónomos en este momento de pandemia?", ha planteado, para señalar que "un Gobierno que sistemáticamente de la espalda a la actividad empresarial no hace bien las cosas".

En el caso de las grandes empresas, ha advertido que "no son muchas, porque el tejido productivo son fundamentalmente pymes y autónomos", pero ha precisado que, en el caso del Impuesto de Sociedades, "las empresas pagan por el beneficio y llevamos bastante tiempo encadenando crisis". Además, ha destacado que las empresas "también pagan el IVA y en su caso el Impuesto de Patrimonio, o el IRPF si tienen trabajadores".

Elma Saiz ha manifestado que "tenemos margen para seguir analizando, trabajando y tomando decisiones" y ha explicado que el Ejecutivo está realizando un análisis del conjunto de beneficios fiscales, aunque ha anunciado que se mantendrán las deducciones por inversiones en I+D+i.

Por otro lado, la consejera ha explicado que para el 15 de septiembre el Gobierno prevé elaborar un estudio sobre la posible implantación de nuevos impuestos "verdes" y ha señalado que "Europa camina también en ese sentido".

Para finalizar, la Elma Sáiz ha declarado que en Navarra "ni somos un paraíso fiscal ni un infierno fiscal, no estamos en ningún extremo".

Marisa de Simón (Izquierda-Ezkerra) ha considerado que las expectativas apuntan a "una situación crítica y totalmente insostenible para abordar las necesidades de la población, las necesidades del sector productivo y las necesidades sociales en general. Hay que solucionar un problema que es estructural y que se ha agravado con la crisis sanitaria y la cantidad de necesidades que están surgiendo", ha dicho.

De Simón ha censurado que Saiz "no dé ninguna respuesta. Pensaba que estaba escuchando a un portavoz empresarial de esas empresas que la consejera dice que son pocas. Quienes están ahogadas son las rentas del trabajo, no las rentas del capital. Si no hacen nada, tendrán una responsabilidad grave sobre el sostenimiento de los servicios públicos en años venideros", ha asegurado.

Juan Luis Sánchez de Muniain (Navarra Suma) ha afirmado que PSN e I-E "representan que discuten, pero en realidad los dos grupos son responsables de haber consolidado la subida del IRPF a las familias con hijos, de que el Impuesto de Sociedades tribute al 28%, por encima de territorios limítrofes, y de haber disparado impuestos como el de Sucesiones. Nos preocupa que pueda haber fuga de contribuyentes y que estemos en desventaja competitiva con otros territorios”.

Ainhoa Unzu (PSN) ha recordado que no vio a la portavoz de Izquierda-Ezkerra ser "tan crítica" la pasada legislatura, cuando "la brecha" entre la recaudación de IRPF y de Sociedades se incrementaba. "De sobra es conocido que la presión fiscal de IRPF se incrementó con la reforma fiscal de 2015, que se aprobó gracias al voto de I-E. Desde 2019 se están dando pasos para mejorar la presión fiscal de este tipo de rentas. Respecto al tratamiento fiscal para las empresas, si llega el día en el que a la portavoz de I-E le toca asumir responsabilidades, quizá tendrá la ocasión de dejar de vender populismos. No compartimos su planteamiento respecto a las empresas".

Mikel Asiain (Geroa Bai) ha recalcado que "los datos dejan muy a las claras" que en los últimos años se ha incrementado el peso del IRPF en la recaudación, mientras que se ha reducido el del Impuesto de Sociedades, pero ha defendido la fiscalidad de la pasada legislatura, que a su juicio ha permitido afrontar ahora en mejores condiciones la crisis provocada por la pandemia.

Sí que ha considerado que hay que abordar "algunas cuestiones relativas al Impuesto de Sociedades. Debemos preguntarnos si debemos mantener los tipos actuales, porque con el juego de incentivos y deducciones los tipos reales poco tienen que ver con los nominales", ha asegurado.

Adolfo Araiz (EH Bildu) ha advertido de que "hay un tratamiento discriminatorio entre las rentas del capital y las rentas del trabajo y es una dualidad con la que teníamos que terminar". También ha abogado por "revisar los beneficios fiscales del Impuesto de Sociedades. Hay que analizar si se cumplen los objetivos económicos y sociales de esos beneficios fiscales. No se pudo hacer el análisis el año pasado y esperamos que sea este año. Nosotros entendemos que por lo menos en algunos casos estos beneficios están mermando la recaudación", ha indicado.

Por último, Mikel Buil (Podemos-Ahal Dugu) ha afirmado que "estamos con un endeudamiento en dos años de 900 millones de euros, que es una amenaza para las generaciones futuras y para el sostenimiento de los servicios públicos. Este año tenemos que adecuar nuestra fiscalidad a una nueva realidad que empieza a ser postpandémica y no trae buenos augurios. Se requiere un tratamiento específico y beneficioso para los trabajadores en pobreza y, además, fomentar la contención de los precios del alquiler".