La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado por unanimidad una declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra solicita al Gobierno español que en el marco de sus relaciones bilaterales con los gobiernos del Norte de África y Oriente Próximo sitúe el respeto y la protección real y efectiva de los derechos humanos en el centro de toda iniciativa, presentada por: los G.P. Unión del Pueblo Navarro, G.P. Socialistas de Navarra, G.P. Bildu-Nafarroa, G.P. Aralar-Nafarroa Bai, G.P. Popular del Parlamento de Navarra, G.P. Izquierda-Ezkerra; y el Ilmo. Sr. D. Patxi Leuza García (No adscrito).

La declaración será leída al inicio de la sesión plenaria del próximo jueves, día 19 de diciembre.

La declaración dice lo siguiente:

“Han transcurrido más de dos años desde que la llamada "primavera árabe" se inició en países del Norte de África y Oriente Próximo como Túnez, Egipto, Libia, Siria, Yemen, Arabia Saudí o Bahrein. Muchas personas de la región, unidas en torno a una causa común, inundaron las calles para exigir un cambio y sufrieron graves violaciones de derechos humanos ante la represión ejercida para acallar las protestas.

Considerando que las relaciones mantenidas durante años por la Unión Europea y sus Estados miembros, incluida España, con los Gobiernos represivos de estos países no impulsaron lo suficiente mejoras en la situación de los derechos humanos; que los disturbios en esta región ocasionaron desplazamientos masivos; que las mujeres continúan sufriendo discriminación tanto en la ley como en la práctica; constatando que las armas, municiones y equipos usados contra manifestantes en su mayoría pacíficos, fueron desplegados para privar a las personas del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, reunión y manifestación;

Y teniendo en cuenta la oportunidad de cambio del contexto de los derechos humanos, este Parlamento aprueba la presente Declaración y pide al Gobierno español que, en el marco de sus relaciones bilaterales con los gobiernos del Norte de África y Oriente Próximo sitúe el respeto y la protección real y efectiva de los derechos humanos en el centro de toda iniciativa. Para ello, el Gobierno español debería adoptar -las siguientes medidas:

•Garantizar un tratamiento prioritario de los problemas de derechos humanos en las relaciones bilaterales de España y de la UE con estos países.

•Controlar todas las transferencias y exportaciones de armas a la región, y suspender y denegar aquellas transferencias de armas sobre las que existe un riesgo sustancial de que se utilicen para cometer o facilitar violaciones de derechos humanos.

•Promover que estos países ratifiquen los tratados internacionales en materia de derechos humanos y se adscriban a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

•Instar a la autoridades de estos países a poner fin a la impunidad e impulsar la apertura de investigaciones independientes, completas y exhaustivas de las violaciones de derechos humanos cometidas en el transcurso de las revueltas y en el pasado, asegurando que los responsables son llevados ante la justicia y que las víctimas y sus familias reciben reparación; así como a poner fin a las detenciones arbitrarias y a los juicios sin garantías, y a prohibir la tortura y otros malos tratos.

•Ayudar a las autoridades a promover y proteger los derechos de las mujeres, garantizar la participación de las mujeres y poner fin a su discriminación, e instarles a luchar contra la violencia de género y la violencia sexual.

•Instar a las autoridades a proteger eficazmente a las minorías de Egipto, incluyendo la copta, y a retirar las trabas y obstáculos legales para la reconstrucción de los edificios dedicados al culto que fueron destruidos o dañados durante las revueltas. Deben investigarse los ataques contra los cristianos coptos, y los responsables deben responder ante la justicia.

•Promover la abolición de la pena de muerte, debiendo declararse una moratoria hasta que la misma sea abolida, e instar a las autoridades de estos países a respetar la libertad de expresión, manifestación y reunión, de manera que las leyes que penalicen estos derechos se modifiquen para estar en consonancia con las leyes y normas internacionales o, en caso contrario, que sean derogadas.

Asimismo, este Parlamento pide al gobierno de Navarra que sitúe el respeto y la protección real y efectiva de los derechos humanos en el centro de cualesquiera relaciones mantenga con los gobiernos del norte de África y Oriente Medio, teniendo en cuenta las preocupaciones mencionadas en los párrafos anteriores”.