El Debate sobre el Estado de la Comunidad Foral continúa este viernes (09:00) con el debate y votación de las 26 propuestas de resolución registradas, tres de las cuales, centradas en la "reforma de la Administración Local", así como en la "consolidación y profundización de diversos derechos sociales", entre ellos los de "Inclusión, Renta Garantizada, Dependencia, Discapacidad, Salud Mental y Vivienda digna", consensuadas por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra.

 

El orden del debate de las propuestas de resolución será idéntico al de las intervenciones, es decir, de mayor a menor, primero el bloque de la oposición y después el de las formaciones que sustentan al Gobierno.

 

Cada Grupo Parlamentario defenderá sus propuestas de forma conjunta, durante un tiempo máximo de 10 minutos. Luego se abrirá un turno de intervenciones a favor o en contra y otro de réplica (ambos de 5 minutos), en el que los Grupos y Agrupaciones guardarán el mismo orden que en el debate.

 

Los grupos signatarios del Acuerdo Programático que sirve de base al Gobierno que preside Uxue Barkos han acordado tres propuestas. La primera apuesta por “consolidar los derechos a la Inclusión y la Renta Garantizada y a acometer los cambios normativos precisos para ampliar derechos en ámbitos tan importantes como la atención a las personas mayores, dependencia, discapacidad, salud mental, infancia, etc”.

 

La segunda propuesta suscrita por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda Ezkerra plantea “desarrollar los instrumentos normativos y legales precisos para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, incidiendo en la puesta en valor de los inmuebles vacíos, en la ayuda a la gente joven en sus procesos de emancipación y en el apoyo a toda familia navarra que lo requiera”.

 

La tercera propuesta concertada por el cuatripartito respalda la “reforma de la administración local en los términos plasmados en el proyecto de Ley actualmente en tramitación” y, en ese sentido, llama a “dotar a las EL de los medios técnicos y económicos necesarios para desarrollar sus competencias y asegurar el equilibrio territorial en toda su diversidad”.

 

Las propuestas de resolución registradas por Geroa Bai abogan por “liderar un gran Pacto Navarro por la Igualdad de Género de la mano de las organizaciones feministas y asociaciones de mujeres que trabajan por erradicar las discriminaciones, que incluya también a grupos políticos, entidades locales, agentes económicos y sociales y a cuantos entes se sientan concernidos”.

 

Del mismo modo, Geroa Bai, reivindica su compromiso con el autogobierno y su “voluntad de defenderlo democráticamente ante cualquier agresión del Estado.” También se compromete a “intensificar el diálogo con el Estado para culminar la asunción de competencias pendientes, en especial tráfico, seguridad vial, I+D+I e instituciones penitenciarias”. Por último se compele al Gobierno central a “respetar las leyes que proyectan inversiones con fondos propios y que revierten en una mejora de la calidad de vida de la ciudadanía navarra”, en clara alusión a la reciente Ley Foral de Inversiones Financieramente Sostenibles, dotada con 113 millones.

 

Las propuestas de resolución registradas por EH Bildu apuestan por continuar elaborando leyes tendentes a “paliar la pobreza y la exclusión social”, también a partir de “medidas estructurales dirigidas a erradicar la figura del trabajador/a pobre”. Además, solicitan la elaboración de un estudio exhaustivo en el plazo de seis meses sobre la realidad de las pensiones en Navarra, valorando el incremento de las “mínimas hasta 1.080 euros” y la posibilidad de una “gestión propia del sistema”. En el mismo plazo, se pide otro estudio sobre viviendas habitacionales, a fin de avanzar hacia la consecución del “derecho subjetivo a la vivienda”.

 

Asimismo, se insta al Gobierno a crear una nueva Dirección en el Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, para que se encargue del “diseño y coordinación de las políticas de diversidad”. También se pide garantizar de modo efectivo la sanidad pública, universal y de calidad, así como los derechos lingüísticos, otorgándole al euskera “estatus de lengua oficial en toda Navarra”.

 

En el marco del autogobierno, se compele al Gobierno español a no obstaculizar la implementación de la Ley de Inversiones Financieramente Sostenibles, a iniciar el proceso de transferencia de las competencias pendientes y a respetar la bilateralidad Navarra-Estado en las relaciones económicas, derogando, entre otros, el artículo 135 de la Constitución. A su vez, se pide la puesta en marcha de los presos políticos catalanes y respeto a los pronunciamientos políticos de los Parlamentos, afectados también por las “fragantes lesiones a la libertad de expresión existentes en España”.

 

Podemos-Ahal Dugu apuesta por impulsar “medidas concretas para el reparto del trabajo en todos los ámbitos laborales y especialmente en la Administración Pública, para lo que ciertos colectivos sociales han presentado propuestas de Ley”.

 

Por otra parte, se exhorta al Ejecutivo Foral a la “reestructuración y reordenación del sector público empresarial”, citándose de manera expresa a Sodena, para su “reconversión como banca pública de Navarra”. En ese contexto, se inquiere al Gobierno a “negociar o, en su defecto, iniciar un proceso judicial frente a las entidades financieras responsables de los avales fallidos tramitados por Sodena y de los contratos Swaps y Collar tramitados por diferentes empresas públicas y la propia Administración”.

 

Izquierda-Ezkerra se posiciona a favor de la derogación del artículo 135 de la Constitución; de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; del Real Decreto-Ley 10/2010, de medidas urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo; de la reforma laboral y su convalidación por la Ley 3/2012; de la Ley 23/2013, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social; de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana (Ley Mordaza); de la Ley Orgánica 8/2013 (Lomce); del Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de las prestaciones; del Real Decreto-Ley 14/2012, de racionalización del gasto público en el ámbito educativo; y del Real Decreto-Ley 17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera de las CCAA y EL y otras de carácter económico.

 

Las propuestas de resolución registradas por UPN muestran su “compromiso con la Constitución, la Lorafna y los símbolos propios de la Comunidad Foral y, a ese respecto, solicitan la eliminación de la Disposición Transitoria Cuarta de la Constitución y denuncian la intromisión que supone la inclusión de Navarra en el Estatuto de la CAV”.

 

A su vez, se reclama una “bajada de impuestos a las familias”, así como la habilitación del procedimiento necesario para la devolución del IRPF de las prestaciones públicas por maternidad indebidamente devengado y no prescrito”.

 

En el terreno presupuestario, se conmina al Gobierno de Navarra a colaborar con el de España para la “ejecución de todas las inversiones consignadas en los PGE de 2018 en relación con Navarra, como la AP-15, la N-121, el TAV. Y también para la realización de las inversiones financieramente sostenibles aprobadas por el Parlamento de Navarra”.

 

En el ámbito educativo, se emplaza al Gobierno de Navarra a “implantar nuevos estudios universitarios en el Campus de Tudela, a incrementar las plazas de FP en los grados Medios y Superiores más demandados y a cubrir las necesidades de la escuela pública en castellano con la implantación del PAI”.

 

En ese marco, se rechaza la política educativa del Ejecutivo Foral por “sectaria y alejada de las necesidades reales” y se reclama “igualdad de oportunidades, libertad de elección para las familias y la no utilización del euskera como instrumento de construcción nacional”.

 

Finalmente, se urge al Gobierno de Navarra a “elaborar un nuevo Plan de Empleo en colaboración con los sindicatos y la CEN”.

 

Las propuestas de resolución registradas por PSN solicitan la creación de un Plan Estratégico para la Escuela Pública que contemple una distribución adecuada del alumnado desfavorecido, un mapa específico de la educación inclusiva, una reducción de ratios en los centros de alta complejidad, una planificación de las plantillas en conexión directa con el volumen de incorporación tardía, un aumento del gasto de funcionamiento de los centros y apoyo específico a la escuela rural.

 

Además, se invita al Gobierno de Navarra a diseñar una estrategia para “afrontar el reto de la despoblación mediante un plan de choque que contribuya a mejorar el nivel de vida en el medio rural”.

 

En la esfera de infraestructuras, tecnología y suministros, se pide asegurar en estándares máximos de calidad las dotaciones básicas (luz, agua o banda ancha) en todo el territorio, facilitar la pronta llegada del TAV, renovar y eliminar los puntos negros de las carreteras, promover la inmersión digital de la población, estudiar la oferta formativa de digitalización que se imparte para, entre otros, incentivar la incorporación de la mujer, y facilitar la digitalización de las empresas, estableciendo para ello un protocolo de seguimiento y asesoramiento.

 

En el capítulo laboral, se llama a “avanzar en la protección del trabajo autónomo, así como a promover la racionalización de las jornadas laborales, la flexi-jornada o el teletrabajo, también en la función pública, donde se recomienda la “revisión de las ayudas de conciliación y de los criterios de corresponsabilidad”.

 

Por último, se insta a establecer una relación “bilateral leal, transparente y constructiva con el Gobierno de España, basada en el diálogo y la voluntad de acuerdo”.

 

Las propuestas de resolución registradas por PPN ratifican su “compromiso con los símbolos propios y oficiales de la Comunidad Foral”, rechazan la “imposición de los ajenos” y demandan “respeto a la realidad institucional de Navarra, el Amejoramiento y la Constitución”.

 

En el campo del terrorismo, se exige a ETA que “contribuya al esclarecimiento de los crímenes no resueltos”, se reitera el “compromiso con las víctimas, para evitar que caigan en el olvido”, y se exige al Gobierno de España que “no negocie el acercamiento de los presos de ETA ni ninguna otra prebenda”.

 

En otro orden de cosas, se insta al Gobierno de Navarra a “rebajar la presión fiscal, negociar el Plan de Empleo en el marco del Consejo del Diálogo Social, apostar por el TAV y el Canal de Navarra en su máxima capacidad y exigir al Gobierno de España que ponga en marcha las partidas de los PGE de 2018 que afectan a Navarra”.

 

El PPN apuesta también por la “libertad de educación, la igualdad de oportunidades en el acceso al Programa de Aprendizaje de Idiomas (PAI)”, respecto al que pide su “conversión en modelo educativo” y el “apoyo a la educación concertada frente a los ataques del Gobierno de España”. A su vez, pide “acabar con el adoctrinamiento en las aulas” y, en concreto, solicita la “supresión del programa Skolae, pues pretende introducir la ideología de género en todos los centros educativos de Navarra”.

 

Por último, se exhorta al Gobierno de Navarra a “devolver las retenciones de las prestaciones por maternidad cobradas desde 2014 y a que queden exentas de tributación en el futuro”. También demanda una Ley de Apoyo Integral a la Familia, así como la “actualización” de la Ley de Familias Numerosas, que data de 2003.