Publicada el Miércoles, 10 de Octubre de 2012

La Comisión de Educación del Parlamento de Navarra aprueba una resolución por la que insta al Gobierno de Navarra a que de continuidad a la financiación del transporte público escolar a los centros Mendialdea 1 y 2 desde el caso urbano de Berriozar

La Comisión de Educación del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy una Resolución por la que insta al Gobierno de Navarra a que de continuidad a la financiación del transporte público escolar a los centros Mendialdea 1 y 2 desde el caso urbano de Berriozar.

La resolución aprobada contiene un segundo punto en el que se insta al Departamento de Educación del Gobierno de Navarra “a que se estudie la realidad de otros centros de Navarra con problemáticas similares y, cuando la seguridad vial lo exija, se proceda de igual modo por parte del Departamento de Educación”.

La Resolución ha sido aprobada con los votos a favor de los representantes de los grupos que habían presentado la iniciativa, SN, NaBai, Bildu-Nafarroa e I-E; han votado en contra los representantes de los Grupos UPN y PP.

En la exposición de motivos de la moción los grupos firmantes de la iniciativa justificaban la propuesta hoy aprobada haciendo constar que “el comienzo del curso escolar 2012-2013 ha traído la supresión por parte del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra del transporte escolar público para el alumnado que cursa estudios en los centros de Infantil y Primaria Mendialdea 1 y Mendialdea 2. Este transporte se estableció en los años 70 debido a las especiales circunstancias de peligrosidad del acceso, entre las que se encuentra el cruce de la avenida de Gizpuzkoa –carretera nacional de denso tráfico– y la superación de la vía del tren, tramo Iruñea-Altsasu. Estudios urbanísticos, jurídicos e, incluso, económicos han demostrado que no hay razón para eliminar por completo ese transporte y que su financiación es competencia del Departamento de Educación.
No es este el único caso en Navarra en el que el transporte escolar se interrumpe por motivaciones exclusivamente económicas y se llega a poner en peligro la seguridad física del alumnado de corta edad que debe desplazarse a los centros”.