La Comisión de Educación ha visitado hoy, a petición del G.P. Nabai, G.P. Bildu y G.P. I-E, la ikastola Ibaialde de Lodosa.

Los miembros de la Comisión que han asistido han sido Esteban Garijo (P), Carmen González, Ramón Casado, Javier Caballero, Maribel García Malo (G.P. UPN), Pedro Rascón, Carmen Ochoa (G.P. SN), Nekane Pérez (G.P. Nabai), Aitziber Sarasola, Bikendi Barea (G.P. Bildu) y Marisa de Simón (G.P. I-E).

La delegación del Parlamento ha sido recibida por Ana Mendizabal, presidenta de la Cooperativa Ibaialde, Iñigo Tellería, director de la ikastola y Arantxa de Miguel, miembro de la Junta Rectora.

El objeto de la visita, según han explicado Aitziber Sarasola y Marisa de Simón a modo de preámbulo, ha sido “conocer las instalaciones y mantener una reunión con el equipo directivo” para estudiar “qué se puede hacer desde el Parlamento para asegurar su continuidad”.

Seguidamente, los Parlamentarios han realizado un recorrido guiado por las distintas dependencias de la ikastola y, acompañados por miembros del equipo directivo y docente, han comprobado el “buen estado” de un centro de carácter comarcal que, atendido por seis profesores y un orientador, alberga a 74 alumnos (58 de Educación Primaria y 16 de Educación Infantil) de San Adrián, Andosilla, Cárcar, Sartaguda, Mendavia, Lodosa y La Rioja (5).

A continuación, la directora de Ibaialde ha explicado el proyecto pedagógico y la delicada tesitura actual de este centro, surgido en 2002 tras la fusión de las ikastolas de Lodosa y Sartaguda, con el fin de “solventar la precaria situación” de ambas manteniendo su apuesta por una educación de “calidad” en euskera.

En el transcurso del encuentro, Ana Mendizabal ha señalado que, si bien la ikastola ha tenido “siempre” problemas de viabilidad, tras la supresión en 2009 de las aportaciones del Gobierno Vasco y la posterior cancelación de las becas para transporte y comedor por parte el Gobierno de Navarra, “Ibaialde no recibe ningún tipo de ayuda institucional”.

En este contexto, con un déficit anual de 228.574 euros y 650.000 euros del préstamo hipotecaro todavía por sufragar, Mendizábal ha solicitado a la Comisión de Educación que medie para dotar de estabilidad a la “única alternativa en euskera” de toda la zona. La concertación, al haberse realizado por módulo o clase y “no por necesidades reales de personal, no ha sido suficiente”.

Así, tras reclamar “igualdad de condiciones” respecto al resto del alumnado navarro en localidades con modelo educativo D, la directora ha comentado que hasta 2007, cuando la tendencia se invirtió, las expectativas de matriculación solían ser al alza.

“Llegamos a tener un centenar de alumnos, pero cuando el futuro se puso más aún en cuestión comenzamos a perder alumnado. Para el curso que viene contamos con 9 prematriculaciones, el triple de lo que era habitual estos últimos años. Si se ejecutara la ESO sería más sencillo”, ha significado Mendizábal.

Los portavoces de los grupos parlamentarios, por su parte, se han mostrado gratamente impresionados por las instalaciones. UPN ha ligado la viabilidad de la ikastola a las “garantías” derivadas del concierto, mientras Nabai, Bildu e I-E han coincidido en apuntar que es responsabilidad del Gobierno “garantizar” la posibilidad de estudiar en euskera en cualquier punto de Navarra donde haya demanda. El G.P. SN se ha limitado a darse “por enterado”.

Carmen González, portavoz del G.P. UPN, ha tachado las instalaciones de “magníficas” y se ha congratulado de la aportación de Ibaialde a completar la oferta educativa de Lodosa, donde “cuentan con tres centros educativos y, por tanto, con tres propuestas distintas”. Para implantar la ESO, como se demanda, “habría que ver la previsión de matrícula, el ratio profesor-alumno, que es la garantía que ofrecen los conciertos con los centros privados y lo que, a la postre, podría justificar la postura del Gobierno en este caso”.

Nekane Pérez (G.P. Nabai) ha afirmado que «es responsabilidad del Gobierno dar respuesta al derecho a la libre elección, especialmente, como en este caso, allá donde no llegue el sistema público. En la zona no vascófona también debe salvaguardarse el derecho a estudiar en euskera”.

Aitziber Sarasola (G.P. Bildu), en la misma línea, ha responsabilizado a la Administración del “ahogo económico insostenible” al que está sometido uno de esos centros que “garantiza la posibilidad de estudiar en euskera en la mal denominada zona no vascófona. ¿Va a permitir UPN que se cierre esta instalación?”.

Marisa de Simón (G.P. I-E) ha indicado que “estamos ante un centro privado, cooperativa en este caso, que funciona como una escuela pública completa. Hay un problema de financiación que se debe abordar en el Parlamento. No se puede echar por tierra tantos años de servicio educativo. Si la Ley del Vascuence hubiera contemplado estos supuestos, no habría caso. El departamento de Educación tiene que asumir esto”, ha corroborado.