La Comisión de Políticas Sociales ha visitado hoy la Residencia El Vergel de Pamplona, un centro gerontológico de válidos y dependientes desprovistos de soporte socio-familiar, cuya propiedad y gestión corresponde al Gobierno de Navarra.

Los Parlamentarios que han asistido han sido José Antonio Rapún, Ramón Casado, Mariví Castillo, Esteban Garijo (G.P. UPN), María Victoria Arraiza (G.P.SN), Bikendi Barea (G.P. Bildu), Asun Fernández de Garaialde (G.P. Aralar-Nabai), Amaya Zarranz (G.P. PPN), Txema Mauleón (G.P. I-E) y Patxi Leuza (no adscrito).

El objeto de la visita, solicitada por UPN, SN, Bildu, Aralar-Nabai, PPN, I-E y los no adscritos, ha sido “conocer in situ dichas instalaciones y mantener una reunión con responsables del centro y trabajadores”.

La delegación del Legislativo ha sido recibida por Carmen Aguirre, directora, Soco Goñi, gobernanta, Mikel Calvo, jefe de Enfermería, Miguel A. Caballero, responsable de mantenimiento, Rosa Arnedillo, Servicios Generales, y Gemma Botín e Irache Ojer, directora y subdirectora, respectivamente, de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas.

A continuación, los Parlamentarios han realizado un recorrido guiado por las distintas dependencias y, acompañados por miembros del equipo directivo, han comprobado las “buenas dotaciones” de un centro que, en funcionamiento desde 1972, atiende a 160 residentes (59 de ellos dependientes) con una plantilla de 139 trabajadores.

Seguidamente, ha tenido lugar un encuentro en el que Carmen Aguirre ha explicado las características prestacionales de El Vergel, un centro gerontológico “abierto, de desarrollo personal y atención socio sanitaria interprofesional que, ya sea de manera temporal o permanente, ofrece cuidado integral a las necesidades básicas, terapéuticas, de rehabilitación y socioculturales”.

La residencia, que comparte espacio con el Club de Jubilados y un Centro de Día con 15 plazas, promueve actividades dirigidas a “prevenir la dependencia y fomentar el envejecimiento activo”, labor para la que se echa en falta un “educador o un psicólogo que contribuya al tratamiento del nuevo perfil de usuario, dependiente social al borde de los 65 años”.

Para hace frente a esa tarea, la residencia cuenta con 54 cuidadores, 40 empleados de servicios generales y 8 de cocina. Además, disponen de dos médicos (compartidos con San José), 14 enfermeras, un terapeuta ocupacional, un fisio, una trabajadora social, 3 operarios de mantenimiento, otros tres de administración-almacén y siete ordenanzas”.

Mikel Calvo, la “voz de las enfermeras”, ha manifestado su conformidad con la reorganización operada en los últimos tiempos, porque “la reducción de personal ha ido acorde a la reducción del volumen asistencial. En ese sentido, no creo que haya quejas”, ha sentenciado.

Sí ha cuestionado la suspensión del servicio médico que regía durante los fines de semana y festivos porque, amén de una “mayor carga de trabajo, entraña un retraso en la atención y la pérdida del seguimiento médico. No es sólo que se deriven las urgencias, que pasan a depender del 112, sino que desaparece la atención continuada y se transfiere a personal no autorizado, que salvo prescribir se encarga de todo, tareas propiamente médicas”.

A ese respecto, Calvo ha sugerido la posibilidad de suprimir las guardias nocturnas de lunes a viernes para, con ese ahorro, restaurar la vigilancia médica de fin de semana, algo que, según ha aclarado la directora, no resulta sencillo al tratarse de dos médicos “compartidos con San José”.

Rosa Arnedillo, en representación de los trabajadores de Servicios Generales, ha trasladado las quejas de la plantilla en relación a la política de sustituciones y, tras entregar un informe de Riesgos Laborales, ha solicitado volver a la situación imperante hace año y medio. “La sobrecarga es total, trabajamos casi siempre bajo mínimos y ello deriva en un mal servicio y en problemas de conciliación. Atendemos a personas, debemos decidir qué hacemos y qué no y con ese estrés psicológico no siempre acertamos”.