La Comisión de Políticas Sociales ha visitado hoy, a instancias del G.P. EH Bildu, la residencia Santa Zita de San Martín de Unx, un centro geriátrico de “válidos y asistidos” de titularidad municipal y gestión privada, que atiende en la actualidad a 34 residentes, dos por debajo de su capacidad total.

Los Parlamentarios/as que han asistido han sido Carmen Segura (G.P. UPN), Isabel Aranburu, Consuelo Satrustegi (G.P. Geroa Bai), Asun Fernández de Garaialde (G.P. EH Bildu), Mikel Buil (G.P. Podemos-Ahal Dugu) y Nuria Medina (G.P. PSN).

El objeto de la visita, según ha explicado Asun Fernández de Garailde, ha sido “conocer de primera mano la situación de la residencia, teniendo en cuenta el conflicto laboral que arrastra (en huelga desde abril de 2014) y el expediente sancionador incoado por el servicio de inspección del Departamento de Derechos Sociales debido a una falta grave por mala praxis en el cuidado de los usuarios”.

La delegación del Legislativo ha sido recibida en el Ayuntamiento por Javier Leoz, alcalde de San Martín de Unx, Javier Muruzábal, Damián Valencia, Asun Muruzábal, José María Marzo, concejales, Silvia Jimeno, presidenta de la Asociación 1º de Octubre de residentes y familiares, y una representación de los trabajadores despedidos y en huelga encabezada por Iñaki Irisarri, representante sindical de ELA.

Seguidamente, ha tenido lugar un encuentro en el que Javier Leoz, alcalde de San Martín de Unx, ha dado cuenta de la posición del Ayuntamiento ante un conflicto “enquistado” frente al que, pese a los expedientes sancionadores y el recurso interpuesto al proceso de adjudicación, “no hemos mostrado ninguna dejadez”.

A ese respecto, Leoz ha señalado que “aquí hay tres opciones, tal y como se lo planteamos a la empresa ayer mismo. La primera, arreglar las desavenencias de índole laboral, para lo cual la firma del Convenio no es problema, pues lo único que no asumen es la readmisión de las despedidas. La segunda salida, que tampoco contemplan, es la renuncia voluntaria. La tercera pasa por la rescisión unilateral de los dos años y medio de contrato que les resta, pero para embarcarnos en eso necesitamos seguridad jurídica. No estamos encubriendo a la empresa, lo único que nos interesa es que la residencia funcione bien”.

Silvia Jimeno, representante de los usuarios y familiares, “asociados o no”, ha mostrado “dudas fundadas sobre la capacidad y la actitud del Ayuntamiento a la hora de hacer cumplir el contrato de adjudicación. La huelga ha sacado a relucir un montón de deficiencias, según consta en el informe técnico del Gobierno. Hablamos de malas prácticas en cuidados de usuarios, incumplimiento de ratios, lagunas en materia de participación y suministro de información, déficit de mantenimiento… Es obvio que ha mermado la calidad asistencial, de hecho se ha perdido hasta el Concierto (12 plazas). Exigimos la readmisión de las despedidas y la aplicación del contrato, todo en el plazo de dos meses a partir de hoy. De lo contrario, lo que procede es la rescisión unilateral”.

En un plano más general, Jimeno ha solicitado la mediación del Parlamento para, amén de “contribuir a solventar el litigio entre trabajadores y empresa, instar al cumplimiento y actualización de la normativa en materia de Servicios Sociales”. A tal objeto, se demanda la “elaboración de un nuevo Decreto tendente a optimizar la protección de derechos (actualmente solo hay dos inspectores) y la atención personalizada”.

Desde la parte de los trabajadores, Iñaki Irisarri, responsable de ELA en la zona, ha glosado la disputa laboral desde su origen y ha concluido destacando que “la empresa ha perdido todos los juicios, tanto penales como administrativos. Sólo resta por saber cómo se resuelve la impugnación del proceso de adjudicación. Entretanto, la empresa ha sido objeto de dos sanciones, una de la Inspección de Trabajo por sustitución irregular de huelguistas (6.000 euros) y otra del servicio de inspección de Políticas Sociales (12.000), a la que se acaba de añadir una tercera por reiteración”.

Así las cosas, Irisarri ha precisado que “sólo pretendemos que la plantilla recupere sus condiciones laborales. La firma del Convenio no se discute, otra cosa es su aplicación. Lo que no vamos a hacer es dejar a nadie por el camino, la readmisión de las tres despedidas (un despido nulo, dos improcedentes) es inexcusable”.

En cuanto al quehacer del Ayuntamiento, Irisarri ha hablado de “inacción. Ha habido miedo actuar. Ahora, con todas las sentencias y el último informe del servicio de Inspección sobre la mesa, espero y deseo que tome cartas en el asunto”.

Finalizada la reunión en el Consistorio, los Parlamentarios/as se han trasladado a la residencia Santa Zita, donde han sido recibidos por Rafael Sánchez Ostiz, director de Idea, Innova y Desarrollo Asistencial (empresa gestora), Jon San Julián y Rafael Cortijo, director y trabajador social de la residencia, respectivamente.

A renglón seguido, los Parlamentarios/as han realizado un recorrido guiado por las distintas dependencias y, acompañados por miembros del equipo directivo, han intercambiado impresiones acerca de la situación laboral y la calidad asistencial en el centro.

Jon San Julián ha manifestado que “no hemos incumplido el pliego de condiciones en ningún aspecto. Ninguna trabajadora en activo secunda la huelga (14 de 20), la atención es la correcta. Los despidos estaban justificados, eran dejaciones que afectaban a los usuarios. Y en cuanto al Convenio, se les ha ofrecido firmar el mismo que rige en la residencia de Caparroso, que también gestionamos".

Rafael Sánchez, por su parte, ha apuntado que “la inmensa mayoría de las familias están satisfechas con el trato que reciben. No tenemos inconveniente en facilitar cualquier información que se nos requiera”.

Por último y en lo tocante a las 12 plazas concertadas con el Gobierno de Navarra, Sánchez ha precisado que el Concierto “está prorrogado. Es una situación alegal que técnicamente se denomina enriquecimiento injusto. Hemos solicitado la renovación del Convenio varias veces, pero creemos que mientras se prolongue el conflicto laboral no accederán”.

En su turno de intervención, los portavoces de EH Bildu, UPN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu y PSN han agradecido las explicaciones de las partes y se han comprometido a estudiar toda la documentación que se les ha suministrado antes de adoptar, en su caso, las iniciativas que estimen pertinentes.

La residencia Santa Zita de San Martín de Unx (36 plazas, 34 ocupadas) está gestionada desde 2008 por la empresa Idea, que a mediados de 2015 volvió a imponerse en el concurso de adjudicación, si bien el proceso se haya recurrido y a la espera de resolución. Idea gestiona también las residencias Francisco Joaquín Iriarte, de Elizondo, y José Ramón Zalduendo, de Caparroso.