La Comisión de Investigación en torno a la desaparición de la CAN ha resuelto hoy esperar a conocer la respuesta del Gobierno de Navarra (el plazo expira mañana) en torno al acceso a las actas de las reuniones de la Fundación Can entre 2002 y 2012 para, caso de ser positiva, atender la petición de UPN, que solicita una ampliación del informe jurídico elaborado por los servicios de la Cámara.

La decisión ha sido adoptada con el respaldo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E. El PPN se ha sumado a la posición de UPN, que ha requerido la elaboración previa de un informe complementario al que, el pasado 24 de febrero, los servicios jurídicos de la Cámara sometieron al escrutinio de la Comisión, al entender que no queda claro si la posibilidad de acceso a las actas se ciñe a las de la Fundación CAN o alcanza también a las de las desaparecidas Caja Navarra y Banca Cívica.

Al amparo de aquel primer informe sobre las limitaciones legales esgrimidas por la Fundación CAN en relación al acceso a las actas de sus reuniones entre 2002 y 2012, la Comisión de Investigación acordó solicitar al Ejecutivo Foral que “valore si procede o no su puesta a disposición del Parlamento”.

En el supuesto de que el Gobierno entienda que la Comisión de Investigación ostenta facultades de control sobre dichas actas, cuestión sobre la que deberá pronunciarse no más allá de mañana, 8 de marzo, se demandaba la habilitación de un espacio en las dependencias del Ejecutivo para que los miembros de la Comisión puedan trabajar sobre el contenido de dichas actas conforme al debido respeto al secreto y la confidencialidad. En este caso, se establece el 30 de abril como plazo límite orientativo.

Los citados acuerdos, aprobados con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, Izquierda-Ezkerra y PSN y el voto en contra de UPN (PPN no participó en la sesión del 24 de febrero), tienen su origen en el informe solicitado por Unai Hualde, Presidente de la Comisión de Investigación, en respuesta a una comunicación del Consejero de Hacienda y Política Financiera. En la misma, se hacía saber que el Gobierno de Navarra, en atención a su función de Protectorado de la Fundación CAN, había recibido diversa documentación relativa a las actas, acompañada de una serie de advertencias sobre su uso restringido, por tratarse de “información afectada por la normativa de protección de datos de carácter personal”.

UPN ha justificado hoy la petición de un nuevo informe jurídico en la creencia de que “falta por responder a la pregunta clave, si la labor de protectorado del Gobierno de Navarra se ciñe al control de la actividad de la Fundación Caja Navarra o, por el contrario, alcanza también a los acuerdos adoptados por los órganos de las extintas Caja Navarra y Banca Cívica, cuyas actas han sido depositadas en dicha Fundación para su custodia”.

A partir de ahí y en función de la posición de los servicios jurídicos del Parlamento en torno a la anterior pregunta, UPN insta a la Comisión de Investigación bien a “reconsiderar, por ilegal, su petición de acceso a las actas, bien a garantizar un acceso “proporcionado y con la debida protección de la confidencialidad”. En ese sentido, interpela sobre si, de producirse filtraciones de datos personales, los Parlamentarios podrían ser considerados “responsables solidarios”.

Todas estas cuestiones deberán ser aclaradas en un nuevo informe jurídico una vez que el Gobierno de Navarra se pronuncie mañana sobre si procede o no el acceso de la Comisión de Investigación a dichas actas”.

En ese contexto, la Comisión de Investigación ha conocido hoy la resolución del Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra, por la que se deniega la información solicitada en relación con las “declaraciones de retenciones a trabajadores de Viálogos Capital Humano S.L. desde 2004 a 2010 y las declaraciones de operaciones con terceros en ese mismo período”.

Se trata de una petición formulada a instancias de Podemos-Ahal Dugu en noviembre y reiterada en la última sesión de la Comisión de Investigación, que queda sobre la mesa para, "si procede, rehacer la solicitud".

El Director Gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra arguye que, dado que la solicitud “no especifica aquellos terceros (personas físicas y entidades diferentes de la CAN y de Viálogos) cuya información resulta necesaria para las finalidades de la Comisión, una comunicación general y no discriminada de los datos contenidos en dichas declaraciones tributarias parece resultar incompatible con el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 4 de la LOPD y, más específicamente, en el apartado segundo, párrafo 2º, del artículo único de la Ley 21/1994., de 9 de noviembre, por la que se regula la obligación de comunicación de determinados datos a requerimiento de las comisiones de investigación del Parlamento de Navarra.

Por otra parte y como ya se informó, la Comisión de Investigación determinó en la reunión anterior fijar el 10 de mayo como plazo límite orientativo para recabar peticiones de comparecencias. Estas, según avanzó, también a modo orientativo, podrían celebrarse entre el 15 de mayo y el 15 de junio. De ser así, la presentación de conclusiones y la finalización de los trabajos se prevé, salvo nueva prórroga, para el 30 de junio.

De acuerdo con las normas aprobadas, la Comisión de Investigación constituida el 27 de abril de 2016 tiene por objeto conocer y determinar si las actuaciones de Caja Navarra, su Corporación Empresarial y el resto de entes vinculados fueron acordes a los principios fundacionales, además de esclarecer la situación actual del conjunto del patrimonio resultante de la extinción.

A la sesión de hoy, presidida por Unai Hualde (G.P. Geroa Bai) han asistido Luis Zarraluqui, Luis Casado (G.P. UPN), Koldo Martínez (G.P. Geroa Bai), Adolfo Araiz, Maiorga Ramírez (G.P. EH Bildu), Tere Sáez, Fanny Carrillo (G.P. Podemos-Ahal Dugu), Guzmán Garmendia, Inma Jurío (G.P. PSN), Ana Beltrán (A.P.F. PPN) y Marisa de Simón (A.P.F. Izquierda-Ezkerra).