El Pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, la abstención de UPN y el voto en contra de PPN, la Ley Foral de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI+) y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género en la Comunidad Foral de Navarra.

La Ley Foral presentada por el G.P. PSN tiene por objeto “establecer y regular los principios, medios y medidas tendentes garantizar la igualdad real y efectiva y los derechos de las personas LGTBI+, mediante la prevención, la corrección y la eliminación de toda discriminación por razón de orientación sexual, expresión de género e identidad sexual o de género, en todos los ámbitos sobre los que el Gobierno de Navarra y las entidades locales tienen competencia.

En concreto, se alude a las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica, cultural, orden público e institucional. Y, “con independencia de la situación administrativa o personal”, se extiende a todas las etapas y contingencias de la vida, garantizando protección efectiva frente a cualquier situación conducente a violaciones del derecho a la igualdad, visibilidad y no discriminación, entendiéndose por esta última cualquier “trato no conforme con la identidad sexual o de género de la persona aludida”.

En ese contexto y amén de promover una discriminación transversal de carácter positivo, se garantiza la “reparación” de los derechos cercenados, se asegura la puesta en marcha de acciones “compensatorias y de reconocimiento a colectivos históricamente” segregados y se promueve la adhesión institucional a actos y eventos que, como el Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia (la bandera arco iris colgará de las sedes de Parlamento y Gobierno cada 17 de mayo), contribuyan a la consolidación de la igualdad social plena y efectiva en la vida de las personas LGTBI+.

A tal fin, para avanzar en el reconocimiento social y político de una reivindicación fundada en la aceptación de la “diversidad como valor añadido”, se establecen una serie de condiciones dirigidas a facilitar la participación y representación de personas y grupos LGTBI+ en todos los ámbitos de la vida social e institucional, siempre desde una óptica de “prevención y detección temprana” de conductas fóbicas, a la que colaborarán las Administraciones Públicas y el Defensor del Pueblo, habilitados para actuar “de oficio, sin necesidad de recibir denuncia”.

Entre los compromisos adquiridos a partir de esta norma destaca el relativo a la “protección de menores, jóvenes y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, así como los que tienen que ver con las diversas políticas públicas, ya sea a nivel de “empleo, salud, comunicación, ocio, cultura o deporte”.

Por otra parte, se hace efectivo el reconocimiento de la heterogeneidad del hecho familiar tanto en el derecho navarro, público y privado, como en la práctica judicial y administrativa.

La proposición de Ley contempla la creación del Órgano Coordinador para la Igualdad LGTBI+, un ente con autonomía, capacidad y recursos suficientes para ejecutar las políticas y medidas recogidas en esta Ley que, incardinado en el Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), instituirá en su seno el Consejo Navarro LGTBI+, como cuerpo superior en el terreno “consultivo y de participación ciudadana”.

En lo referido a la atención a las víctimas de violencia por homofobia, lesbofobia, bifobia o transfobia, se dispone que la actual sección de Atención a Víctimas del Delito de Navarra adopte las medidas oportunas para formar al personal existente y contar con profesionales especializados en la materia.

En cualquier caso, el Órgano Coordinador para la Igualdad LGTBI+ colaborará con el SNS-O en la elaboración de protocolos específicos de actuación destinado a los profesionales, sea cual sea su ámbito de adscripción, para facilitar las tareas de prevención, detección, atención, asistencia y recuperación en las esferas de la salud, la educación, el mundo laboral, los servicios sociales, la justicia y los cuerpos de seguridad, el deporte y el tiempo libre y la comunicación.

Dicho protocolo estará en consonancia con la Ley Foral 12/2009, de 19 de noviembre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales, incluyendo, además, la posibilidad de acompañamiento a las familias, especialmente en relación con los menores.

En el ámbito reproductivo y genital, se garantiza el acceso a las técnicas de reproducción asistida a todas las personas LGTBI+ con capacidad gestante y/o a sus parejas, se posibilita la congelación de tejido gonadal y células reproductivas a los transexuales que opten por acceder a tratamientos hormonales y, de igual modo, se asegura la atención ginecológica y/o urológica.

A fin de garantizar el desarrollo de las medidas sanitarias en un tiempo razonable, se tendrán en consideración las actuaciones y plazos previstos en el Decreto Foral 103/2016, de 16 de noviembre, por el que se establece la ordenación de las prestaciones sanitarias en materia de Salud Sexual y Reproductiva. Además, se fija un período máximo de seis meses para implementar los protocolos de atención a personas transexuales e intersexuales.

En el terreno educativo, la Universidad Pública de Navarra promoverá la introducción en los planes de estudio de sus grados y másteres de contenidos específicos para abordar la diversidad sexual y de género.

A su vez, se contemplan medidas de apoyo a la realización de estudios y proyectos de investigación sobre la realidad LGTBI+ en la UPNA, donde se creará un servicio específico dotado de personal, espacios y recursos económicos suficientes para garantizar en todos los campus y espacios universitarios el respeto a la diversidad de orientación, expresión e identidad sexual o de género.

En el transcurso del debate efectuado en Pleno se han aprobado 7 enmiendas in voce dirigidas a concretar y ampliar diversos aspectos relacionados con el acompañamiento, el consentimiento del menor y los procedimientos administrativos no sancionadores, terreno en el que, según se precisa, “corresponderá a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable”.

Las siete enmiendas, suscritas por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e Izquierda-Ezkerra, han prosperado con las abstenciones de UPN y PPN.