El Presidente del Parlamento, Unai Hualde, el Rector de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Ramón Gonzalo, y la responsable del Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de Navarra (CERMN), Mari Luz Escudero, han procedido hoy a la firma del Convenio de Colaboración que, con el fin de adaptar la legislación foral a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, han acordado las tres instituciones.

Con arreglo a las condiciones estipuladas en el Convenio, la UPNA asumirá la realización de un estudio sobre la legislación comunitaria, estatal y autonómica con impacto en las personas con discapacidad de Navarra y propondrá las modificaciones y desarrollos necesarios para adecuar la normativa vigente en materia de accesibilidad y derechos.

El CERMIN participará en el diagnóstico, elaboración y presentación del citado análisis, que será financiado con hasta 12.000 euros por parte del Parlamento de Navarra, a cuya Mesa deberá entregarse antes del 31 de marzo de 2021.

Recibido el estudio, el Legislativo Foral lo trasladará al Gobierno de Navarra y lo pondrá a disposición de los grupos parlamentarios para la adopción de las iniciativas que, en el marco de la discapacidad, incluida la mejora de la calidad de vida de este colectivo y el fomento de su participación social, se estimen pertinentes.

Se prevé la constitución de una Comisión de Seguimiento encargada de evaluar y resolver cuantas cuestiones se planteen durante la ejecución del trabajo. Estará integrada por dos representantes de cada una de las entidades signatarias, que en el caso del Parlamento de Navarra serán su Presidente, Unai Hualde, y la Presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, Arantza Biurrun.

El Convenio de Colaboración se enmarca en la promoción del ejercicio efectivo de los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente, tarea que atañe al Parlamento de Navarra, en el fomento de la investigación científica y técnica comprometida con el desarrollo de su entorno, misión que asume la UPNA, así como en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias, objetivo que defiende el CERMIN, principal interlocutor en la materia tanto para las administraciones públicas como para el conjunto de la sociedad.

Tras la firma del Convenio, que tiene un presupuesto máximo de 12.000 euros, Unai Hualde, Ramón Gonzalo y Mari luz Escudero han expresado su “satisfacción” por lo que significa “actualizar contenidos normativos” y sentar las bases de “una relación provechosa” que esperan perdure.

Unai Hualde ha agradecido la disposición de las partes, con “mención especial para el CERMIN, cuya presidenta me planteó este proyecto a las pocas semanas de ser elegido. El de este Convenio es un objetivo compartido tanto por los grupos parlamentarios que componen el Gobierno como por las fuerzas que conforman la oposición. Las instituciones deben trabajar por la inclusión plena y eso implica desarrollar medidas que garanticen la autonomía, la movilidad y la vida independiente. Este estudio puede ser una hoja de ruta para el futuro, con independencia de los cambios de Gobierno”.

En relación al plan de trabajo, el Presidente del Parlamento ha señalado que “el primer paso pasa por encargar la redacción del estudio a un equipo técnico de investigación integrado por expertos en el campo de la discapacidad y el derecho. Ese equipo ofrecerá una jornada formativa en el Parlamento, tras la cual se acometerá la redacción del documento y su presentación a la Mesa, previa conformidad de la Comisión de Seguimiento. El trabajo final se presentará en la Cámara, donde se someterá a debate”.

Hualde ha concluido resaltando, dada la importancia que desde todas las partes implicadas se otorga al “reconocimiento efectivo de los derechos de las personas con discapacidad”, el carácter “ambicioso” del Convenio, a su entender un “importante avance social. Nos obligará a ponerlos las pilas para adaptar la normativa foral a las recomendaciones de la Convención Internacional”.

Ramón Gonzalo, por su parte, ha puesto en valor la “confianza” depositada en la UPNA para acometer este estudio, vinculado a la “formación integral y a la inclusión plena, propósitos ambos que se corresponden con metas propias de la Universidad. La Convención Internacional demanda un nuevo tratamiento jurídico para las personas con discapacidad y aquí confluimos tres instituciones que nos ponemos al servicio de esa tarea”.

En esa línea, Mari Luz Escudero ha comentado que lo que la Convención Internacional propugna es un enfoque de los derechos de las personas con discapacidad “desde la óptica de los Derechos Humanos. Se les hace sujetos de derechos que hay que hacer plenos y efectivos, porque a día de hoy muchos, ya sea en lo referido al acceso a la vivienda, al empleo, la educación o el ocio, no se materializan. Después de 12 años, estamos ante un cambio legislativo necesario e inaplazable, porque la Convención Internacional aprobada en 2006 entró en vigor en España en mayo de 2008. A ver si lo conseguimos en 6 meses y podemos presentarlo el 3 de mayo, coincidiendo con el Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas”.