El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E, la abstención de PPN y el voto a favor de UPN, la enmienda a la totalidad formulada por UPN al proyecto de Ley Foral por el que se regulan los derechos a la Inclusión Social y la Renta Garantizada.

El proyecto de Ley tiene por objeto promover la integración sociolaboral mediante un procesos personalizados y regular el acceso a la Renta Garantizada en cuanto prestación básica, económica y periódica destinada a personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas.

Esta nueva prestación, que sustituirá a la actual renta de inclusión social, supondrá
una inversión adicional durante los dos próximos años de 18,8 millones. De ellos, 5,08 corresponderían a deducciones fiscales y 13,72 a un mayor gasto social, cuya distribución por años sería de 60.600 euros en 2016, 11,3 millones en 2017 y 2,3 millones en 2018.

Con estas cantidades se pretende mejorar la cobertura y las cuantías que reciben actualmente unas 25.000 personas, que son aproximadamente el 80% de las perceptoras de la renta de inclusión social. Por el contrario, unas 5.000, el 20%, verían reducida su prestación de los 655,20 euros mensuales a los 600 euros.

Además, otras 2.800 personas nuevas podrían incorporarse a la renta garantizada gracias a la extensión de esta prestación a personas mayores de 65 años; la eliminación del requisito de contar con un permiso legal de residencia para acceder a esta ayuda; el acceso de unidades familiares con menores a cargo que lleven solo un año de residencia en Navarra; o la posibilidad de prorrogar la renta garantizada más allá de los 36 meses si persiste la situación de necesidad.

Con todo ello se busca “combatir la pobreza severa, mejorar la cohesión social y procurar la integración social y laboral del conjunto de la sociedad navarra, sin menoscabo del avance que, dadas las prestaciones de las que podrán beneficiarse las mujeres, supone hacia la igualdad de género”.

Las personas que quieran acceder a esta nueva prestación deberán carecer de ingresos y de un patrimonio suficiente. Además, tendrán que acreditar una residencia efectiva en Navarra de al menos dos años, salvo en las unidades familiares con menores a cargo, para las que el requisito será de un año.

Como novedad, no será necesario contar con un permiso legal de residencia en España. Actualmente, solo pueden acceder a la renta de inclusión social aquellas personas en situación irregular que tengan a su cargo hijos o hijas menores de 16 años o que hubieran perdido la residencia legal tras quedarse sin empleo.

Otro requisito es la edad, que será a partir de los 18 años. No obstante, las unidades familiares encabezadas por personas de entre 18 y 24 años deberán llevar una vida independiente de su familia de origen desde al menos dos años y también un año de cotización a la Seguridad Social.

Las personas solicitantes mayores de 65 años que cumplan los requisitos establecidos y reciban una pensión no contributiva por jubilación tendrán una deducción fiscal, de tal manera que percibirán lo mismo que el resto de unidades familiares perceptoras de la renta garantizada, pudiéndose hacer efectivo mediante el pago anticipado mes a mes.

Cuando más de una unidad familiar conviva en un mismo domicilio, cada una de ellas recibirá la renta garantizada que le corresponda, hasta un máximo de tres. Hasta ahora, independientemente del número de familias que compartieran domicilio, solo se percibía una renta y media. De manera excepcional, las unidades familiares con una situación de exclusión social grave podrán acceder a la renta garantizada, aunque no cumplan alguno de los requisitos exigidos.

El proyecto de Ley incluye una nueva escala de cuantías económicas, que supone una mejora para aquellas familias con dos o más miembros. Las cuantías oscilarán desde los 600 hasta los 1.200 euros. Actualmente varían entre los 655,20 y los 982,90 euros.

Con estos nuevos baremos se desea priorizar la lucha contra la pobreza infantil en las familias con menores a su cargo. A ese respecto, se apunta que en 2015 el 38% de las personas beneficiadas por la renta de inclusión social tenían menos de 18 años, es decir, 10.820 de un total de 28.839. De estos menores, 3.891 vivían en una familia monomarental y 462 en una monoparental.

Los importes mencionados se actualizarán automáticamente con el IPC de Navarra o con la variación del salario medio de la Comunidad Foral. De estos dos indicadores se empleará el que sea de mayor cuantía, con el fin de que las personas más vulnerables no pierdan capacidad adquisitiva.

Por último, se elimina el tope máximo de 36 meses para percibir esta prestación, de tal modo que si agotado este periodo persiste la situación de necesidad, se podrá prorrogar la renta por periodos sucesivos de 12 meses. Actualmente, si una familia percibe la renta de inclusión social durante 36 meses, debe estar luego un año sin cobrarla.

El proyecto establece también una serie de medidas para incentivar el empleo y la inserción sociolaboral que, según se precisa, se irán ampliando con el desarrollo de la ley.

Por ejemplo, se incluye la posibilidad de suspender temporalmente el cobro de la renta garantizada cuando se accede a un puesto de trabajo y recuperarla de nuevo al quedarse sin empleo, sin tener que iniciar otra vez el proceso administrativo de concesión de una nueva prestación, como ocurre actualmente.

En el caso de que una unidad familiar haya sido perceptora de la renta garantizada durante dos años, desde las administraciones públicas se le deberá ofrecer, y una de las personas beneficiarias aceptar, un empleo social protegido u otra opción de trabajo y/o formación.

También se plantean durante los tres primeros años de entrada en vigor de la nueva ley una serie de estímulos al empleo mediante incentivos económicos. De este modo, si un perceptor de la renta garantizada obtiene un empleo inferior a 30 días, podrá compatibilizar sus ingresos con esta prestación, sin que se vea afectada en su cuantía.

Además, durante el primer año, las personas beneficiarias que encuentren un trabajo por un tiempo superior al mes no verán contabilizados los primeros 300 euros de su salario en el recálculo de la renta garantizada que reciban. A partir de esa cantidad, se descontará cierta cantidad en la prestación, según una escala, de tal manera que el máximo a percibir por empleo y renta garantizada serían 970 euros al mes, tomando como ejemplo el caso de una unidad familiar de un solo miembro.

Durante el segundo año de entrada en vigor de la ley, estos mismos estímulos al empleo no solo se aplicarán a los ingresos por trabajo obtenidos una vez dentro del programa, sino también a aquellos que se tuvieran antes de percibir la renta garantizada.

Finalmente, en el tercer año y una vez evaluados los incentivos al empleo, se establecerán una serie de beneficios fiscales para aquellas personas con bajos ingresos, pero que no pueden acceder a la renta garantizada por superar el umbral de renta previsto. Con esta medida se pretende que no se den situaciones en las que una persona que se beneficia de la renta y además trabaja, tenga más ingresos que otra que trabaja, pero no tiene derecho a la prestación.

Para acceder al derecho a un proceso de inclusión social solo se precisa estar en una situación de exclusión social, en el grado que sea, sin que sea necesario acreditar un tiempo mínimo de residencia en Navarra.

El proyecto de ley foral establece que en el plazo de seis meses desde la aprobación de la norma se elaborará un nuevo plan estratégico de inclusión social, de tal manera que se refuercen las políticas públicas en esta materia.

Frente a este planteamiento y aun “compartiendo la oportunidad de la regulación del doble derecho de Inclusión Social y Renta de Inclusión Social, UPN ha esgrimido motivos de “filosofía y modelo” para solicitar la devolución de un proyecto que “diluye las responsabilidades generales de toda persona para con la comunidad”.

Por ello, en su enmienda a la totalidad con texto alternativo, UPN ha propuesto recuperar y someter a revisión el Acuerdo de Incorporación Social o Socio-Laboral, a fin de conseguir que esta herramienta “funcione y favorezca la inserción”, al entender que la solución a la pobreza no pasa tanto por aumentar las cuantías de la prestación como por “facilitar la consecución de un empleo digno”.

A tal objeto, para garantizar la realización de un codiagnóstico que incluya un análisis de empleabilidad y un itinerario de inclusión social o sociolaboral personalizado, se plantea el refuerzo de los servicios sociales, también con profesionales vinculados al Servicio Navarro de Empleo, de modo que se creen equipos de referencia que trabajen de manera coordinada con las entidades locales y de iniciativa social, reforzándose así el principio de colaboración público/privado.

El itinerario y, en su caso, el Acuerdo de Incorporación Social o Socio-Laboral deberá contener necesariamente, salvo indicación contraria, alguna de las prestaciones garantizadas de la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General, “pudiendo contener también, en función de la disponibilidad presupuestaria, prestaciones no garantizadas”.

Por otra parte, UPN entiende que el sujeto del Derecho “debe seguir siendo la unidad familiar” y que “no puede perderse la referenciación de las cuantías de la RIS al Salario Mínimo Interprofesional (SMI)”. En ese sentido, defiende que “no debe empeorarse la situación vital de las personas cuya unidad familiar es de un solo miembro y que deben mantenerse para el resto (salvo para las de 6 o más miembros), por estimarse “adecuadas y entre las más altas del Estado”. Además, considera que “no debe incrementarse el máximo previsto desde 1999 de 1,5 rentas en un mismo domicilio”.

Por último y entre las novedades del proyecto de Ley que UPN asegura compartir se destacan la extensión de la Renta Garantizada a todas las personas sin residencia legal en determinadas situaciones (menores a su cargo, miembros con discapacidad, pérdida de residencia); mantenimiento de la Renta a personas de 18 años, también en ciertos supuestos; ampliación de la cobertura a mayores de 65 años; ampliación de cuantías a unidades familiares de más de 5 miembros; establecimiento de estímulos de empleo; y eliminación del tope máximo de 36 meses de prestación.

Tras el rechazo de la enmienda a la totalidad, el PLF por el que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada, al que se han presentado 89 enmiendas parciales (54 UPN, 17 PSN y 18 PPN), será dictaminado en Comisión, antes de ser elevado a Pleno para su definitivo debate y votación.