El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu, PSN e I-E y los votos a favor de UPN, PSN y PPN, una moción para instar al Gobierno de Navarra a “recuperar los principios inspiradores de la Ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, para el adecuado cumplimiento de sus objetivos”.

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se exhortaba al Ejecutivo Foral a “remitir al Parlamento, para su aprobación, un programa de medidas de actuación para esta legislatura”.

En atención a los criterios que se señalaban, dicho programa debería tender a “priorizar los servicios sobre las prestaciones económicas vinculadas a los mismos; potenciar la red de centros de servicios, que generan empleo estable y garantizan atenciones de calidad; reforzar los servicios de proximidad, que permiten la permanencia en el domicilio de las personas afectadas y la conciliación de la vida laboral y personal de las personas cuidadoras; facilitar (bonificando por parte del Gobierno de Navarra) el alta en la Seguridad Social de las personas cuidadoras familiares; y promover medidas de innovación social”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se emplazaba al Gobierno de Navarra a “presentar anualmente en el Parlamento la memoria de actuaciones en Dependencia que el Ejecutivo Foral lleva a cabo a lo largo de un año y que presenta al Imserso antes del mes de abril del año siguiente”.

Asimismo, se conminaba al Gobierno de Navarra a “crear un portal informático que tenga plena transparencia y en el que la ciudadanía pueda consultar datos como el lugar que ocupa en la lista de espera de un servicio concreto o los criterios utilizados para la asignación de las vacantes”.

En la exposición de motivos, la moción impulsada por la G.P PSN repasaba el “alto grado de consenso” que acompañó la tramitación de la Ley 39/20016, cuyo “proceso de implantación se vio interrumpido tras la llegada del PP al Gobierno del Estado”, primero “impidiendo a las personas con dependencia moderada el acceso a una prestación o servicio durante tres años”, posteriormente “suprimiendo el nivel de financiación previsto” y, ya con el Real Decreto Ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, “modificando la regulación del sistema, con los consiguientes perjuicios”.

A nivel de Navarra, “una de las comunidades que peor atiende a las personas en situación con dependencia”, se esgrimía que “no ha sido hasta el 2017 cuando el Gobierno ha comenzado a tomar conciencia de la grave situación, con listas de espera que en algunos casos superaban el año y medio o derechos subjetivos reconocidos, pero no atendidos”. Todo ello, eso sí, desde la consideración de que “la Comunidad Foral es de las que menos financiación recibe del Gobierno de España”.

Es por eso que, aun admitiendo que “se han reducido listas de espera sobre todo en valoración inicial”, se aducía que “sigue habiendo muchas personas sin atender, las prestaciones económicas continúan estando muy por encima de los servicios y la promoción de la autonomía carece de los mecanismos necesarios para abordar los retos del envejecimiento y el derecho a la plena inclusión”.

Así las cosas, el proponente abogaba por considerar la dependencia como una “cuestión social a la que los gobiernos deben dar respuesta de manera innovadora, eficaz y eficiente”.

• www.parlamentodenavarra.es

• Publicación de la moción (BOPN, n.º 30, de 09-03-2018)