Se insta al Gobierno de España a desestimar y no llevar a efecto las propuestas de reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), hechas públicas en la página web del Ministerio de Justicia.

Se conmina al Ejecutivo central a presentar una nueva propuesta de reforma, en la que se tengan en cuenta las distintas competencias que concurren y la opinión de las comunidades autónomas, tal y como expresa la Constitución Española y el artículo 35 de la LOPJ.

La citada propuesta de reforma deberá mantener la demarcación y planta vinculada a los territorios, con partidos judiciales como estructura territorial de los Tribunales de Instancia, perdurando así los partidos judiciales, evitando que su ámbito territorial sea provincial y dejando sin efecto la recentralización que lleva a cabo en las capitales de provincia.

Para evitar el alejamiento y la concentración de la Administración de Justicia, tan contraria a los intereses de los ciudadanos, deberán mantenerse también las Audiencias Provinciales y los Juzgados de Paz, para lo cual se impone buscar el consenso en las nuevas demarcaciones, que bien pudieran ser los tribunales de base o primer grado.

Se exhorta al Gobierno de España a implantar los Tribunales de Instancia de forma simultánea al pleno despliegue de la nueva oficina judicial, con el fin de garantizar el completo desarrollo de los servicios comunes procesales y agilizar la justicia, mejorando el servicio público.