El Parlamento constata que el ordenamiento jurídico vigente obliga, de modo indudable y suficiente, a la persecución de los crímenes contra la humanidad y de genocidio. La aplicación e interpretación de esta legislación corresponde a los jueces y tribunales de justicia.

Se insta a las Administraciones Públicas competentes y especialmente al Gobierno de Navarra con carácter subsidiario, a garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de las víctimas del franquismo en Navarra, así como a la divulgación de los resultados.

El Parlamento acuerda dar traslado del presente acuerdo al Presidente del Consejo General del Poder Judicial.