Se insta al Gobierno de España a “no atentar contra los derechos fundamentales de las mujeres y, por tanto, a no modificar de manera restrictiva la actual Ley Orgánica 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Se llama al Ejecutivo Central a asumir las reivindicaciones históricas de las organizaciones de mujeres y, en consecuencia, a ampliar los derechos reconocidos en el texto vigente.

Dicha asunción deberá hacerse reconociendo la despenalización total de aborto voluntario; salvaguardando la plena capacidad de las mujeres, incluidas las jóvenes, a la hora de tomar decisiones sobre su maternidad y sus vidas; y asegurando a las inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular la total prestación sanitaria, también para acceder a la IVE.

Entre las reivindicaciones del movimiento feminista a considerar se citan también la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en los estudios de medicina, enfermería y otros del ámbito sociosanitario, así como en el desarrollo de acciones formativas que, desde el enfoque de género, capaciten para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, tanto quirúrgica como farmacológica, con el fin de garantizar la preparación integral de los profesionales.

Además, se demanda la elaboración de un protocolo común para todo el Sistema Nacional de Salud, que avale la prestación efectiva de la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria pública, con equidad territorial e igualdad en el acceso y proximidad en todos los territorios.

Se emplaza al Gobierno de España a que se comprometa, dentro de las competencias que le son propias, a asegurar que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda realizar en toda la red sanitaria pública de Navarra.