El Parlamento de Navarra lamenta la actitud de la Administración de Justicia en su interpretación restrictiva de la Ley orgánica 19/2003 del Poder Judicial, pues supone un obstáculo para el libre ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas vascohablantes.

Se insta al Gobierno de España a que, de acuerdo a la legalidad vigente, respete los derechos lingüísticos de las personas vascohablantes, especialmente en la Administración de Justicia, adoptando las medidas y mecanismos necesarios para garantizar los mismos, cumpliendo así los compromisos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias.