El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy por unanimidad una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “impulsar la modificación de la actual legislación, de manera que permita declarar compatible el cobro de las pensiones públicas del régimen de la Seguridad Social con la percepción de ingresos por derechos de autor”.

En tanto se proceda a esa modificación, se propone “aplicar una interpretación normativa en atención al interés cultural de esta labor, la cual facilite la continuidad de la actividad creadora de los autores pensionistas”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que se solicita que, “mientras el Gobierno no lleve a cabo la medida anterior, se proceda a la paralización de todos los expedientes que se estén tramitando, tanto los de reclamación de importes de pensión, como los relativos a infracciones de la normativa socio-laboral”.

A su vez, se demanda la “retroactividad” de la norma, “una vez sea aplicada en el sentido indicado en el punto primero, de modo que la Administración de la Seguridad Social proceda de oficio a la reposición de las cantidades de pensión adeudadas como consecuencia de la suspensión practicada previamente, así como a la devolución de los ingresos indebidamente solicitados a los pensionistas, a causa de la interpretación que ha venido realizando el Ministerio de Empleo y Seguridad Social”.

En ese contexto, se requiere la “anulación de todos los procedimientos de infracción que se hubiesen practicado, bien por la Administración de la Seguridad Social, bien por la Administración laboral, así como las sanciones que, en su caso, se hubiesen dictado”. Este segundo epígrafe ha prosperado con las abstenciones de UPN y PPN.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado validado también por asentimiento, se reclama la “apertura de un proceso de diálogo con sindicatos, organizaciones representativas del sector y entidades de gestión de derechos de autor, el cual permita la elaboración de un Estatuto del Artista y del Creador que contemple un modelo de intermitencia en la actividad laboral”.

Ello, según se apunta, permitiría “entender la profesión cultural como una realidad específica dotada de mecanismos coherentes de cotización, contratación y de contingencias de salud, maternidad, desempleo y, muy especialmente, de aquellas vinculadas a garantizar una jubilación digna y justa a los creadores y artistas”.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por los G.P. Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu y la A.P.F. I-E aboga por adecuar las políticas públicas a las particularidades de la vida laboral de artistas y creadores, a fin de ofrecer unas condiciones dignas y acordes a la intermitencia e informalidad que rigen la, por lo general, precaria vida laboral de este sector, ligado a un modelo de crecimiento basado en el talento, el conocimiento y la imaginación.

En ese marco, se critica la restrictiva interpretación que, desde 2012, se viene haciendo de la legislación sobre la Seguridad Social, en virtud de la cual cualquier profesional de la creación mayor de 65 años debe optar o por seguir cobrando su pensión (rehusando percibir retribución por cursos, artículos, conferencias y derechos de autor si con ello supera el importe anual del SMI) o por, renunciando a su pensión, continuar viviendo del fruto de su actividad creativa, incluidos los derechos de autor.

A decir de los proponentes, esta interpretación “provoca un trato diferenciado, cuando no discriminatorio, en la aplicación de la normas de Seguridad Social sobre la pensión de jubilación, en función del origen de las rentas o ingresos que pueden ser compatibles con el percibo de esa pensión”.

Es por eso que se insiste en el diseño de mecanismos justos y accesibles para promover su trabajo en la etapa de jubilación, de modo que se garantice una pensión digna y acorde con el valor social de su trabajo.

Según las estadísticas culturales del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el volumen de empleo cultural asciende a más de medio millón de personas, un 3% del total, lo cual, extrapolado a Navarra, supone unas 8.000 personas y un porcentaje similar respecto al empleo total.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación de la moción (BOPN, n.º 117, de 14-10-2016)