El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, PSN e I-E y los votos en contra de UPN y PPN, una resolución por la que la Cámara manifiesta que “es necesario un diálogo abierto y plural, tanto social como institucional, sobre el Proyecto de Recrecimiento de Yesa y la gestión de dicha infraestructura”.

El legislativo muestra, además, su “acuerdo con la decisión de crear una comisión de seguimiento de la seguridad y la gestión de la presa en la que estarán presentes –además del propio Ministerio y la Confederación Hidrográfica del Ebro– los Gobiernos de Navarra y Aragón, los ayuntamientos concernidos, los regantes de Bardenas y las asociaciones de afectados por el recrecimiento”. Así mismo, solicita que “el desarrollo de la labor de dicha comisión sea llevado a cabo con transparencia y agilidad”.

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Gobierno de España a que “en el estudio que ha encargado al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para analizar toda la información disponible, se tengan en cuenta y valoren las conclusiones del ‘informe técnico de evaluación’ elaborado en junio de 2016 por un grupo de trabajo interdepartamental del Gobierno de Navarra, así como las conclusiones y recomendaciones que se deriven del informe encargado por el Ejecutivo Foral en octubre de 2018 sobre la estabilidad y evaluación de la seguridad de la ladera derecha del embalse de Yesa”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se emplaza al Ejecutivo central a “paralizar las obras de recrecimiento del Pantano de Yesa, salvo en lo que respecta a la seguridad de las obras y de la presa, mientras no se aclaren las cuestiones de seguridad mediante, entre otros, los estudios independientes que a tal efecto se vayan a realizar. Esta paralización incluirá a las obras y actuaciones en curso en torno a Sigüés, de forma que si la cota de llenado que se determine no requiere de ellas, sean suspendidas definitivamente y los procedimientos expropiatorios revertidos”.

En ese contexto, se compele al Gobierno de España a “reformar la legislación y la normativa vigente en materia de seguridad de presas, estableciendo un factor de seguridad en materia de riesgos de deslizamientos de laderas y taludes, entre otros factores, con el fin de llegar al nivel de Estados como EEUU, Portugal o Italia en esta materia”. En este tercer epígrafe el PSN se ha sumado a los votos en contra de UPN y PPN.

Igualmente, el Legislativo Foral conmina al Gobierno de España a “descartar el proyecto de presa que se ubicaría en la localidad de Aspurtz y retirarlo definitivamente de cualquier plan donde, aunque fuera hipotéticamente, estuviera contemplado”. UPN y PPN han votado también en contra y el PSN se ha abstenido.

No ha prosperado la enmienda de adición presentada por el G.P. Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai, instando al Gobierno de España a “emitir a la mayor brevedad la declaración de impacto ambiental del proyecto extractivo Mina Muga, situado a menos de dos kilómetros del pantano de Yesa, al entender que las contundentes alegaciones presentadas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el Instituto Geológico y Minero (IGME) y la propia Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) no garantizan la seguridad del embalse”. El respaldo añadido de EH Bildu e I-E ha resultado insuficiente ante las abstenciones de Geroa Bai y PSN y los votos en contra de UPN y PPN.

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e I-E cuestiona el “oscurantismo, el descontrol presupuestario y las incertidumbres en torno a la seguridad de la presa” para, tal y como hiciera el Parlamento en la declaración institucional aprobada el 18 de junio, solicitar la “paralización” de las obras en tanto en cuanto no se conozcan las conclusiones de los últimos estudios encargados por los gobiernos de Navarra (se espera en siete meses) y España.

En el terreno de la seguridad, “el que más preocupa, dada la falta de certidumbre en torno a la estabilidad de las laderas”, se recuerda el “desalojo y posterior expropiación” de las viviendas de dos urbanizaciones próximas a la presa que, a consecuencia del más grave de los distintos episodios de corrimientos de tierra, tuvo lugar en 2013. Y se subraya la “ausencia de normativa precisa sobre el factor seguridad, lo que, a diferencia de lo que sucede en países como Italia o USA, deja en manos del gestor de turno la decisión de ejecutar o no un proyecto de esta envergadura”.

Por eso, a expensas de un “cambio en la legislación vigente en materia de protección”, se previene sobre los “riesgos adicionales” que entrañaría un llenado absoluto y se llama a descartar la posibilidad de otro proyecto de embalse en Aspurz ­‑vinculado al recrecimiento de Yesa‑, que “implicaría la construcción de una nueva presa y un túnel de diez kilómetros en la Sierra de Leire”.

En lo tocante a la financiación del proyecto, adjudicado en diciembre del año 2000 por 113,5 millones (otros 6,9 en seguridad) y un plazo de ejecución de 55 meses, se apercibe sobre el desmesurado incremento del coste de una obra que, si se contabilizan los 188 millones incluidos de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, asciende 442 millones, “cuatro veces más” de lo computado inicialmente.

Por todo ello y al amparo de los diversos pronunciamientos de agentes políticos institucionales y ciudadanos, que aducen motivos de pertinencia, de índole medioambiental e incluso cultural, se insiste en la necesidad de replantear el proyecto, al tratarse de una “fuente interminable de problemas, dudas y polémicas”, también a nivel de “transparencia”.

• www.parlamentodenavarra.es

• Publicación de la moción (BOPN, n.º 126, de 23-10-2018)