El Vicepresidente Samuel Caro señala que, “en un momento tan convulso como el actual, con cambios impredecibles, el debate en torno a los derechos sociales tiene muy pendiente a la sociedad y al conjunto de las administraciones”

Alfonso Fernández, Josep Mª Castellá, Camino Vidal y Rodríguez de Santiago analizan el Estado social y los derechos prestacionales en tiempos de crisis

El Parlamento de Navarra ha acogido hoy la celebración de la VII Jornada del ‘Aula de Derecho Parlamentario’, una sesión que, centrada en el análisis político y jurídico de los derechos sociales, ha contado con la participación de cuatro destacados conocedores de este pilar del Estado democrático.

El Vicepresidente Primero del Parlamento, Samuel Caro, ha sido el encargado de introducir y contextualizar el alcance de un debate que tiene muy pendiente a la sociedad y al conjunto de las administraciones. Ahora, en este momento especialmente convulso, con cambios de dimensiones impredecibles, se trata de un reto de una magnitud insospechada”.

El Vicepresidente ha aprovechado su intervención para, en alusión al comunicado de ETA anunciando el cese de la actividad armada, afirmar que “hoy es el día en que la democracia ha conseguido triunfar ante el terrorismo”.

Ángel Gómez Montoro, rector de la Universidad de Navarra, ha completado la presentación recordando que el Estado Social es un “logro garantizado por la Constitución”, asegurando que un Estado “se legitima cuando es capaz de garantizar cierta calidad de vida” a sus ciudadanos, y poniendo el acento en la “eficacia, justiciabilidad y sostenibilidad” de tales derechos, por ser tres de las principales fuentes de “problemas” en esa materia.

Concluido el acto de apertura, ha tenido lugar una conferencia a cargo de Alfonso Fernández Miranda, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, que ha distinguido entre Estado Social y Estado de Bienestar.

A su entender, Estado Social es un concepto normativo que, pese a que “llevamos más de 15 años oyendo que está en crisis, mantiene toda su virtualidad jurídica”. Se aplica en función de las “posibilidades existentes y de la voluntad de los políticos”.

El Estado de Bienestar, que es el que verdaderamente se haya “en crisis, es un concepto empírico dirigido a garantizar un mínimo vital. No se están abordando las contradicciones existentes con criterios claros, sino con políticas erráticas que ponen en riesgo las prestaciones sociales o, al menos, su calidad”, ha constatado.

Fernández de Miranda ha negado la relación “causa-efecto” entre Estado Social y Estado de Bienestar porque, fuera del plano jurídico, hay magníficos estados de bienestar que no son admirables estados sociales y democráticos de derecho, sino más bien oligarquías, monarquías” o distintas formas de gobierno totalitario.

Finalmente, el catedrático ha apuntado que, “pese a las grandes aportaciones realizadas desde la izquierda, ni siquiera la base teórica del Estado de Bienestar es progresista, de hecho los seguros o la protección pública ante el infortunio nace en Alemania en el marco de un estado autoritario”, ha subrayado.

Seguidamente, se han iniciado las ponencias. Camino Vidal, profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Burgos y Letrada del Tribunal Constitucional, ha sido la primera conferenciante en formular sus impresiones en torno a los “Derechos prestacionales de los inmigrantes”.

Vidal ha comenzado apuntando que la Ley Orgánica de Extranjería española se encuentra entre las más “vanguardistas” de Europa en lo que a reconocimiento de derechos sociales respecta, ya que “la única exigencia para tener prácticamente los mismos derechos prestacionales que un español, incluidos los irregulares, es estar empadronado”.

Esta situación de igualdad genera “problemas, más aún en una situación económica complicada” como la actual. Se produce un “choque entre la legítima búsqueda de una vida mejor y la contribución impositiva al bien común”, en algunos casos durante generaciones, ha concretado.

A nivel europeo y en contraste con la política garantista que rige en España, Vidal ha puesto como ejemplo a Holanda, otrora paradigma de los derechos sociales y hoy abanderada de una legislación que “condiciona el acceso de los extranjeros a los derechos prestacionales a la superación de unas pruebas que valoran el nivel de integración social, al menos en el plano formal. Este modelo se está extendiendo al resto de Europa”, ha advertido.

En el ámbito autonómico y una vez asumido que todas las materias relacionadas con la integración de los extranjeros “recaen en las comunidades autónomas”, se empiezan a notar ya diferencias jurídicas. De momento, sólo Valencia y Catalunya han legislado al respecto y en ambos casos en “términos similares” a Holanda o Francia.

Así, según ha explicado la Letrada del Constitucional, la Comunidad Valenciana dispone una serie de cursos para acceder al “contrato de arraigo, imprescindible para la renovación de determinados permisos de estancia o residencia”.

En Catalunya la situación es “parecida”, la principal diferencia estriba en que “la única lengua vehicular es el catalán”, lo cual ha originado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad. Pero en uno y otro lugar, “el extranjero debe demostrar conocimientos de idioma, cultura y demás para poder activar esos derechos sociales”, ha corroborado.

A modo de colofón, Camino Vidal ha precisado que la Constitución, “por el mero hecho de ser personas, reconoce a los extranjeros una serie de derechos fundamentales, incluidos algunos de naturaleza prestacional, caso de la educación o la tutela judicial efectiva”.

Los otros derechos, los insertos en la Ley Orgánica de Extranjería, forman también parte de los principios rectores de la política social y económica, pero “dependen de la voluntad parlamentaria”. Unos no se pueden tocar, los otros sí.

A continuación, Josep María Castellá, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, ha vertido sus impresiones en torno a los “Derechos sociales en el Estado Autonómico”.

Castellá ha manifestado que “las comunidades autónomas están siendo laboratorios de prestaciones de derechos sociales. Sirven para ir probando, para ir generando nuevos derechos adaptados a la realidad. Si el resultado es positivo, se irán extendiendo”.

Sucede porque, si bien los derechos estatutarios están acotados por la “jerarquía normativa y los límites competenciales”, el Estado no tiene atribuciones exclusivas en materia de derechos sociales, de ahí que la capacidad ejecutiva corresponda a las CC.AA”.

No obstante, ha finalizado Castellá, el Estado cuenta con “mecanismos correctores” como son el “sistema de financiación o las reglas de colaboración entre comunidades y entre éstas y el Estado”.

José M. Rodríguez de Santiago, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, ha cerrado la Jornada centrando su exposición en los “Derechos fundamentales en la relación prestacional”.

En ese marco, el catedrático ha defendido la teoría del “estado de la libertad ponderada”, que es el que, en su opinión, mejor se adapta al escenario al que se ven abocadas las personas mayores sanas que ingresan en una residencia. “Se les priva de organizar su vida cotidiana, pero a cambio se les ofrece cobertura organizada a todas sus necesidades”.

A su entender, “uno ingresa en una residencia para el ejercicio de sus derechos fundamentales”, pero esa aproximación al catálogo de derechos básicos “puede verse limitada por el deber de cuidado”, en supuestos como el de la alimentación forzosa y otros similares.

Para acabar, Rodríguez de Santiago ha vaticinado que el porcentaje de prestadores sociales, a día de hoy cifrado en un “60%, va a ir en aumento con la crisis”.

El ‘Aula de Derecho Parlamentario’ es un instrumento al servicio de la comunidad universitaria, destinado a profundizar en el estudio y conocimiento del sistema político y parlamentario.

Para desarrollar ese objetivo, el Aula organiza cada año jornadas y conferencias con ponentes de reconocido prestigio y un alto nivel científico.

El Aula es gestionada libremente por el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Navarra, de la cual depende desde que fuera creada en 2002, fruto de un convenio con el Parlamento de Navarra.