Publicada el Jeudi, 10 de juin de 2021

Se insta al conjunto de las instituciones y a la sociedad navarra a rechazar la represión de las protestas pacíficas en Colombia

La Cámara rechaza la criminalización de las protestas sociales y llama a investigar las violaciones de derechos consumadas a raíz de la desproporcionada respuesta de la policía

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y la abstención de Navarra Suma, una resolución por la que la Cámara insta al “conjunto de las instituciones y a la sociedad navarra a rechazar la represión a las protestas pacíficas en el contexto de extrema violencia que se está dando en Colombia desde el 28 de abril”.

 

A ese respecto, se solicita que “las violaciones de los derechos humanos a las personas manifestantes no queden en la impunidad y sean investigadas de manera rápida y oportuna con los mecanismos e instrumentos pertinentes para tal propósito”.

 

La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Gobierno colombiano a “iniciar con carácter prioritario la desescalada de la violencia, la desmilitarización de las ciudades”, y a adoptar medidas inmediatas que garanticen y faciliten el derecho de reunión pacífica en las jornadas de protestas convocadas y la protección de la integridad física y psicológica de las personas que se manifiestan, medidas ambas estipuladas en los estándares internacionales de derechos humanos”.

 

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhorta a la “comunidad internacional a verificar la adopción de las medidas necesarias para garantizar la atención segura de las protestas por parte de las personas defensoras de derechos humanos, así como a salvaguardar el derecho de los periodistas a ejercer su derecho a la libertad de expresión desde un escenario de diálogos y negociaciones en distintos niveles y espacios para abordar los problemas acumulados al origen de estas protestas. Un proceso de diálogo concertado, abierto y plural basado en los temas y demandas de los sectores, organizaciones y territorios impulsores de las movilizaciones”.

 

Finalmente, se compele al “conjunto de las instituciones y a la sociedad navarra a apoyar las movilizaciones de la ciudadanía colombiana en Navarra por los derechos sociales de su pueblo, solidarizándose con todas las familias y personas que han sufrido y sufren las consecuencias de la criminalización de las protestas, por justicia para las víctimas y por garantías de no repetición de las violaciones de los derechos humanos en el marco del Paro Nacional y en el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados entre el estado colombiano y la guerrilla de las FARC”.

 

Navarra Suma ha presentado una enmienda in voce de sustitución, no aceptada por los otros cinco grupos, titulares de la iniciativa, para que la Cámara hiciera suyas “las diversas declaraciones realizadas por la Unión Europea acerca de la crisis política y social en Colombia. Y en especial, la declaración conjunta del 11 de mayo de 2021 de los presidentes de la Comisión de Exteriores y de la Delegación para las Relaciones con los países de la Comunidad Andina del Parlamento Europeo, donde se reconocía el “legítimo derecho a protestar y manifestarse pacíficamente”, se consignaba la “obligación de garantizar el orden público sin abusos, de manera proporcionada”, y se llamaba a una “salida pacífica”, todo ello tras congratularse “por la retirada de la reforma tributaria que desencadenó las protestas”.

 

En otro apartado, el Parlamento rechazaba “toda injerencia externa en los asuntos internos de Colombia”, trasladaba sus “condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos durante las manifestaciones” y expresaba su “preocupación a los navarros resientes en Colombia y a los colombianos residentes en Navarra”.

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E muestra su “preocupación” por la “desproporcionada” respuesta de la policía colombiana ante las “pacíficas protestas sociales” desarrolladas en el marco del paro nacional convocado entre el 28 de abril y el 25 de mayo, un período que, atendiendo a las “cifras oficiales”, se ha saldado con 42 manifestantes fallecidos, 168 personas desaparecidas y otras 1.106 detenidas, además de 104 quejas por presuntas violaciones de los derechos humanos.

 

Así, tras constatar el empleo de armas de fuego y la generalización de la violencia, también de índole “sexual”, los proponentes apelan a los informes evacuados por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y muchos otros organismos de derechos humanos para, tras dejar constancia de los “ataques a periodistas” (detenciones, agresiones, eliminación de material), poner de relieve la gravedad del clima de excesos y coacciones.

 

A modo de colofón, como prueba inequívoca de la atmósfera de violencia que impera en Colombia, se pone de relieve el ataque sufrido el 3 de mayo por una delegación de derechos humanos de las Naciones Unidas, “ninguno de cuyos integrantes sufrió impacto de bala por parte de la policía local”.