Publicada el Jeudi, 20 de janvier de 2022

El Parlamento de Navarra muestra su apoyo al Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reforma laboral

La Cámara avala la capacidad del acuerdo para revertir la precariedad y la temporalidad del mercado laboral, en una votación en la que no han participado los 15 aforados de UPN

El Pleno del Parlamento ha aprobado, con los votos a favor de PSN, Podemos-Ahal Dugu e I-E, la abstención de Geroa Bai y el voto en contra de EH Bildu, una resolución por la que la Cámara “pone en valor y muestra su apoyo al acuerdo alcanzado en el marco del Diálogo Social que ha conllevado a la aprobación del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo”. Los tres partidos coaligados en el G.P. Navarra Suma se han pronunciado de manera diferente, de modo que los 15 aforados de UPN no han tomado parte en la votación, mientras que los tres de Ciudadanos se han abstenido y los dos del PPN se han posicionado en contra.

 

La resolución aprobada incluye un segundo punto por el que, a su vez, el Legislativo Foral insta al Gobierno de España a “seguir avanzando en el marco del Diálogo Social, a fin de consolidar plenamente un empleo con derechos y de calidad en nuestro país”.

 

Podemos-Ahal Dugu e I-E han presentado una enmienda de adición, no aceptada por el PSN, titular de la iniciativa, tendente a conminar a los grupos políticos del Congreso de los Diputados a que, “desde una actitud propositiva, avancen en una reforma laboral que recupere los derechos perdidos por las y los trabajadores, en aplicación de la reforma laboral del PP en 2012. En particular, en lo relativo a la indemnización por despido, las causas de despido objetivo, los salarios de tramitación y los descuelgues de las empresas de los convenios colectivos sin pacto previo.

 

Tampoco ha sido aceptada una enmienda de modificación de EH Bildu, dirigida a “manifestar que la reforma laboral acordada en Madrid incumple los compromisos para su derogación y no recupera los importantes derechos laborales suprimidos por la reforma laboral del PP en 2012, en materia de estabilidad en el empleo, despidos y negociación colectiva”.

 

A ese respecto, se subrayaba la “importancia de la negociación colectiva” y se llamaba a “garantizar el cumplimiento y la prevalencia aplicativa de los convenios colectivos sectoriales y los acuerdos interprofesionales de Navarra frente a los de ámbito estatal”.

 

Por todo ello, se compelía a “recuperar el control vinculante de la Autoridad Laboral en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo para, entre otros, impedir los despidos basados en la “mera conveniencia empresarial” y “recuperar la indemnización de 45 días por año trabajado”, así como los “salarios de tramitación d ellos despidos improcedentes”.

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. PSN habla de un “acuerdo histórico que, fruto del diálogo, el acuerdo, el pacto y la concertación social, conjuga los intereses empresariales con la mejora de la calidad del empleo y, por tanto, responde a lo previsto en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que cuenta con el respaldo unánime de las instituciones europeas.

 

Así, tras insistir en que se trata del “primer consenso tripartito desde que, en 1980, se aprobara Estatuto de los Trabajadores”, se incide en los grandes objetivos de esta reforma, que pasan por “limitar la temporalidad, frenar los abusos en la subcontratación, reequilibrar las fuerzas en la negociación colectiva y mantener la flexibilidad de las empresas”.

 

Se trata, por tanto, de “fortalecer nuestro modelo de desarrollo económico dotando de mayor competitividad al tejido empresarial y subsanando las brechas sociales, territoriales y de género derivadas de las actuales debilidades del mercado laboral”. Todo ello, según se subraya, “situando en el centro la negociación colectiva, el diálogo entre empresarios y empleados y, sobre todo, la dignificación del trabajo”.

 

A decir del proponente, ese pacto, “fruto de la concertación social, es lo que se precisa para obtener el aval de Bruselas al envío de los fondos Next Generation, absolutamente claves para hacer frente a la recuperación económica y social”.