Publicada el Jeudi, 28 de septembre de 2023

Se insta al Gobierno de Navarra a rechazar el acuerdo entre el Gobierno de España y las Mutuas de Accidentes de Trabajo

La Cámara cuestiona la delegación de la gestión de las enfermedades de los trabajadores, pero no avala la integración de las Mutuas de Accidentes en el Sistema Nacional de Salud

El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, la abstención de UPN y los votos en contra de PPN y Vox, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra y al Departamento de Salud a que “rechacen el acuerdo entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) para delegar en las Mutuas la gestión de las enfermedades comunes de los trabajadores”.

 

El texto debatido incluía un segundo punto, desestimado con los votos en contra de UPN, PPN y Vox y las abstenciones de PSN y Geroa Bai, emplazando al Ejecutivo Foral a “instar al Gobierno del Reino de España a la integración de las Mutuas de Accidentes en el Sistema Nacional de Salud, tal como permite la Disposición Final Tercera de la Ley General de Salud, con el fin de equipararnos al resto de países desarrollados de nuestro entorno”. Sólo EH Bildu y Contigo-Zurekin han votado a favor.

 

En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. EH Bildu pone en cuestión el alcance de un acuerdo que “subvierte la lógica del sistema y pone al personal de la sanidad pública a las órdenes de una empresa privada” que, si el médico de la pública no responde a tiempo a la propuesta de la mutua, queda habilitada para hacerse cargo de todo el proceso (diagnóstico, tratamiento, propuesta de alta del paciente), dejando al profesional de atención primaria fuera del control de esas incapacidades temporales (IT).

 

A juicio del proponente, los convenios para delegar en las Mutuas la gestión de las enfermedades comunes de los trabajadores “suponen un paso más en la privatización del sistema sanitario público”, en este caso “con la excusa de aliviar la carga asistencial, aminorar las listas de espera y reducir la duración innecesaria de los procesos de incapacidad temporal”.

 

Ese “reforzamiento del poder de las mutuas”, según se concluye, responde a una “prevalencia de los criterios economicistas sobre los clínicos”, dando lugar así a un “doble sistema sanitario, uno, con todos los recursos, dirigido a posibilitar altas aceleradas, y otro, depauperado, para el resto de la población”.