El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos a contra de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin y el voto a favor de Vox, una moción para instar al Gobierno de Navarra a “suprimir toda ayuda y beneficio social a los inmigrantes ilegales que han entrado a nuestra nación vulnerando las leyes españolas y comunitarias, a excepción de la asistencia humanitaria urgente que precisen hasta la devolución a sus países de origen”.

La resolución desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se emplazaba al Ejecutivo Foral a “eliminar las subvenciones a asociaciones, organizaciones, fundaciones u oenegés que promuevan o faciliten de cualquier forma la inmigración ilegal y el tráfico de personas”.

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhortaba al Gobierno de Navarra a “tomar todas las medidas necesarias para proceder al cierre de los centros de MENAs que crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos. Todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres, familiares o entorno íntimo a sus países de origen de forma inmediata. Hasta lograr su cierre, procuraremos las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños”.

Asimismo, se conminaba al Gobierno de Navarra a “llevar a cabo las reformas legales necesarias para impedir que ningún inmigrante ilegal pueda cometer un fraude de ley en la tramitación de su expediente de extranjería o petición de asilo”.

Igualmente, se compelía al ejecutivo Foral a “que todas las Administraciones públicas introduzcan explícitamente en las bases de toda subvención destinada a personas físicas el requisito de residencia legal y no de mero empadronamiento para poder ser beneficiario de las mismas”.

Paralelamente, se urgía al Gobierno de Navarra a “incluir, con carácter general, el acceso prioritario de españoles a ayudas sociales públicas y prestaciones de dependencia”.

Por otra parte, se apremiaba al Ejecutivo Foral a “oponerse, desde las Administraciones regionales, a la reubicación en el territorio regional de cualquier inmigrante que haya entrado ilegal o irregularmente en territorio nacional y queno  haya solicitado protección internacional de ningún tipo”.

Finalmente, se comprometía al Gobierno de Navarra a “pponer todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada a la reubicación de inmigrantes ilegales a nuestra región”.

En la exposición de motivos, la moción impulsada por la A.P.F. Vox observa un “modelo de inmigración descontrolada”, al que responsabiliza de “poner en riesgo el futuro, el bienestar y la prosperidad de los navarros, además del incremento de la inseguridad”.

En ese marco, pero en lo relativo a la Comunidad Foral, donde el número de personas migrantes es de “125.558 sobre una población total de 676.699 (18,55 %)”, el proponente reclama una “inmigración legal, controlada, adaptada a las necesidades de Navarra y con capacidad y voluntad de adaptación”.

• www.parlamentodenavarra.es
• Publicación de la moción (BOPN, n.º 61, de 30-04-2024)
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