Publicada el Jeudi, 16 de mai de 2024

Rechazada una moción de Vox para instar al Gobierno de España a actualizar la normativa reguladora de la seguridad privada

El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PPN y Contigo-Zurekin y el voto a favor de Vox, una moción por la que se insta al Gobierno de España a “actualizar y adecuar la normativa reguladora de la seguridad privada (principalmente del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada), con el objetivo de conseguir la debida dignificación de este sector y la mejora del cumplimiento de su función”.

 

Dicha adecuación, según se precisaba, debería de ser “jurídica, de su estatus profesional, mediante el reconocimiento inequívoco de la condición de agente de la autoridad”. Como en los dos puntos siguientes, UPN, PPN y Vox han votado a favor.

 

En el plano material, tendría que materializarse “mediante la dotación de los necesarios medios de defensa, acordes al riesgo al que han de hacer frente, y su regulación actualizada; y mediante la previsión normativa del trabajo de los vigilantes en binomio, en función de los riesgos de la empresa y niveles de seguridad existente. En ella deberá abordarse la obligatoriedad del uso de guantes y chaleco anticorte y anti trauma; e incluso para los servicios de mayor peligrosidad, el estudio de la necesidad de que dicho chaleco sea antibala, y de la dotación de equipos de protección y medios defensivos no letales (como el espray de defensa y arma de electrochoque, tipo la pistola eléctrica Tasser), estando dotados en los demás casos de defensa más larga que la actual”.

 

En el ámbito laboral, buscaría “evitar y poner fin a situaciones de incumplimiento, abuso o fraude a la normativa aplicable: entre otras, en materia de horas extraordinarias, con la superación de sus límites máximos; en la falta de desarrollo de una normativa en materia de prevención de riesgos laborales que contemple los riesgos específicos de los vigilantes de seguridad privada, así como la vigilancia más efectiva de su cumplimiento (estableciendo como deber de las empresas la obligación facilitar el material correspondiente de defensa a sus trabajadores); así como respecto al intrusismo profesional llevado a cabo por personas que prestan estos servicios sin tener la condición de verdaderos vigilantes de seguridad habilitados”.

 

En la esfera formativa del personal de seguridad, tanto básica como continuada, debería acometerse, según se precisaba, “mediante el establecimiento de una formación reglada y especializada de grado medio a nivel nacional, y de una formación continua anual, superior a la insuficiente actual.

 

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, en materia de contratación pública, se emplazaba al Ejecutivo central a “velar para que las empresas de seguridad que hayan sido condenadas en sentencia judicial o resolución administrativa por incumplimiento de obligaciones, entre las que se encuentren las de no encontrase al corriente de sus pagos con Hacienda o la Seguridad Social, no estén habilitadas para concurrir a licitaciones públicas y por ello a contratar con las Administraciones públicas de Navarra, impulsando las reformas normativas necesarias al respecto”.

 

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se apremiaba al Gobierno de España a “garantizar debidamente la correcta prestación de los servicios de seguridad privada, su viabilidad, estado de la adjudicación, en su caso, y comprobación de las credenciales de la empresa adjudicataria”.

 

Por último, se compelía al Ejecutivo de la nación a “establecer un plan de formación continuada anual del personal de seguridad privada”.

 

En la exposición de motivos, la moción impulsada por la A.P.F. Vox llama a “dignificar” el ejercicio de una profesión que, “en colaboración con las fuerzas de orden público, contribuye a mejorar la seguridad ciudadana”, razón por la que, a la vista del “riesgo que corre tanto su integridad física como su estatus profesional y laboral”, requiere de una reformulación, una mejor retribución y un mayor respeto a la normativa que lo regula”.