El Parlamento de Navarra ha acogido hoy, víspera del Día Mundial de las Personas Refugiadas, la presentación del Informe Anual del Comité Español de Ayuda al Refugiado, un documento que, según ha explicado CEAR, sitúa a España a la cola de la Unión Europea en cuanto a tasa de reconocimiento de asilo.

 

En un año en el que siguen aumentando las necesidades de protección en todo el mundo España retrocede cuatro puntos y resuelve favorablemente apenas el 12% de las solicitudes, 30 puntos por debajo de la media europea (42%), cuya tasa de resolución ha mejorado tres puntos, tal y como apunta el informe de CEAR.

 

En función de los últimos datos de ACNUR, ese retroceso contrasta con el actual contexto internacional, en el que las guerras, la violencia y las amenazas han provocado un nuevo récord de 120 millones de personas desplazadas forzosamente en el mundo.

 

A conflictos enquistados como los de Ucrania, Siria, Afganistán o Sudán, se unen dos nuevas grandes emergencias humanitarias, el genocidio en Gaza y la creciente inestabilidad sociopolítica en Senegal y los países del Sahel, que está provocando un aumento considerable de las llegadas a Canarias.

 

En ese escenario de tensiones geopolíticas e inseguridad global, Unai Hualde se ha referido al Pacto sobre Migración y Asilo que, con el fin de aliviar la carga de los países europeos que más inmigrantes reciben, acaba de aprobar el Consejo de la UE, y lo ha hecho para clamar por una “humanización de las políticas de inmigración, algo en lo que el Gobierno de Navarra viene trabajando en los últimos años”.

 

“Hay que terminar con la desconfianza hacia los que llegan. La puesta debería ser por una integración efectiva y, de manera complementaria, por una verdadera cooperación al desarrollo en los países de origen. Hay que otorgar un mayor reconocimiento al papel de ciudades y regiones”, ha indicado el Presidente del Parlamento de Navarra.

 

Al hilo de lo apuntado y abundando en los objetivos de la reforma del Pacto de Migración y Asilo, Unai Hualde ha subrayado la pretensión de “evitar soluciones unilaterales para, introduciendo mecanismos de solidaridad en la atención de emergencias, avanzar hacia la corresponsabilidad en materia de acogida. No podemos deshumanizar a las personas, sean de donde sean”.

 

A modo de colofón, el Presidente ha concluido agradeciendo el trabajo de CEAR en su afán de “acercar la realidad de la persona refugiada”, e insistiendo en la necesidad de “acabar con la invasión de Ucrania, ayudar al pueblo palestino y terminar con la barbarie que el Gobierno israelí está llevando a cabo en Palestina. Todo se resume en la defensa de los derechos humanos, tal y como hemos podido comprobar de primera mano en los campamentos de Tindouf y a través de distintas iniciativas y exposiciones que, como la de Wiphala, tienen lugar en la sede de la Cámara”.

 

Con respecto a la situación en Gaza, Idoya Oneca, coordinadora en CEAR, ha recordado que hasta la fecha más de 1,7 millones de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares, siendo la mayoría de ellas ya refugiadas anteriormente. Se están traspasando todas las líneas rojas del derecho internacional. Es necesario conseguir una paz justa y duradera que garantice el derecho al retorno”.

 

En ese marco, Oneca ha afirmado que “el 70% de las llegadas a España se concentraron en la ruta hacia Canarias (un total de 39.910 personas). Este drástico repunte migratorio desencadenó una situación de emergencia humanitaria sin precedentes desde la llamada ‘crisis de los cayucos’ de 2006. En los primeros cinco meses de este año se ha mantenido el ritmo de las llegadas, especialmente de personas que proceden de Senegal”.

 

Además, Oneca ha destacado la presencia de cada vez más mujeres y niños y niñas sin referentes familiares, para lo que “el sistema de protección de las islas no está preparado”, En respuesta, el Gobierno de Canarias ha llegado recientemente a un acuerdo con el Gobierno central para tramitar la modificación de la Ley de extranjería y articular un sistema de reparto de la acogida de menores.

 

Desde CEAR se destaca que la respuesta estatal frente a la situación humanitaria fue rápida. Se activaron medidas extraordinarias como la declaración de emergencia y la apertura de nuevas plazas de acogida en la península, con la implementación de grandes Centros de Acogida de Emergencia (CAED).

 

Esta respuesta evitó que se repitieran situaciones de hacinamiento como las que se dieron en 2021 en el muelle de Arguineguín. “Cada vez son más frecuentes estas situaciones de grandes llegadas, y es necesario contar con una estructura estable de acogida, tanto en las islas como en Península, que dé respuesta a las cada vez más frecuentes situaciones de grandes llegadas”, ha corroborado Idoya Oneca.

 

Sin embargo, Oneca ha denunciado que, en términos de acogida, la respuesta no fue equiparable a la dada frente a la emergencia de Ucrania. “Las dificultades para obtener citas para iniciar el procedimiento protección, junto con las limitaciones en los tiempos de estancia en plazas de atención humanitaria, dejan a algunas personas en situación de desprotección y en riesgo de exclusión social”.

 

En su informe, CEAR también analiza las consecuencias “devastadoras” que tendrá el reciente Pacto Europeo sobre Migración y Asilo en el derecho de asilo, en el conjunto de los derechos humanos y en la vida de las personas. Un acuerdo que “refuerza el control de las fronteras y se centra en impedir que las personas lleguen, expulsándolas lo más rápido posible y sin apostar suficientemente por vías legales y seguras”.

 

Así las cosas, CEAR hace un llamamiento a la ciudadanía y a organizaciones de la sociedad civil para que “exijan al Gobierno español que implemente el Pacto de forma garantista, con el objetivo minimizar los riesgos y garantizar los máximos estándares de protección”. En ese sentido, se hace constar que el resultado de las elecciones europeas es “preocupante, porque refuerza a los partidos que amenazan gravemente el derecho de asilo”.

 

Durante 2023, han aumentado un 37% las solicitudes de Protección Internacional en España respecto a 2022. En Navarra, se ha pasado de 900, el año pasado, a 2171.

 

CEAR ha aludido también a la “persistencia de los problemas crónicos” con las citas previas para solicitar asilo, lo que provoca que las personas queden en situación de “total desprotección y en un limbo legal. En Navarra, las citas se solicitan por la web y su consecución es aleatoria. Hay gente que tarda más de 2 meses en conseguirla. Sin esa cita no puedan entrar en el Programa de Acogida para personas solicitantes de Protección Internacional".

 

En Navarra hay 490 plazas, de las cuales 100 son de primera acogida y el resto de acogida temporal. De estas últimas, CEAR gestiona 122.

 

Por último, Ainara Iribarren, responsable de acogida de CEAR, ha explicado las dificultades para que las personas migrantes y refugiadas accedan a derechos básicos como el empadronamiento y la vivienda, el empleo. Una situación que se agrava por el “auge de la discriminación racial, la falta de reconocimiento de la documentación de solicitantes de asilo y la baja tasa de reconocimiento de protección internacional”.

 

Al acto han asistido, entre otros, Iñaki Iriarte (G.P. UPN), Olga Chueca (G.P. PSN), Javier Arza (G.P. EH Bildu), Isabel Aranburu (G.P. Geroa Bai), Maribel García Malo (G.P. PPN) y Miguel Garrido (G.P. Contigo-Zurekin), además de Begoña Alfaro, Vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra.