Publicada el Jeudi, 16 de avril de 2026

El Parlamento rechaza instar a los gobiernos de España y Navarra a centralizar en el Sistema Nacional de Protección Civil la respuesta a la prevención y extinción de incendios

El Pleno del Parlamento ha rechazado hoy, con los votos en contra de PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y no adscrita, la abstención de UPN y los votos a favor de PPN, Grupo Mixto, una moción para instar a los gobiernos de España y Navarra a “una respuesta conjunta para prevenir y responder ante los incendios, en el marco de un Sistema Nacional de Protección Civil, que sirva para vertebrar de forma unitaria la respuesta ante estas catástrofes; destinando para ello los fondos necesarios y una planificación nacional que permita una buena coordinación entre todas las administraciones implicadas”.

 

La moción desestimada incluía un segundo punto en el que, a su vez, se emplazaba a los ejecutivos central y Foral a “unificar el régimen de personal y protocolos de actuación que permita coordinar el trabajo de todos de los cuerpos de protección civil y bomberos, garantice la coordinación de todos los medios disponibles con independencia de su vinculación local, autonómica o estatal, y equiparar la importancia de los trabajos de prevención propios del invierno con los trabajos de extinción propios del verano para favorecer una lucha integral contra los incendios”.

 

Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se exhortaba a los gobiernos de España y Navarra a “dotar a los bomberos y servicios de emergencia de medios materiales, tecnológicos y humanos suficientes para garantizar una respuesta eficaz y segura”.

 

Asimismo, se conminaba a los ejecutivos central y Foral a “fomentar los métodos tradicionales como el pastoreo de la ganadería extensiva, la realización de cortafuegos, la limpieza de montes, el desbroce o la recogida de leña, que durante siglos mantuvieron limpios nuestros bosques y contribuyeron a reducir el impacto de los incendios forestales en nuestro medio natural”.

 

En ese contexto, se compelía a los gobiernos de Navarra y España a “promover la inversión e incorporación de tecnologías emergentes en materia de prevención y lucha contra incendios, como complemento a los métodos tradicionales”.

 

Además, se invitaba a los Ejecutivo Foral y central a “impulsar un Plan Nacional del Agua que permita la interconexión de las cuencas, modernice infraestructuras hídricas, fomente la construcción de nuevos embalses y garantice la limpieza de cauces que ayudan a prevenir los incendios”.

 

Al hilo de lo apuntado, se planteaba a los gobiernos de Navarra y España a “endurecer las penas previstas en el artículo 352 del Código Penal para quienes provoquen incendios sobre montes o masas forestales en territorio nacional”.

 

Por otra parte, se animaba a los ejecutivos de Navarra y España a “elaborar un inventario de infraestructuras y barreras fluviales existentes que puedan tener un uso, potencial o reconocido, destinado a la extinción de incendios con el fin de ejecutar las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de estas infraestructuras al objeto de impedir su destrucción o estado de deterioro”.

 

A ese respecto, se propugnaba que los ejecutivos central y Foral fomentasen la “cooperación entre universidades, centros de investigación y autoridades de protección civil en materia de incendios para la creación de nuevas herramientas digitales que permitan mejorar la respuesta ante incendios”.

 

Por último, se pedía a los gobiernos de España y Navarra “reconocer y reforzar el papel estratégico que desempeñan nuestros agricultores y ganaderos en la fijación de la población y el crecimiento económico en la España rural abandonada, la seguridad alimentaria a través de la producción de productos agroalimentarios de máxima calidad, la soberanía alimentaria de nuestra nación y la prevención de incendios en nuestros montes”.

 

En la exposición de motivos, el Grupo Mixto entendía que, dada la magnitud de las olas de incendios de los últimos veranos, resulta aconsejable “abandonar un modelo centrado casi exclusivamente en la extinción, para avanzar hacia una política integral de prevención, gestión activa del monte y vertebración territorial”.

 

A ese respecto, se abogaba por “promover un marco jurídico que favorezca la recuperación de actividades tradicionales como la ganadería extensiva, el aprovechamiento forestal y la conservación de infraestructuras hídricas”, al considerar que se trata de medidas que “no solo contribuyen a la prevención de incendios, sino que favorecen la fijación de población en el medio rural, la soberanía alimentaria y la cohesión territorial de España”.

 

Por otra parte y en alusión a la centralización de los trabajos relacionados con la prevención y extinción de incendios, se apuntaba que, puesto que “las catástrofes naturales no entienden de las artificiales fronteras autonómicas”, sería oportuno localizar en el Sistema Nacional de Protección Civil la respuesta a un problema que reclama “mayor coordinación y eficacia operativa”.